La Corte presiona a Kicillof y al Senado en medio de especulaciones en el ámbito político
El máximo órgano judicial de la provincia de Buenos Aires va a fondo con su histórico reclamo por la autarquía y exige respuestas del Ejecutivo y el Legislativo. Las primeras impresiones de una iniciativa que tiene impacto mientras se esperan próximos movimientos. También piden que se completen las vacantes.
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En medio de las especulaciones que rodean la relación entre la Suprema Corte bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof y el Senado provincial, el máximo tribunal decidió abandonar la prudencia institucional para elevar el tono de su reclamo. Con un mensaje dirigido de manera directa al Ejecutivo y a la Legislatura, la conducción del Poder Judicial provincial dejó en claro que ya no está dispuesta a tolerar la demora en decisiones que considera centrales para el funcionamiento del sistema y para el equilibrio de poder dentro de la provincia.
La ofensiva institucional apunta a dos demandas concretas: la cobertura inmediata de las cuatro vacantes que mantiene la Suprema Corte y el impulso de un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera para el Poder Judicial. En términos políticos, el planteo supone un pedido de mayor independencia para administrar recursos propios, planificar inversiones y reducir la dependencia de decisiones presupuestarias externas que hoy condicionan el funcionamiento de la Justicia provincial.
“Es un proyecto muy ambicioso”, dijo uno de los presentes al dar su primera impresión sobre lo anunciado por los cortesanos. Del mismo modo, puso toda la atención en los acuerdos políticos con el Poder Ejecutivo para que luego se lleve al Legislativo.
En cuanto a los plazos de cobertura de las vacantes hay versiones cruzadas en torno a los tiempos para que se logren los nombramientos. En medio de preocupación de algunos sectores ante lo que consideran incumplimientos de acuerdos de Kicillof, surgen voces que ponen en duda que los nombramientos de las vacantes en la Corte sean durante 2026.
Por parte del Gobierno bonaerense no se hacen eco de tales expresiones y aseguran que trabajan para lograr los consensos necesarios. Otros campamentos del oficialismo remarcan la cercanía y confianza que tiene el Gobernador con la ministra Kogan y que tal vínculo es decisivo para la decisión que adopte finalmente el primer mandatario provincial.
Durante el acto encabezado por el presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, junto al vicepresidente Daniel Soria, la ministra Hilda Kogan y el procurador general Julio Conte Grand, el mensaje fue explícito. “Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres. Cuando debiéramos ser siete. Este Superior Tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, afirmó Torres al abrir la ceremonia.
El titular de la Corte remarcó además que “la cobertura de vacantes en el Superior Tribunal no debe ser una cuestión diferible ni accesoria, es una condición indispensable para garantizar el gobierno del Poder Judicial, la coherencia de su dirección estratégica y la legitimidad de las decisiones que este nuevo esquema demanda”.
En uno de los pasajes más duros de su intervención, Torres advirtió sobre el impacto institucional de la demora política. “Una corte incompleta limita la capacidad de conducción, una corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las designaciones es debilitar el sistema; avanzar en ellas es fortalecer el Estado de Derecho”, sostuvo, antes de exhortar públicamente “a los poderes constitucionales de la Provincia de Buenos Aires, tanto el Ejecutivo como el Legislativo a través del Senado, para que se aboquen a la urgente cobertura de las vacantes”.
El presidente del tribunal recordó además que la provincia logró reducir en parte el atraso en designaciones judiciales durante el último año. De hecho, Torres ponderó el trabajo realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, a la hora de elaborar los pliegos y avanzar con designaciones.
“Todos recordamos la situación crítica que vivimos poco tiempo atrás cuando las vacantes alcanzaron el exorbitante número de 700, provocada por la ausencia de cobertura en todas las instancias y fueros. Esta problemática fue abordada por el trabajo mancomunado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires”, detalló.
Asimismo, expresó que “gracias a sus esfuerzos, en el año 2025 se realizaron 412 designaciones para la Administración de Justicia y el Ministerio Público. Esperamos para este 2026 la continuidad de esta política que permita cubrir las más de 200 vacantes aún pendientes”.
Más adelante, Torres presentó también el proyecto para dotar al Poder Judicial de mayor autonomía financiera. “Estamos aquí reunidos para presentar el proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera para el Poder Judicial. Se trata de una propuesta que aborda problemas estructurales del sistema de justicia con una mirada de mediano y largo plazo”, afirmó.
“Este proyecto es el resultado de un consenso amplio y sostenido. Ha sido construido con la participación y el acuerdo de esta Suprema Corte y la Procuración General, el Colegio de Magistrados, la Asociación Judicial Bonaerense y los colegios de abogados de la Provincia”, subrayó.
Torres fue todavía más allá al vincular el reclamo presupuestario con la independencia judicial. “Venimos sosteniendo que no hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”, dijo, al tiempo que advirtió sobre la fragilidad estructural del sistema. “Aproximadamente el 92% del presupuesto del Poder Judicial se encuentra destinado al pago de salarios de personal. Esto significa que el margen disponible para infraestructura, tecnología o modernización es mínimo”.
Por el lado de los trabajadores, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se hicieron presentes y Hugo Russo, secretario general del gremio, expresó a La Tecla que buscan que se apruebe la ley de negociaciones colectivas. Es que el sector no tiene discusiones paritarias con la Corte directamente, sino que lo hace a través del Ejecutivo.
“Para nosotros es importante, más allá del tema de la autarquía, que tengamos la ley marco paritaria. Hoy a nosotros los que nos rige desde el ingreso hasta la jubilación, lo hizo la Corte sin consultar absolutamente a nadie. Y tenemos relaciones laborales complejas, muy particulares, es multicausal, lo nuestro es muy difícil, no es solamente que se está trabajando juzgado”.
A su vez, el líder de los judiciales indicó que “estamos muy contentos porque vamos a poder ponernos a discutir mano a mano con la patronal de aquellas condiciones de trabajo en la carrera en todos sus ámbitos”. Además, explicó que "entonces lo que el público tiene que entender que somos los únicos trabajadores del Estado de la República Argentina, en el Estado bonaerense, que con la reforma del año 94 no tenemos acceso a la negociación colectiva. La tienen hasta los compañeros municipales con 135 jefes que son los municipios y no la tenemos nosotros. Para nosotros un avance enorme, así que venimos acompañar a este proyecto”.
El mensaje dejó una lectura política inevitable en La Plata: la Corte decidió visibilizar un reclamo histórico en un momento de alta sensibilidad institucional. En los pasillos judiciales sostienen que el tribunal resolvió dejar de esperar en silencio y trasladar la presión al terreno político, justo cuando en la Provincia escala la pelea interna en el oficialismo y genera nuevos inconvenientes para lograr acuerdos que redunden en leyes en la Legislatura.
El proyecto completo de autarquía del Poder Judicial