12 de febrero de 2026
COLABORACIÓN
La Corte bonaerense y el ministerio de Seguridad unen fuerzas para garantizar la custodia en sedes judiciales
La iniciativa busca fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial y el área que conduce Javier Alonso. El objetivo es mejorar la protección en los ámbitos donde se desarrolla la función jurisdiccional.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) y el ministerio de Seguridad bonaerense firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para regular y coordinar la asignación de personal policial en la custodia y seguridad de los edificios judiciales.
El acuerdo fue suscripto por la presidenta de la Corte, Hilda Kogan, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en un acto realizado en el Salón de Acuerdos del máximo tribunal provincial.
Participaron también el vicepresidente del cuerpo, Sergio Gabriel Torres; el ministro decano, Daniel Fernando Soria; el jefe de la Policía bonaerense, Javier Carlos Villar; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Matías Rappazzo y otros funcionarios de ambas instituciones.
El convenio surge tras un año de trabajo conjunto en una Mesa Técnica creada en virtud de la Resolución SC 3.585/24, aprobada a fines de noviembre de 2024. Su objetivo principal es establecer pautas claras y coordinadas para la provisión de efectivos policiales en las dependencias de la Administración de Justicia.
Entre las novedades del acuerdo destaca la posibilidad de extender, de manera excepcional, el servicio de custodia a otros ámbitos, siempre que un magistrado lo disponga por motivos de seguridad vinculados a la actividad judicial. Esto incluye, por ejemplo, audiencias de debate o actos de producción de prueba realizados fuera de la sede habitual del tribunal.
Para su implementación, la SCBA se encargará de centralizar todos los pedidos de personal policial y canalizarlos al ministerio de Seguridad a través de protocolos específicos que se definirán oportunamente.
Por su parte, el ministerio evaluará cada solicitud considerando los motivos y la modalidad de prestación, aplicando criterios técnicos y operativos para asegurar un servicio eficiente y adecuado.
La iniciativa busca fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial y el área de seguridad provincial, garantizando mayor protección en los ámbitos donde se desarrolla la función jurisdiccional.
