8 de diciembre de 2018
AUSUR
La ruta a un nuevo costo municipal
Una concesionaria vial anuló los contratos por servicios de emergencias médicas ante accidentes y ahora los municipios deben hacerse cargo. Un distrito ya fue a la Justicia. Temor por que se extienda a toda la Provincia
Tras pelear para que el Presupuesto provincial no les adosara obligaciones económicas que iban a ser difíciles de afrontar, los municipios bonaerenses parecen no alcanzar la paz en este fin de año. Es que en las últimas horas apareció una nueva responsabilidad, que por ahora alcanzó a algunas comunas pero que amenaza con impactar en todo el territorio.
La flamante concesionaria vial AUSUR S.A., a cargo desde agosto de la explotación de las autopistas Riccheri y Ezeiza - Cañuelas, y las rutas nacionales n° 3 y n° 205, empezó a dar de baja unilateralmente el vínculo contractual con las empresas privadas, instituciones públicas y municipios que prestaban el servicio de emergencia médica en casos de accidentes en algunas de esas carreteras.
La decisión, con fundamentos aún poco claros, obliga a los municipios atravesados por la traza de esos caminos a hacerse cargo, con ambulancias, médicos y hospitales propios, de la asistencia sanitaria sobre las rutas sin ninguna remuneración a cambio.
La novedad pegó de lleno en varias localidades de la región, en especial en el distrito de Cañuelas, por donde pasan todas las carreteras que explota AUSUR.
“Es una decisión que pone en peligro la vida de las personas y las posibilidades reales de prestar el servicio por parte de cualquier municipio”, asegura a La Tecla el intendente, Gustavo Arrieta, y recuerda que se enteraron de la noticia luego de que la concesionaria informara, por mail, a la empresa privada AYMED, que prestaba el servicio de emergencia desde 1994, que a partir del 1 de diciembre del 2018 se terminaba el contrato.
Al caso de Cañuelas se sumaron otros, como Ezeiza y Lobos, atravesados por rutas en manos de AUSUR. El primero mantenía un convenio de prestación con personal médico del Municipio a cambio de un pago men-sual, que fue cancelado semanas atrás, según informaron en la comuna que gobierna Alejandro Granados. En tanto, en Lobos, intendencia conducida por Jorge Echeverry, el acuerdo era con el departamento de Bomberos Voluntarios local.
“Estaríamos absorbiendo y subsidiando una obligación de la empresa que presta el servicio de peajes, para asegurarle y multiplicarle la rentabilidad”, cuestiona Arrieta. El alcalde no se quedó cruzado de brazos: mandó carta documento a la firma y presentó en la Justicia un pedido de declaración de certeza para que la concesionaria se haga cargo de la cobertura de emergencias. La presentación, a la que accedió La Tecla, recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón.
“Mantenemos un espíritu de colaboración y ayuda, pero no la cobertura del 100% del servicio que por pliego le corresponde contratar a AUSUR S.A.”, señala el recurso.
Empero, en el área Legales de la concesionaria, no opinan igual. Afirman estar habilitados para cancelar los contratos, y que a las emergencias las deben atender los efectores de salud de los municipios. Los letrados de AUSUR dejaron trascender, aunque no claramente, que el contrato de la nueva concesión se realizó bajo el régimen de la ley de Participación Público Privada (PPP) y que el “Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares” no obliga a la concesionaria a la cobertura médica, como sí lo hacía el reglamento anterior de explotación de corredores viales.
“Desconozco absolutamente si hay una cláusula que dé de baja los pliegos originales de concesión en las iniciativas público privadas, y no hemos visto nada que tenga la suficiente firmeza como para impulsar semejante tipo de decisión”, replica Arrieta, y agrega que un cambio así “no registra antecedentes en más de cuarenta años de concesión de corredores viales”.
Lo concreto es que el caso que ya afecta a un puñado de municipios amenaza con llegar a toda la extensión bonaerense, ya que hay otras cinco empresas a las que, conjuntamente con AUSUR, se les adjudicaron, mediante la ley PPP, corredores viales que cortan la Provincia.
Además, como si el nuevo gasto fuera poco, hay quienes advierten que si el Municipio se hace cargo de la cobertura de las emergencias dentro de las rutas concesionadas, los intendentes podrían tener problemas legales. “Un funcionario que utiliza las tasas de los vecinos para subsidiar a una empresa privada de servicio concesionado estaría direccionando fondos que le están dando, y podría caberle una sanción del Tribunal de Cuentas”, explica un jefe comunal, que pide reserva de identidad, sobre el conflicto que ya supera el plano de lo económico y amenaza con terminar en una pelea legal.
En el medio de la disputa que promete varios capítulos, los usuarios de las autopistas Riccheri y Ezeiza - Cañuelas, y de las rutas nacionales n° 3 y n° 205 quedaron librados, ante accidentes, a la suerte de la capacidad operativa, de infraestructura y recursos humanos de cada municipio para atender la gravedad de cada caso.
“Es malo para cualquier distrito”
Gustavo Arrieta, el intendente del municipio de Cañuelas, uno de los grandes afectados, está molesto con la medida que tomó la empresa AUSUR S.A. Primero, porque no le avisaron y se enteró del cambio por un tercero. Y segundo, porque deberá enfrentar un nuevo gasto que, asegura, no puede encarar.
“Es malo si pasa en cualquier distrito, pero Cañuelas está en el centro de uno de los nudos viales más importante de la provincia de Buenos Aires”, afirma el jefe comunal. Y agrega que las carreteras que pasan por la localidad tienen “alta siniestralidad y mucho flujo automotor. Es una decisión que pone en peligro la vida de las personas y las posibilidades reales de prestar el servicio por parte de cualquier municipio”.
Además, el alcalde manda un mensaje para los vecinos de la ciudad: “Si sos contribuyente de Cañuelas, no tolerarías que aumentaran las tasas para multiplicar la rentabilidad de una empresa de peajes”.
Arrieta confía en “un camino de diálogo y de razonabilidad”, pero advierte que “vamos a defender los intereses de nuestra ciudad, y en todos los municipios va a suceder lo mismo”.
Por eso actuó legalmente: “Hemos enviado una carta documento a la concesionaria AUSUR porque no nos hemos podido comunicar con nadie; parece ser una empresa a la que es difícil llegar, y hemos hecho una presentación judicial en resguardo de la vida de las personas y de la comunidad de Cañuelas ante el juzgado, y esperamos una respuesta los próximos días”. El intendente peronista pone en duda que “una situación de estas características tenga algún antecedente en el mundo civilizado”, y asegura que su distrito “no está en condiciones” de atender las emergencias en las rutas.