El gobierno bonaerense autorizó una redeterminación de precios para una consultoría destinada al Plan de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Luján. La adjudicataria es una unión transitoria integrada por Serman & Asociados, firma señalada en proyectos que estuvieron bajo sospecha. El valor total del contrato asciende a $3.153 millones.

Clink caja: una consultora envuelta en viejas polémicas se llevó un millonario aumento

Mientras la Provincia de Buenos Aires avanza con obras y programas destinados a mitigar inundaciones y ordenar el desarrollo hídrico de una de las cuencas más sensibles del territorio bonaerense, una reciente resolución oficial volvió a poner el foco sobre los costos de las consultorías contratadas y sobre los antecedentes de algunas de las empresas involucradas.

A través de la Resolución Nº 159-SSRHMIYSPGP-2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (organismo ejecutor) aprobó la primera redeterminación de precios del contrato correspondiente al “Servicio de Consultoría para la Formulación del Plan de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Luján”, una iniciativa financiada mediante un préstamo de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Según la documentación oficial, la redeterminación representa un incremento neto de $1.031 millones respecto de los valores de oferta.

La consultoría había sido adjudicada en julio de 2025 a la Unión Transitoria conformada por Serman & Asociados S.A. e IATASA Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina S.A., por un monto original de $1.826 millones. Sin embargo, tras la actualización aprobada este mes, el valor total del contrato asciende a $3.153 millones.

Según la documentación oficial, la redeterminación representa un incremento neto de $1.031 millones respecto de los valores de oferta, equivalente a un aumento del 72,67%. Si se contabilizan impuestos y otros conceptos asociados, la actualización implica una erogación adicional de $1.327 millones para el Estado provincial durante el ejercicio 2026.

La medida fue solicitada por la contratista en octubre de 2025 y se encuadra en los mecanismos de actualización previstos por la Ley 13.981 y su decreto reglamentario. Desde el Ejecutivo sostienen que el procedimiento contó con la intervención de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado y el propio organismo financiador internacional.

El trabajo contratado tiene como objetivo elaborar el Plan de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Luján, una herramienta considerada estratégica para coordinar políticas ambientales, hidráulicas y territoriales en una región que históricamente sufrió graves inundaciones y conflictos por el uso del suelo.

Sin embargo, la aprobación de la redeterminación también vuelve a poner bajo la lupa a una de las firmas integrantes de la unión transitoria adjudicataria. Se trata de Serman & Asociados, consultora con una extensa trayectoria en estudios de impacto ambiental y planificación de grandes proyectos de infraestructura.

La empresa fue mencionada en distintos debates públicos vinculados a obras de fuerte repercusión nacional. Entre ellas aparecen las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz, un megaproyecto adjudicado al consorcio integrado por Electroingeniería, Gezhouba e Hidrocuyo, que posteriormente quedó envuelto en investigaciones judiciales derivadas de la denominada causa de los “Cuadernos”.

En aquel proyecto, Serman & Asociados estuvo a cargo de los estudios de impacto ambiental necesarios para avanzar con la ejecución de las obras. Diversos sectores políticos y medios de comunicación cuestionaron en su momento la calidad de los controles ambientales y el rol de las consultoras que participaron en el proceso.

La firma también fue señalada por su participación en estudios vinculados a la central termoeléctrica de Río Turbio y por trabajos relacionados con iniciativas de saneamiento e infraestructura hídrica en distintas regiones del país. Si bien estas intervenciones no derivaron en condenas judiciales contra la empresa, sí alimentaron controversias públicas acerca de los mecanismos de control sobre grandes emprendimientos financiados con fondos estatales.

Antecedentes

Otro de los antecedentes mencionados por críticos de la consultora es su participación en procesos técnicos vinculados al dragado del Puerto Quequén, donde elaboró informes utilizados durante etapas de evaluación y preadjudicación de obras. En esos casos también surgieron cuestionamientos políticos debido a la presencia de empresas que luego quedaron involucradas en investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

Gerardo Luis Ferreyra era director y vicepresidente de la empresa Electroingenieria, uno de los capitales que se adjudicó en junio de 2013 la licitación (junto a la china Gezhouba) para realizar la construcción de las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner y Jorge Cepernic” en Santa Cruz. Dicho negocio llevó al empresario a la cárcel y lo ubicó como uno de los principales apuntados por la causa de “los cuadernos” donde se relataban los pagos de coimas que se hacían para acceder a la obra pública.

La inversión, denunciada por sobreprecios e irregularidades en su adjudicación, tuvo el sustento de los estudios de Impacto Ambiental realizado por la consultora “Serman y Asociados S.A.”, denunciada públicamente por habilitar obras donde se escondían negociados por demás turbios.

Con la nueva actualización aprobada por la Provincia, el Plan de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Luján continuará su desarrollo con financiamiento internacional y respaldo institucional. No obstante, el incremento millonario del contrato y los antecedentes que rodean a una de las firmas contratadas reabren interrogantes sobre los criterios de contratación, control y seguimiento de consultorías estratégicas financiadas con recursos públicos.

DISPUTA LEGAL

Intendente UCR fue a la Justicia porque le freezaron el sueldo

La Suprema Corte bonaerense aceptó tratar el conflicto de poderes planteado por el alcalde de General Alvear, Ramón Capra, luego de que el Concejo Deliberante decidiera paralizar aumentos de salarios y bonificaciones.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Clink caja: una consultora envuelta en viejas polémicas se llevó un millonario aumento

OTRAS NOTAS

Intendente UCR fue a la Justicia porque le freezaron el sueldo

La Suprema Corte bonaerense aceptó tratar el conflicto de poderes planteado por el alcalde de General Alvear, Ramón Capra, luego de que el Concejo Deliberante decidiera paralizar aumentos de salarios y bonificaciones.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Gobernadores e intendentes: quiénes son los mejor y peor valorados del país

Provincia licitó la primera etapa del nuevo Hospital de Miramar con una inversión de $14.000 millones

PBA institucionaliza el cannabis medicinal y crea un consejo con poder de influencia

Política en modo Celeste y Blanco: Kicillof gambetea a CFK y Adorni busca estabilizar el juego

Cinco pescadores siguen desaparecidos en el Río de la Plata: Prefectura reanuda la búsqueda