En defensa del más fuerte
Mientras las multas se apilan en las cooperativas, las grandes compañías son apenas intimadas. El organismo de control de las empresas de energía se desentiende y responsabiliza a “los de arriba”.
En las oficinas del Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA) rige el mundo del revés. Mientras las grandes distribuidoras se llenan los bolsillos con tarifas impagables, las pequeñas cooperativas son sancionadas con abultadas multas que ponen en jaque la continuidad de su funcionamiento.
Si bien fue creado en 2004 durante la gestión de Felipe Solá, el ente tomó mayor protagonismo desde el inicio del gobierno de Cambiemos, a partir del abrupto aumento que despertó innumerables quejas de los usuarios por la ineficiente prestación del servicio. Los miles de bonaerenses se enfrentan día a día con el avasallante poder de las grandes compañías que, como publicó La Tecla, se encuentran en manos de un solo hombre: Luis Rogelio Pagano.
El exmiembro del directorio de Edenor adquirió en 2017 Edelap y Edea, por 250 millones de dólares, a Alejandro Macfarlane. El empresario, cercano al presidente Mauricio Macri, también es propietario de Eden y Edes. Con Pagano debe mediar OCEBA para hacer cumplir los contratos y la calidad en la prestación del servicio. Pero no sólo con él.
El organismo de control, además, interviene frente a casi 200 distribuidores con concesión municipal bajo la forma de cooperativa o sociedad de economía mixta, en todo el interior bonaerense. El directorio está conformado por cinco miembros: presidente, vicepresidente y tres vocales que, en su mayoría, provienen del mundo político y no tienen especialidad en la materia.
Ellos son quienes se encargan de aplicar sanciones y penalizar tanto a las distribuidoras con concesión provincial como a las cooperativas. En 2018, el ente emitió 275 resoluciones, de las cuales 76 corresponden a multas de cooperativas y 88 a sumarios contra las grandes distribuidoras. Es decir, penalizan al más débil y tan sólo “retan” al más fuerte.
Por lo general, las sanciones económicas vienen de la mano del desvío de los parámetros en cuanto a la calidad técnica de la energía eléctrica, motivo por el que se aplica el apercibimiento que, según explican desde el organismo, es acatado sin problemas por las distribuidoras.
Por ejemplo, OCEBA le impuso a Edelap, que presta servicios en La Plata y su zona de influencia, una multa por $5.971.492; a EDEN, una por $4.979.938,30; mientras que EDES recibió una sanción de $1.718.761, a raíz de interrupciones en 2015 y 2016.
Además de ser a destiempo, las sanciones no resultan significativas para el monopolio, que en un año obtuvo ingresos por 8.880 millones de pesos y ganancias por 773 millones de pesos. En cambio, las cooperativas recibieron sólo el año pasado multas por 3.850.562,59 pesos. No obstante, desde el propio OCEBA admiten ante La Tecla que, pese a interponer cuantiosas multas, no solucionan nada.
“Nosotros controlamos los cuadros tarifarios y fiscalizamos, no decidimos el costo de las tarifas. Esa decisión viene de más arriba”, afirman en diálogo con este medio.
Es más, fuentes oficiales reconocen que todas las resoluciones firmadas por el directorio del organismo de control pasan primero por las manos de la Dirección de
Energía, a cargo de Alberto Rica. “La función del OCEBA es mantener un equilibrio entre la prepotencia de las empresas y los usuarios”, sintetizan.
Para 2019, el ente de contralor cuenta con un presupuesto de más 1.500 millones
de pesos, de los cuales, el 85 por ciento será destinado al Fondo Compensador de
Tarifas, que es redistribuido entre las cooperativas y empresas de la Provincia, para que el costo sea “igual para todos”. El 15 por ciento restante es para mantenimiento administrativo.
Así las cosas, el OCEBA tiene las manos atadas y, en lugar de penalizar al más fuerte por el deficiente servicio que presta, le interpone minúsculas sanciones
Condicionados a la hora de resolver y fijar las tarifas
El Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA) debe encargarse, principalmente, de hacer valer los contratos de concesión de las empresas distribuidoras, imponer sanciones y atender los reclamos de los usuarios cuando las compañías así no lo hacen. Aunque es criticado por no llevar adelante como correspondería estas obligaciones, el directorio del ente asegura que no tiene competencias para incidir en el costo de las tarifas, uno de los principales reclamos de los usuarios. Además, en la última modificación de la ley de Ministerios, le quitaron la posibilidad de “contratar y remover al personal del organismo, y fiscalizar sus funciones y condiciones de empleo”. En este ítem, desde el organismo apuntan al área superior del Ministerio de Infraestructura, que actualmente conduce Roberto Gigante: el director de Servicios Públicos, Edgardo Volosin, y el director de Energía, Alberto Rica, quienes, de cierta manera, absorben las decisiones y sobre los que recaen las principales responsabilidades. “OCEBA emite resoluciones ya firmadas con anterioridad”, sentenciaron desde el ente de control.
La inflación de las empresas, también la pagan los usuarios
La decisión de impedir a los municipios el cobro de tasas locales, no sólo despertó el enojo de los intendentes, también puso en jaque la recaudación de las administraciones locales y su equilibrio financiero.
En los últimos tres años, el OCEBA emitió una serie de polémicas resoluciones que no sólo despertaron el enojo de los usuarios, sino también de los intendentes de la Provincia. En el primero de los casos tiene que ver con la autorización a los distribuidores provinciales EDELAP S.A., EDEN S.A., EDES S.A. y EDEA S.A. y a los distribuidores municipales a incluir en sus facturas el concepto “Incremento de Costos Tarifarios (ICT)”, a partir del mes de febrero. Este mecanismo funciona como una “compensación que permite a los distribuidores recuperar en su facturación las diferencias en la aplicación de los costos mayoristas de electricidad”.
En otras palabras, se transfiere el aumento de precios a los usuarios. Esta maniobra intentó ser interpuesta por el Gobierno nacional en las facturas de gas, pero fue tal el rechazo que generó que no sólo se decidió dar marcha atrás con la medida sino que impulsó la renuncia del por entonces secretario de Energía, Javier Iguacel.
En tanto, el año pasado, el organismo resolvió prohibir a los municipios cobrar en las boletas tasas locales ajenas a la prestación de electricidad, cuestión que puso en vilo la cobrabilidad y, por ende, la recaudación de los 135 distritos.
Por ello se decidió posponer su entrada en vigencia hasta mediados de 2019.
Las diferencias de “tamaño” a la hora de aplicar sanciones
Las diferencias en las penalizaciones por desvíos en el servicio de energía dependen, muchas veces, del tamaño de las distribuidoras. Basta con ver las resoluciones emitidas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires a lo largo del año pasado, donde las cooperativas fueron las grandes perdedoras.
La situación resulta llamativamente familiar con la exposición que recibieron ellas de parte de CAMMESA, que reveló las deudas que poseen algunas cooperativas provinciales, mientras a las grandes distribuidoras les condonan millones. Tal como publicó La Tecla, el titular de la Cooperativa Eléctrica CELTA, de Tres Arroyos, Nicolás Ambrosius, fue uno de los que se quejaron de esta diferencia. “¿Cómo es el tema? ¿Tenés que ser grande para que te perdonen las deudas?”, dijo, y agregó que “desde el Presidente para abajo no conocen en profundidad cómo funcionan las cooperativas en los pueblos”.
En esta línea, quien también cayó en la volteada fue el propio OCEBA, puesto que para el diputado nacional José Luis Ramón, de la comisión de Energía, “el valor de la tarifa es el que se toma para determinar cuántos impuestos le llegan a las provincias y municipios.
Hay una complicidad de todo el sistema”.