Obra pública: los empresarios apuntan a Katopodis ante una deuda millonaria
En medio de una crisis económica desde el sector privado alertan que hasta el momento el Gobierno bonaerense no canceló compromisos asumidos. La idea de paralizar obras gana terreno y complica al oficialismo.
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Empresarios de la construcción advierten que el Gobierno bonaerense mantiene pagos pendientes por cientos de miles de millones de pesos. En el sector privado crece el malestar y ya se analiza la paralización de obras que podría impactar de lleno en la gestión de Axel Kicillof.
El gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, mantiene una deuda con empresarios que ejecutan obra pública en la provincia de Buenos Aires. Distintas fuentes del sector estiman que el pasivo alcanza los 450 mil millones de pesos, aunque hasta el momento no existen precisiones sobre cuándo podrían cancelarse esos compromisos.
De acuerdo con lo que trascendió, tanto desde la Cámara de la Industria, Construcción e Infraestructura de la provincia de Buenos Aires como desde la Cámara Argentina de la Construcción comenzaron a evaluar medidas frente al retraso en los pagos. Entre las alternativas que se analizan figura la publicación de un comunicado oficial para exponer la situación y trasladar la presión política a la administración de Axel Kicillof.
Dentro del sector privado también crece el malestar con el ministro Gabriel Katopodis, a quien varios empresarios señalan por la falta de cumplimiento de compromisos asumidos con contratistas. En paralelo, algunos acreedores ya evalúan la posibilidad de paralizar obras en territorio bonaerense, una decisión que, según versiones del sector, podría alcanzar hasta al 90 por ciento de los trabajos actualmente en ejecución.
Como ya se había advertido en distintos despachos oficiales, desde los ministerios reconocen que el titular de Economía, Pablo López, resolvió una reducción en los techos presupuestarios de cada cartera. Según distintas fuentes, el recorte ronda el 30 por ciento respecto de lo previsto en el Presupuesto.
En Economía relativizan esa lectura y aseguran que el presupuesto aprobado por ley funciona como una proyección inicial sobre la cual luego se van redefiniendo pautas según la evolución de los ingresos. También sostienen que todavía es prematuro sacar conclusiones sobre la ejecución de 2026 y remarcan que el objetivo es cerrar el año con un déficit primario similar al de 2025, que se ubicaría por debajo del 3 por ciento.
La deuda provincial con proveedores se volvió uno de los principales focos de preocupación dentro del oficialismo. Mientras la administración intenta administrar recursos limitados en un contexto de menores transferencias nacionales y una recaudación que empieza a mostrar señales de agotamiento, también crece la inquietud entre intendentes del propio peronismo.
En ese escenario, algunos jefes comunales ya comenzaron a expresar en privado su malestar por la falta de respuestas financieras. “Los problemas los sabemos todos, pero la plata no aparece”, resumieron desde uno de los sectores alineados al oficialismo bonaerense.
La situación también afecta a otros proveedores del Estado provincial, que denuncian demoras cada vez mayores en los pagos, lo que en varios casos ya deriva en la paralización de servicios u obras. A eso se suma la preocupación de empleados públicos por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y la creciente presión sobre la Provincia para cubrir programas que la Nación dejó de financiar.
Aunque no existen cifras oficiales actualizadas, distintas estimaciones ubican la deuda total de la Provincia con proveedores en más de un billón y medio de pesos. Dentro de ese total, el área más comprometida sería Infraestructura, con alrededor de 450.000 millones, seguida por Salud, Justicia y Desarrollo de la Comunidad, con montos que oscilan entre 250.000 y 350.000 millones de pesos.
En el caso puntual de la obra pública, los empresarios sostienen que el atraso en el pago de certificados, especialmente los correspondientes al año pasado, ya comenzó a poner al límite la continuidad de varios contratos. A esto se suma el impacto del contexto internacional, que disparó el costo de materiales clave. Según señalan en el sector, en la última semana el precio del asfalto subió 45 por ciento por el incremento del valor internacional del petróleo.
Frente a este panorama, algunos proveedores aseguraron que se había conversado la posibilidad de emitir un bono provincial en mayo para cancelar deudas con empresas pequeñas y medianas, aunque hasta ahora no hubo confirmación oficial sobre esa alternativa.
Desde el Ejecutivo reconocen que se analizan distintas herramientas financieras para afrontar la situación. “Estamos evaluando. Son herramientas que hemos usado en diferentes momentos de la gestión para abordar situaciones puntuales”, señaló una alta fuente del Gobierno. “La situación es compleja y nos vamos adecuando a las distintas realidades; estamos trabajando con los proveedores todo lo que podemos”, agregaron desde la administración provincial.
En paralelo, surgieron especulaciones sobre la capacidad del Banco Provincia para absorber un eventual canje masivo de esos bonos en caso de que los acreedores decidieran hacerlos efectivos en un corto plazo. Sin embargo, dentro del Gobierno niegan ese escenario y aseguran que la entidad financiera tiene la solvencia necesaria para responder.
Los propios proveedores recuerdan que en diciembre ya se emitió un bono para grandes prestadores del Ministerio de Salud y ahora esperan que esa herramienta se extienda al resto de las áreas. Precisamente Salud aparece como una de las carteras con mayores atrasos, en parte por la complejidad administrativa del sistema hospitalario provincial.
Dentro del sector todavía hay expectativa por una posible mejora en el frente financiero luego de que el gobierno nacional autorizara nuevo endeudamiento para la Provincia. Sin embargo, desde la administración bonaerense aclaran que esos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir vencimientos de deuda, por lo que cualquier solución para proveedores deberá salir de rentas generales o de nuevos bonos de cancelación.
