Ya pasaron dos semanas de la quita de la certificación de seguridad internacional. “La situación de policía intrapuerto es un gran defecto”; señalaron desde el gremio de estibadores. Mientras las voces críticas a su gestión se multiplican, Martín Merlini llamó a concurso para la explotación de terrenos del puerto a precios irrisorios.

La inoperancia de Merlini mantiene al Puerto de Mar del Plata en una incógnita

La noticia de la no renovación de la certificación de la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias del Puerto (PBIP) cayó como un baldazo de agua fría. Y desde ese entonces la pregunta de cómo no se invirtió en las obras necesarias, muchas de ellas de escaso presupuesto, puso al presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Martín Merlini, contra las cuerdas.

Desde el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) aseguraron a La Tecla Mar del Plata (www.lateclamardelplata.com.ar) que la disposición de Prefectura Naval Argentina se veía venir. “Constantemente se viene denunciando la poca seguridad que hay en los ingresos del puerto”, sostuvo su abogado, Néstor Fernando Herrera. “Es evidente que la situación de policía intrapuerto es un defecto y lo único que ha hecho Prefectura es hacerlo oficial”, remarcó el letrado.

Sobre las declaraciones de Merlini restándole importancia a la perdida de certificación ya que el puerto seguía “100% operativo”, Herrera fue tajante. “Una cosa es la operatividad comercial y otra la seguridad interna. Las podés considerar de forma independiente, pero nadie puede trabajar tranquilo cuando es un puerto inseguro, cuando ingresan y egresan en las barreras gente sin credencial, y eso ha producido que se hagan falsos conflictos laborales con personas que no están autorizadas por el sindicato, y aparecen cortando alguna calle, o parando una planta gente que ni siquiera está sindicalizada. Esto se produce porque en las barreras no se controlan los plásticos –credenciales- de los trabajadores ni que las empresas tengan validadas las certificaciones”, aseguró.

Contactado por este medio, Merlini se excusó de responder debido a su cargada agenda. En ella seguramente está una de las últimas novedades del Boletín Oficial bonaerense, donde hoy se publicó el llamado a concurso público para ocupar un predio que el puerto tiene en el cruce de las avenidas Prefectura Argentina y Dorrego.

Se trata de un predio de 5.657 mt2, es decir poco más de media hectárea, conformado por un área de 4.000 mt2 apta para la construcción y de 1.600 para estacionamiento. El precio es irrisorio por donde se lo mire para un terreno de esas dimensiones y ubicado en una zona estratégica: tan sólo un canón de 60 mil pesos mensuales.

En cuanto a la finalidad del proyecto, el decreto firmado por Merlini plantea que “podrán desarrollarse actividades que tengan relación directa a la actividad portuaria u otras a consideración del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata”. Es decir, un cheque en blanco, aunque con la exclusión de “la actividad gastronómica”.

El terreno llevado a concurso público se encuentra en una zona estratégica.

Una administración deficiente

Respecto a la integralidad de la gestión, Herrera dio cuenta de un sombrío panorama general que habla a las claras de la inoperancia de la gestión Merlini.

“En esta temporada el Sindicato y todos los trabajadores hicieron un planteo formal al Consorcio por el retiro de distintos barcos de la ciudad a los puertos del sur – Puerto Deseado y Puerto Madryn, principalmente-, se hizo un planteo para que el Consorcio en conjunto con la provincia y Nación tomaran algún tipo de iniciativa para lograr que esos barcos regresen a la ciudad con algún tipo de política comercial que permita q esos barcos con asiento en Mar del Plata hagan sus descargas en la ciudad, cosa que no ha sido lograda”, destacó el representante legal del SUPA.

Producto de esta situación, se generó “un 30% de desempleo este año por la merma del trabajo”, además que “tampoco se trajo a Mar del Plata los subsidios que se daban a la gente de la estiva”, lo que “produce un serio conflicto en los intereses en las familias del puerto”.

Asimismo, Herrera cuestionó el sistema de contrataciones por el que “hay constantemente diversos inconvenientes, tanto para el sector empresario como el laboral. Esto fue motivo de discusión la semana pasado, cuando hubo un paro de algunas horas”.

En tanto, remarcó la inacción de parte del Consorcio ante la problemática que acarrea la alta tasa de litigiosidad existente en el puerto. “La alta conflictividad en la industria del juicio viene siendo denunciada por el sindicato, es algo que en lo que el Consorcio no ha tomado ningún tipo de política institucional al respecto”. El problema que genera es que “los empresario no tienen confianza en los sectores de trabajo de la ciudad y van a otras ciudades para hacer sus descargas”, dado que “las ART encarecen sus costos y en Mar del Plata cobran cerca del 20% el sueldo para dar cobertura”.

Finalmente, sobre la falta de obras, el abogado del SUPA destacó que “la mayor obra faltante de infraestructura es la de los silos y ampliar el espacio portuario. El puerto necesita espacio y no se están generando, hay falta de inversión en la ciudad”

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