La guerra está declarada. La intención del Gobierno es achicar el gasto del armador, y los sindicatos prometen defender a capa y espada el statu quo. La Tecla accedió a la denuncia penal realizada por el presidente de la empresa, con acusaciones de desvío de fondos, contrataciones dirigidas, y distintas maniobras que presuntamente benefician al la seccional Ensenada de ATE. También se denunció un régimen que beneficia a trabajadores mientras tramitan su jubilación.

El presidente del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila denunció “administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la Provincia de Buenos Aires”, e inició una causa penal en la cual solicita que “se proceda a la individualización de cada uno de los autores, coautores, participes necesarios, participes secundarios y/o encubridores” del presunto delito.

En la denuncia, Capdevila sostiene que hay “administración dolosa” y asegura que ha “tomado conocimiento de la existencia de gravísimas maniobras ejecutadas dentro de mi presidida y en su perjuicio y, por ende, del estado provincial y erario público”.

En ese sentido, el funcionario apunta a “actos administrativos irregulares”, destinados a desviar importantes sumas de dinero “en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas”.

Daniel Capdevila

También se denuncian otras presuntas irregularidades, tales como “vehículos utilizados a nombre de otras personas; viviendas suntuosas no acordes a ingresos, aportes de campaña a partidos políticos -en el caso al Frente para la Victoria-, proveedores ligados a empleados, etc”.

Para reafirmar las acusaciones, la denuncia acusa a ATE seccional Ensenada de haber percibido erogaciones en su favor “efectuadas sin respaldo legal alguno en el año 2015”. Se respalda en un fallo del Tribunal de Cuentas en el que se detectaron “graves anomalías en relación con pagos efectuados a ATE, Seccional Ensenada, en exceso a los aportes retenidos”.

El total de las diferencias detectadas en su momento por el Tribunal de Cuentas, según consta en la denuncia, es de 18.560.000 pesos, con el siguiente desglose de días y montos:

1-   04/02/2015 $ 700.000.-
2-   11/03/2015 $ 700.000.-
3-   16/04/2015 $ 1.250.000.-
4-   08/05/2015 $ 1.250.000.-
5-   10/06/2015 $ 1.250.000.-
6-   03/07/2015 $ 580.000.-
7-   09/07/2015 $ 1.250.000.-
8-   05/08/2015 $ 1.830.000.-
9-   04/09/2015 $ 1.830.000.-
10-   07/10/2015 $ 1.830.000.-
11-   05/11/2015 $ 1.830.000.-
12-   09/12/2015 $ 1.830.000.-
13-   18/12/2015 $ 600.000.-
14-   31/12/2015 $ 1.830.000.-

También se denuncian erogaciones en favor del mismo gremio “sin respaldo legal alguno en el año 2014”, por el mismo motivo de “los aportes retenidos” en ese mismo año. En este caso, el total es por 701.920 pesos, con el siguiente detalle:

1-   07/05/2014 $ 50.000.-
2-   12/06/2014 $ 100.000.-
3-   07/07/2014 $ 100.000.-
4-   05/08/2014 $ 131.920.-
5-   06/10/2014 $ 80.000.-
6-   10/11/2014 $ 80.000.-
7-   05/12/2014 $ 80.000.-
8-   31/12/2014 $ 80.000.-

En la denuncia, Capdevila aduce una “ilegal omisión de retener porcentuales de sumas correspondiente al Impuesto a las Ganancias de trabajadores del Astillero”. Hace referencia a que también el Tribunal de Cuentas de la Provincia detectó “graves anomalías en el pago efectuado a la AFIP en el marco de un Plan de Pagos sobre impuesto a las ganancias, beneficiando a los trabajadores en detrimento del patrimonio del Astillero, responsable del pago en su carácter de agente de retención”.

En cuanto a las presuntas “irregularidades en contrataciones en detrimento del patrimonio del Astillero”, la denuncia aduce que hay “sospechosas contrataciones” en favor de empresas que estarían vinculadas a ATE “o con algunos de sus principales directivos o referentes”.

En este caso, se menciona que ATE “ejercía el control administrativo del Astillero a través de los ex gerentes”, y que intervenía en todos los temas de la empresa a través de los cuadros medios “utilizando la intimidación y coacción a todo aquel que no siguiera sus lineamientos”. Hace referencia a que la seguridad del predio es dirigida por “el cuñado de Octavio Flamini, mano derecha de Francisco Banegas, Secretario General de ATE, Seccional Ensenada”.

ATE y los trabajadores realizaron el viernes una marcha de antorchas

La denuncia habla de irregularidades en la contratación del servicio de comedor, concesionado a ATE, pero con el aporte del Astillero en cuanto al personal que trabaja en el mismo. El gremio percibe 4.294.851 pesos por mes para el refrigerio de los trabajadores aportando, siempre según la denuncia, solamente los insumos alimentarios. El dinero se descuenta del sueldo de los trabajadores.

En otro punto de la presentación judicial, la autoridad máxima de la empresa consigna que se encontraron irregularidades en el régimen de dispensados. En ese sentido, la denuncia consigna que “el Jefe de Prestaciones. Fernando Valdez, y Carlos Maduri, Gerente de Relaciones Institucionales, con la complicidad del Secretario General de ATE, pergeñaron esta maniobra irregular consistente en simular una figura para abonar el sueldo a quien, en la práctica, se autorizó a no prestar tareas”.

La dispensa es un régimen exclusivo del armador por la cual se le permite al trabajador no asistir a prestar tareas mientras tramita su jubilación.

De acuerdo a lo denunciado, hay 110 empleados que se encuentran alcanzados por este régimen de excepción, que costarían “un monto estimado de fondos del Astillero desviados irregularmente a favor de los trabajadores dispensados de $ 100.000.000, aproximadamente”.

En la denuncia también se apunta a que el vínculo con “las empresas Whitesea y Abadía del Mar, ambos con el mismo representante, son otro claro ejemplo de la administración infiel y dolosa”. Ambas compañías habrían sido acercadas por el gremio. Figuran varias contrataciones con esas dos empresas, con varios incumplimientos de los contratos, pese a los cuales los vínculos nunca se cortaron.

En otro punto de la extensa presentación de Capdevila, se denuncia la falta de contratos para construcciones menores, que fueron realizadas por designación directa no habiendo cumplimentado lo dispuesto en el artículo 5 del decreto 1788/93, acerca del régimen contractual dentro de la Zona Franca. Se denuncia en este caso “subvaluación” de los trabajos

Para justificar la acusación, Capdevila adjuntó seis casos, mencionando la no existencia de contratos y consignando cliente, proyecto, presupuesto “sin firma ni aceptación formal”, número de obra, fecha de inicio, y quien intervino por parte del Astillero, entre otros detalles.

“La conducta de los denunciados ha acarreado a mi presidida graves perjuicios económicos, algunos claramente evidenciados y detallados, y otros que se irán descubriendo a lo largo de la instrucción”, dice Capdevila.

La denuncia está reealizada y es una avanzada más de final incierto que recién comienza. Otro de los capítulos se jugó esta misma noche de domingo en el programa PPT de Jorge lanata en Canal 13.

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