Tensión salarial en Buenos Aires: nadie acepta el número del Gobierno
Los gremios estatales volvieron a rechazar el 3% y exigen una recomposición acorde a la inflación. Judiciales reclamaron abrir la mesa cuanto antes y cuestionan la falta de convocatoria.
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La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó este lunes una solicitud formal ante el Ministerio de Trabajo para que el Gobierno provincial convoque de manera urgente a reanudar la paritaria del sector. La continuidad de la negociación había sido acordada en el último encuentro de enero, pero aún no fue citada una nueva mesa.
El gremio advirtió que el recrudecimiento de la inflación profundizó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios judiciales y reclamó una recomposición “necesaria y urgente”. En este marco, insistieron en que la demora del Ejecutivo dificulta cualquier planificación salarial en un contexto económico inestable.
La discusión paritaria arrastra tensiones desde las últimas semanas. El pasado jueves 5 de febrero, el Gobierno bonaerense ofreció un aumento del 2%, propuesta que fue considerada “insuficiente” por los gremios. Una semana después, la Provincia mejoró la oferta al 3%, pero nuevamente recibió un rechazo generalizado. La primera negativa fue de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (Fegeppba), que reclamó una reevaluación presupuestaria y un porcentaje que refleje “las necesidades reales de las y los trabajadores estatales”.
Otros sindicatos coincidieron. Desde ATE calificaron la propuesta como insuficiente y remarcaron que, en términos reales, el impacto sería apenas del 1,5% sobre el último salario, debido al arrastre del retroactivo previo. Además, el encuentro paritario se dio en una fecha clave para las liquidaciones de febrero y marzo, por lo que se estima que el Ejecutivo aplicará el aumento mientras intenta reencauzar la negociación.
El último incremento salarial otorgado por la Provincia fue el correspondiente a diciembre y enero, que cerró con un 4,5% de aumento. Esa propuesta había sido aceptada por la mayoría de los gremios, excepto la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que la rechazó y cuestionó duramente la política salarial del gobierno de Axel Kicillof.
