Salarios que no alcanzan, escasa cobertura sanitaria y graves fallas logísticas reavivan el malestar de una Policía Bonaerense de "brazos caídos". Con protestas encabezadas por familiares y advertencias de todos los sectores, el fantasma de viejos reclamos vuelve a sacudir a la provincia de Buenos Aires.

Policía Bonaerense: un nuevo foco de incendio

Como un secreto a vivas voces, el malestar dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dejó de ser un murmullo interno para transformarse en una señal de alarma pública. En los últimos días, se han ido concretando una serie de reclamos que, si bien han sido obviados por la gestión bonaerense, han dado de que hablar y han puesto sobre la mesa de debate el presente de la policía bonaerense. Ante una tajante pérdida del poder adquisitivo de las fuerzas, sumado al estrés propio de la labor policial, el “nuevo foco de incendio” no es todavía una llama visible, pero sí una combustión subterránea.

Recientemente, familiares de agentes en actividad encabezaron una protesta en Mar del Plata para reclamar una recomposición salarial del 80% sin distinción de jerarquías y mejoras urgentes en la cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). La escena, con petitorio en mano, tensión con autoridades y forcejeos incluidos, expuso un clima que ya no se limita a los cuarteles o los patrulleros.

El episodio escaló cuando, en medio de la entrega del reclamo, se produjo una agresión al jefe departamental marplatense, Cristian Fontana. Si bien no hubo detenciones inmediatas, se inició una investigación para identificar al responsable. El dato no es menor: cualquier chispa en un contexto de fuerte presión interna puede actuar como catalizador de un conflicto mayor.

La última protesta policial a gran escala tuvo lugar en 2020.

El reclamo no surge en el vacío. Desde el Sindicato Policial (SIPOBA), su secretario general, Nicolás Masi, viene advirtiendo que la situación salarial es “mala, comprometida y con posibilidad de conflicto serio”. Aunque descarta un estallido inmediato, reconoce que la tensión es latente y que el recuerdo de sanciones aplicadas tras protestas anteriores actúa como factor disciplinador dentro de la fuerza.

Al mismo tiempo, desde el propio Ministerio de Seguridad descartaron que haya un "descontento creciente" dentro de la fuerza y fueron tajantes al señalar que la Policía Bonaerense no puede por ley protestar ni reclamar. "Quieren incendiar todo, pero no va a suceder", fueron las palabras con las que dejaron entrever que hay actores que fogonean nuevos conflictos entre la Policía Bonaerense y su conducción.

Más allá de la calma que ostentan desde la Provincia, los números alimentan el descontento. Según la escala salarial vigente, un oficial ingresante percibe entre $800.000 y $900.000 mensuales, mientras que un comisario ronda los $2 millones tras jornadas de 12 a 14 horas. Desde SIPOBA sostienen que el salario inicial debería ubicarse en torno a $1.650.000 para superar con margen la línea de pobreza y evitar que los efectivos deban recurrir a horas adicionales o trabajos informales para compensar ingresos.

Mientras la canasta total para una familia tipo supera ampliamente el millón trescientos mil pesos, el salario inicial policial no acompaña ese umbral.

En paralelo, Masi introdujo un punto técnico que profundiza el malestar: el régimen previsional retiene el primer aumento anual como aporte a la caja policial, lo que difiere el impacto real del incremento respecto de otros estatales. Según el dirigente, la caja de retiros es superavitaria, por lo que el mecanismo debería revisarse en un escenario de ingresos deprimidos.

Una vez más, la discusión estructural por la representación gremial vuelve a estar sobre el escritorio. El rechazo judicial a la sindicalización policial dejó a los efectivos sin negociación colectiva formal, lo que limita canales institucionales de reclamo. En ese vacío, las manifestaciones, realizadas fuera de servicio, sin uniforme ni armas, aparecen como única herramienta legal de presión.

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Javier Alonso, enfrenta así un escenario delicado: salarios que pierden frente a la inflación, cobertura médica cuestionada, tensión previsional y antecedentes recientes en otras provincias. No ajeno a esta realidad, el propio Alonso reconoció que “muchos policías que, por ejemplo, manejan autos de aplicación, incluso a veces combinan el trabajo policial con el trabajo de policía adicional, más el trabajo en una aplicación”, explicó.

La experiencia de 2020 y los acampes de 2025 funcionan como antecedente cercano. El dato político es que, esta vez, el reclamo está encabezado por familiares y retirados, mientras el personal en actividad se mantiene en segundo plano por temor a sanciones. Esa dinámica puede contener la protesta en el corto plazo, pero también evidencia una fractura interna que erosiona la conducción.

"Nunca la Policía estuvo tan descuidada desde la política"

El diputado provincial Maximiliano Bordarenko (La Libertad Avanza) lanzó duras críticas contra la conducción política del Ministerio de Seguridad bonaerense y advirtió sobre una “crisis estructural” en la Policía de la provincia de Buenos Aires, que ,según afirmó, se expresa en la tasa de suicidios “más alta de su historia”, en la precarización salarial y en graves fallas operativas y logísticas.

“El personal está mal y además estamos incorporando recurso humano que no está preparado para ser policía”, sostuvo el legislador. En ese sentido, cuestionó el actual esquema de formación: “No se puede capacitar a un policía en nueve meses, con cuatro meses virtuales y cinco presenciales, ponerle un arma en la cintura y mandarlo a la calle. Es un riesgo para él, para su compañero y para cualquier vecino”.

Bordarenko también apuntó contra la reestructuración de las escuelas de formación. Según explicó, la unificación de los institutos de suboficiales y oficiales derivó en “una ensalada de categorías” que, a su criterio, desdibuja la carrera policial y afecta la profesionalización de la fuerza. “Le pegaron a la Policía en lo más íntimo”, resumió.

Maximiliano Bordarenko (La Libertad Avanza).

En materia salarial, afirmó que “el sueldo es muy bajo” y vinculó esa situación con el malestar interno de una Policía Bonaerense que está de "brazos caídos". Además, denunció la existencia de un “sistema de recaudación” que, según dijo, presiona a las comisarías. “Los comisarios quedan entre la espada y la pared y eso termina generando distorsiones graves”, planteó, al advertir sobre el riesgo de connivencia con el delito.

El diputado también cargó contra la estructura del Ministerio de Seguridad, al que definió como “un pulpo gigante que consume recursos”. Señaló que cuenta con 17 subsecretarías y alrededor de 350 cargos políticos, y cuestionó la continuidad de la emergencia en seguridad vigente desde la gestión de Daniel Scioli, ya que, según indicó, permite reasignaciones presupuestarias sin controles suficientes.

En el plano logístico, describió un panorama crítico: patrulleros en mal estado, falta de combustible y móviles integrados por un policía y un agente municipal. “La unidad mínima operativa es el binomio, dos policías. Un efectivo solo ya es un error de base”, afirmó. También cuestionó la compra de equipamiento tecnológico, como drones, que, según dijo, no tendría impacto real en la prevención del delito rural.

Bordarenko advirtió que la situación podría escalar si no hay respuestas políticas. “La pelota la tiene el gobernador y el ministro de Seguridad. La columna vertebral del sistema tiene que ser el efectivo arriba del patrullero, que es el que tiene contacto con el vecino”, sostuvo.

Finalmente, recordó que presentó pedidos de informe por los suicidios en la fuerza y otras problemáticas, pero denunció que no obtuvo respuestas oficiales. “Hoy, con el nivel de violencia que tiene la delincuencia, al que quiere ser policía hay que cuidarlo como oro. Nunca la Policía estuvo tan descuidada desde la política”, concluyó.

“Desde hace tiempo venimos advirtiendo un desatendimiento”

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, expresó su preocupación por la situación que atraviesa la Policía Bonaerense y advirtió que “desde hace años la fuerza viene sufriendo un deterioro en sus condiciones laborales”. En ese sentido, sostuvo que “los salarios han quedado por detrás de la inflación”, lo que —según remarcó— impacta de lleno en el poder adquisitivo de quienes desempeñan “una de las funciones más sensibles del Estado”.

El legislador señaló que el problema excede lo estrictamente salarial. “A las jornadas extensas se le suma la falta de equipamiento adecuado, móviles en mal estado y una infraestructura en general muy deficiente”, describió. Además, afirmó que los agentes “tienen reclamos justos por recomposición salarial, mejoras en la cobertura de IOMA y asistencia psicológica”, al tratarse de una tarea atravesada por altos niveles de exposición y estrés.

Valentín Miranda, diputado provincial de la Unión Cívica Radical.

Miranda también puso el foco en el interior bonaerense y aseguró que “desde hace tiempo venimos advirtiendo un desatendimiento”, al señalar que en varias localidades “ha disminuido la cantidad de efectivos”, lo que reduce la capacidad de patrullaje y la respuesta ante hechos de inseguridad.

En relación con la formación y destino del personal, cuestionó la falta de planificación: “No hay una política clara con los agentes que van a estudiar a la Vucetich. La inmensa mayoría es destinada al Gran Buenos Aires”, indicó, y agregó que muchos prestan servicio “bajo condiciones laborales extremas, con desarraigo familiar, escasa previsibilidad en los traslados y nula preparación psicológica”.

Como integrante de la oposición bonaerense, afirmó que sigue el tema “con especial preocupación” y reclamó que el Ejecutivo provincial “abra los canales de diálogo, reconozca salarios acordes a la responsabilidad de la tarea policial y garantice cobertura de salud y asistencia psicológica adecuada”. De lo contrario, advirtió, “el desgaste continuará impactando no solo en los trabajadores, sino también en la calidad del servicio de seguridad que reciben los bonaerenses”.

“El conflicto no es solo salarial”

En ese contexto, el secretario general del Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires (SIPOBA), Nicolás Masi, advirtió que el cuadro salarial de la fuerza es “malo, comprometido y con posibilidad de conflicto serio”. Si bien descartó un estallido inminente, sostuvo que la tensión “está latente” y que el recuerdo de las sanciones y disponibilidades aplicadas tras el último conflicto actúa como un factor disuasorio entre los efectivos.

Masi puso números al deterioro: aseguró que un policía bonaerense percibe hoy alrededor de 950 mil pesos de bolsillo, cuando la canasta básica supera el millón trescientos mil. Según su cálculo, el salario inicial debería ubicarse en torno a 1.650.000 pesos para quedar al menos un 20 o 25 por ciento por encima de la línea de pobreza. “Ese desfasaje lo paga el propio policía con horas extras o trabajos informales”, afirmó, aludiendo a changas en aplicaciones de transporte o reparto que —según denunció— impactan en la salud del personal y en la calidad del servicio de seguridad.

En el centro de la imagen, Nicolás Masi.

El dirigente también cuestionó el esquema de horas adicionales. Señaló que las CORE (Compensación por Recargo de Servicio) están subvaluadas y que el sistema de “Polad”, financiado por terceros, implica en los hechos un subsidio indirecto a la seguridad privada. A ello sumó un reclamo técnico: el diferimiento en el cobro de los aumentos salariales por el régimen previsional policial, que retiene el primer incremento como aporte a la caja, aun cuando —según destacó— es la única caja superavitaria del país.

En el plano político, Masi fue más allá y apuntó contra la conducción superior de la fuerza, a la que acusó de actuar como “conductores políticos” antes que como representantes de los subalternos. También cuestionó la falta de reconocimiento a la sindicalización policial y recordó el fallo adverso de la Corte Suprema en la causa impulsada por el gremio. “El conflicto no es solo salarial, también es por condiciones de trabajo y por representación”, remarcó.

A su vez, el titular de SIPOBA interpeló al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien —según señaló— reconoció la gravedad del cuadro. “¿Va a reconocer solamente o va a gestionar un aumento como corresponde?”, planteó. Y dejó una advertencia: ante la falta de canales institucionales claros para el reclamo, la manifestación —fuera de servicio, sin uniforme ni armas— aparece, a su entender, como el único mecanismo legal disponible. Un escenario que agrega presión a un sistema ya tensionado y que convierte a la Policía Bonaerense en un nuevo frente de conflicto para la administración provincial.

Por último, la seguidilla de suicidios dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires expone un efecto psicológico devastador y un presente sensible que, según advierten desde la oposición, se viene cobrando vidas en silencio. El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense habla de cifras “récord”, con especial impacto en los efectivos más jóvenes, y plantea que la salud mental de quienes integran la fuerza más grande del país sigue siendo una “deuda pendiente”. En ese marco, sostienen que la exposición cotidiana a hechos de violencia, enfrentamientos armados y la pérdida de compañeros en acto de servicio no encuentra un esquema sólido de detección temprana ni de acompañamiento familiar, lo que agrava el desgaste emocional acumulado.

En paralelo, los legisladores libertarios cuestionan la falta de respuesta estatal acorde y reclaman mayor transparencia en la publicación de datos oficiales. A través de un pedido de informes dirigido al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el diputado Maximiliano Bondarenko solicitó un desglose detallado de los casos registrados desde 2019 y precisiones sobre las acciones reales de asistencia psicológica posteriores a situaciones críticas.

Más allá de los reclamos realizados directamente a la gestión del gobernador Axel Kicillof, los pedidos recientes buscan poner en agenda el debate sobre el “factor humano” de la seguridad, en contraste con las inversiones en infraestructura, al advertir que sin una política integral de contención la crisis sanitaria interna de la fuerza seguirá profundizándose.

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