La caída de recursos nacionales y la menor recaudación propia obligan a Kicillof a reordenar prioridades y recortar algunos programas. El desafío pasa por administrar la escasez sin que las restricciones terminen condicionando su imagen de cara a 2027.

Menos recursos, más recortes: la explicación del gobierno de PBA ante el ajuste de Milei

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La gestión de Axel Kicillof enfrenta un escenario cada vez más complejo para sostener programas y políticas públicas en la provincia de Buenos Aires. La caída de los recursos nacionales, el deterioro de la recaudación propia y el peso de los compromisos financieros redujeron el margen de maniobra de la administración bonaerense y obligaron a discontinuar o reducir distintas iniciativas.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, vinculó directamente esta situación con el ajuste implementado por la administración de Javier Milei y aseguró que “es el recorte de recursos que que llevó adelante el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, como también hizo en otras provincias, pero con mayor saña y violencia en nuestra provincia”. Las declaraciones fueron realizadas en la tradicional conferencia de prensa que realiza los lunes en la Gobernación.

En ese sentido, explicó que “por un lado, la caída de los recursos nacionales, la caída de la coparticipación, la caída de la recaudación propia por la crisis económica, ha llevado a que la disponibilidad de recursos que tiene la provincia, una vez que paga los salarios, que además nosotros nos pagamos con paritarias libres que acordamos con los gremios estatales, que pagamos el aguinaldo, que pagamos las deudas que recibimos del gobierno de María Eugenia Vidal”.

El funcionario también puso el foco en la deuda heredada y recordó que “cuando nosotros llegamos al gobierno, había una deuda en dólares con el extranjero de 5 mil millones de pesos, que nosotros reestructuramos, en donde ingresaron el 98% de los acreedores y aceptaron hacer una quita del monto de capital, una reducción de los intereses que se aplicaban, y un período de plazo para el repago de la deuda de 4 años”.

Sobre los vencimientos que debe afrontar actualmente la Provincia, manifestó que “ese período de plazo terminó junto con la primera gestión del gobernador, pero ahora en la segunda tenemos que pagar todos los meses de marzo y todos los meses de septiembre esa deuda, que equivale, más o menos, a un medio aguinaldo. O sea, que cada tres meses nosotros tenemos que pagar el equivalente a medio aguinaldo, en este caso, en concepto de deuda externa recibida”.

Bianco planteó que el problema no se limita a un programa puntual, sino que atraviesa buena parte de las políticas que dependen del presupuesto bonaerense. “En ese contexto, obviamente, una vez que se paga los gastos corrientes, todo lo que resta es para determinados programas, que tiene que ver con la obra pública, con programas alimentarios, con programas vinculados a la salud, a los medicamentos, al fortalecimiento de los estudios universitarios en la provincia, al fomento a la producción, etcétera. Lamentablemente, cuanto menos recursos hay, menos programas adicionales uno puede mantener”, expresó.

En ese marco, reconoció que el Gobierno bonaerense tuvo que reducir el alcance de distintas políticas. “Hay un montón de programas que, lamentablemente, se tuvieron que discontinuar o se tuvieron que reducir. ¿Por qué? ¿Por falta de voluntad política, cambió el gobernador de la primera gestión respecto de la segunda? No, no cambió ni físicamente ni espiritualmente ni en sus convicciones”, sostuvo.

Además de la suspensión del programa MESA bonaerense, Bianco recordó que tuvieron que quitar el de viaje de egresados para estudiantes bonaerense. A su vez, detalló que la entrega de computadoras se tuvo que limitar a poblaciones especificas con mayores necesidades.

La explicación del ministro apuntó nuevamente al Gobierno nacional como responsable del cambio en las condiciones económicas y financieras que enfrenta la Provincia. “Lo que cambió es Milei, cambió el presidente. Y cuando llegó Milei recortó los recursos que nosotros usábamos también para comprar patrulleros, para mejorar los salarios de las fuerzas policiales. Eliminó el FONID en toda Argentina, que es el plus salarial que se pagaba a los docentes”, afirmó.

Frente a la reducción de recursos, Bianco sostuvo que la Provincia busca establecer prioridades y concentrar el presupuesto disponible en aquellas políticas que considera centrales. “Nosotros, con cada recurso que tengamos, vamos a hacer todos los programas que nosotros consideramos los más prioritarios, los más necesarios, como, por ejemplo, es haber fortalecido el Servicio Alimentario Escolar este año para que los chicos que van a la escuela y que comen en la escuela, tengan una colación en la escuela, una merienda, un desayuno, tengan una mejor ración de comida”, concluyó.

La discusión por la falta de recursos ya tuvo un correlato concreto en una de las áreas más sensibles de la gestión bonaerense. A fines de julio, el Gobierno de Kicillof resolvió extender hasta el 31 de enero de 2027 la suspensión del programa MESA, una herramienta creada en 2022 para entregar módulos alimentarios a estudiantes en situación de vulnerabilidad de los niveles inicial, primario, secundario y de educación especial. La decisión se tomó en el marco de la emergencia económica provincial y de la reducción de recursos derivada del “incumplimiento, mora y/o detracción” de transferencias nacionales.

La medida no implica, según la explicación oficial, el abandono de la asistencia alimentaria, sino un reordenamiento de las prioridades presupuestarias. No obstante, el propio Gobierno bonaerense reconoce que tuvo que incrementar su participación en el financiamiento del SAE frente a la disminución del aporte nacional y al aumento sostenido del costo de los alimentos, por lo que la discusión excede a un programa puntual y se convierte en una muestra de las dificultades que enfrenta Kicillof para sostener el conjunto de las políticas provinciales.

La oposición aprovechó la decisión para poner el foco sobre el costo social del ajuste y reclamar explicaciones sobre la cantidad de beneficiarios alcanzados, el impacto presupuestario y las alternativas para las familias que recibían la asistencia, mientras que desde el Gobierno bonaerense eligieron encuadrar el recorte dentro de una discusión más amplia sobre el reparto de recursos entre Nación y Provincia. Así, el MESA se transformó en una expresión concreta de una tensión que atraviesa a la administración de Kicillof desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, con menos transferencias, una recaudación propia golpeada por la caída de la actividad y una lista de demandas que no dejó de crecer en los municipios, las escuelas, los hospitales y las áreas sociales.

Pero la discusión por la caja bonaerense no se agota en el gasto social y también tiene un capítulo financiero que adquiere una dimensión particular para el Gobernador mientras busca construir una candidatura presidencial hacia 2027. Una demanda presentada en tribunales de Estados Unidos por Daniels Invest GmbH volvió a poner bajo la lupa la deuda contraída durante la gestión de María Eugenia Vidal y reestructurada por Kicillof en 2021, cuando la Provincia logró que el 98% de los acreedores ingresara al canje y consiguió extender los plazos de pago y reducir el costo de la deuda. El reclamo actual corresponde a un grupo que quedó afuera de aquella negociación y reclama el pago de dos series de bonos, aunque el monto pendiente es relativamente pequeño frente al volumen total del pasivo bonaerense.

En concreto, el litigio involucra bonos que originalmente tenían un valor nominal de 15,1 millones de euros y 2,6 millones de dólares, de los cuales permanecen impagos 2,5 millones de euros de capital y 866 mil dólares, más los intereses que pudieran corresponder. La propia Provincia definió el reclamo como “pequeño” y recordó que se encuentra en una etapa inicial, mientras analiza los pasos a seguir, pero el problema para Kicillof no está solamente en el monto que está en discusión. La estrategia que adopte frente a este acreedor puede ser seguida de cerca por otros tenedores que tampoco ingresaron al canje de 2021 y que podrían interpretar una eventual negociación como una señal para avanzar por la misma vía.

De esta manera, el Gobierno bonaerense intenta sostener sus políticas prioritarias mientras enfrenta una combinación de caída de recursos, mayores costos, compromisos financieros y una economía que golpea la recaudación propia, al mismo tiempo que debe decidir qué programas continuar, cuáles reducir, qué recortar y dónde concentrar el presupuesto. El desafío a resolver para Kicillof es, aun cuando la Provincia consiga explicar que parte de las restricciones responden al ajuste de Milei, amortiguar el impacto político de las medidas que toma ante la escasez de fondos.

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