El intendente de Chascomús, Javier Gastón, firmó el decreto que prohibe el uso de fuegos artificiales. Se suma a otros distritos que dictaron normas similares, algunas de las cuales acabaron en la Justicia. Se busca evitar riesgos materiales y humanos a "personas con hipoacusia, autismo y cuidar los animales".

Con el objetivo de "preservar la tranquilidad, salud, seguridad y el bienestar de las personas y animales", el municipio de Chascomús se sumó a la prohibición de utilizar pirotencia, siguiendo los pasos que ya instrumentaron otros distritos, como La Costa o General Alvarado.

La prohibición, concretada luego de que el intendente Javier Gastón firmase el decreto correspondiente, apunta a "evitar riesgos materiales y humanos, molestias a personas con hipoacusia, autismo y cuidar a los animales", señala el texto.

El Decreto Nº 972 promulgando la Ordenanza Nº 5162, determina la prohibición de almacenar, poseer, transportar y comercializar productos de artificio pirotécnicos. “Tenemos que tomar conciencia de los riesgos innecesarios que se corren en distintos aspectos y fundamentalmente debemos ser más solidarios y ponernos en el lugar de las personas a quienes afecta más de cerca la utilización de pirotecnia”, afirmó el jefe comunal vecinalista, enrolado en las filas de 1País.

Gastón añadió a Entrelíneas que “esta actividad produce un impacto negativo sobre el ambiente, los animales, los bienes particulares, y a su vez, su manipulación presenta serios riesgos que pone en peligro a quienes la utilizan, especialmente a los niños”.

Javier Gastón.

Disposiciones como las tomadas por el municipios chascomusense generaron conflictos legales, como informó La Tecla, recordándose el que enfrentó el intendente Juan Pablo de Jesús, de La Costa, o el de Miramar, que acabó con la judicialización del caso.

En el caso de General Alvarado, la Suprema Corte provincial declaró inconstitucional la ordenanza sancionada en 2015, dándole la razón a la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), en un revés para la posición del intendente Germán Di Cesare.

En su argumentación, el máximo órgano de justicia bonaerense hizo hincapié en la violación del derecho al comercio, además de lo normado a nivel nacional.

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