22 de febrero de 2026
ALERTA
Pagos demorados y tensión en la cadena de suministros bonaerense
La complicada situación financiera de la provincia enciende alarmas por la caída de recursos y las demoras en pagos estatales que tensan la cadena de suministro y podrían generar faltantes en áreas de salud.
La Provincia de Buenos Aires atraviesa una delicada situación financiera que ya se traduce en atrasos generalizados en los pagos a proveedores del Estado, con demoras que en algunos casos alcanzan entre tres y siete meses y que comienzan a generar preocupación por su impacto en servicios esenciales, desde la provisión de alimentos hasta el acceso a medicamentos.
El problema no es nuevo, pero en el inicio de 2026 se profundizó y se expandió a más áreas de la gestión. Según advierten distintos sectores privados que trabajan con el Estado provincial, el temor a un corte en la cadena de pagos es creciente y podría afectar la continuidad de programas sociales y sanitarios.
El cuadro impacta de manera desigual entre organismos: mientras algunos entes, como el IPS, mantienen pagos relativamente ordenados, las áreas de mayor volumen, como el sistema de salud provincial, concentran los mayores atrasos.
A fines de 2025, la administración de Axel Kicillof emitió bonos en pesos por $72.800 millones para regularizar deudas, principalmente del área sanitaria. El instrumento resultó útil para grandes proveedores que adhirieron, pero no alcanzó para cancelar el total del stock adeudado y dejó pendientes pagos a empresas medianas y pequeñas, que continúan a la espera de efectivo.
La posibilidad de nuevas emisiones para otros sectores sigue en análisis, aunque depende tanto de aval legislativo provincial como de la autorización del Gobierno nacional, en un contexto político tenso entre ambas administraciones.
En las últimas semanas, la preocupación se extendió a empresas que abastecen de alimentos a programas provinciales. La cercanía del ciclo lectivo y el impacto de la inflación en los hogares refuerzan la alarma: la falta de cancelación de deudas podría complicar la continuidad de iniciativas alimentarias que dependen de pagos regulares.
Proveedores reconocen que el flujo de fondos de la provincia se redujo en comparación con años anteriores y que los plazos de cobro se estiraron mucho más allá de los 30 días habituales. Sin embargo, la incertidumbre persiste y el temor a un corte abrupto en la cadena de pagos se vuelve un factor de riesgo para el funcionamiento de políticas públicas sensibles.
La tensión financiera no se limita a los contratos directos del Estado provincial. A nivel nacional, el sistema farmacéutico advirtió sobre posibles faltantes de medicamentos ante demoras en los pagos entre obras sociales, prepagas, droguerías y farmacias. Ese engranaje depende de un circuito de financiamiento continuo: cuando los plazos se alargan, las farmacias tienen dificultades para reponer stock y las droguerías restringen entregas.
Mientras el Gobierno provincial sostiene el diálogo con proveedores y busca mecanismos financieros para regularizar deudas, el interrogante central es cuánto tiempo puede sostenerse el esquema actual sin que los atrasos deriven en cortes efectivos de suministros o servicios.