La Procuración aclaró el vínculo de Albertina Mangini y reveló que está suspendida
Desde el Ministerio Público bonaerense aclararon que la funcionaria pertenece a su planta, pero que funcionalmente depende de la Fiscalía de Cámara de La Plata. Además, precisaron que enfrenta un proceso disciplinario paralelo a la causa penal y detallaron qué ocurrirá si finalmente es condenada.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La detención de Albertina Mangini abrió una discusión sobre su relación con los organismos de la provincia de Buenos Aires y sobre el lugar desde el que desarrollaba sus tareas. Desde el Gobierno afirmaron que no depende del Poder Ejecutivo, pero llegó la respuesta aclaratoria desde el Ministerio Público Fiscal y afirmaron que está suspendida.
Desde la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, comandada por Julio Conte Grand, precisaron a La Tecla qué lugar ocupa dentro de la estructura judicial y qué medidas adoptaron frente a la investigación penal. En ese sentido, detallaron que “es de la planta del Ministerio Público, se desempeña en la oficina de coordinación con el Patronato de liberados y funcionalmente depende de Fiscalía de Cámara de La Plata”. Además, remarcaron que “es esa Fiscalía de Cámara la que le asignó la función”.
La aclaración permite precisar el vínculo institucional de la funcionaria con la oficina desde la cual desarrollaba sus tareas. Así dieron a conocer que Mangini no pertenece a la planta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que forma parte del Ministerio Público y depende funcionalmente de la Fiscalía de Cámara de La Plata.
El caso tomó relevancia luego de que la acusada fuera detenida en el marco de una investigación por una presunta organización que habría utilizado datos personales y biométricos de personas que habían pasado por el sistema penal para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover alrededor de $27.000 millones. Según la investigación, la maniobra habría utilizado información de personas vinculadas con el Patronato de Liberados.
Los datos personales y biométricos habrían sido empleados para generar cuentas digitales que luego quedaban bajo control de terceros y eran utilizadas para recibir y transferir dinero. La causa también tiene entre sus imputados a Ignacio Leonel Marchioni, cuyo nombre aparece en otra investigación de relevancia, la causa Sur Finanzas.
En medio de la repercusión del caso, el gobernador Axel Kicillof salió a cuestionar las versiones que ubicaban a Mangini dentro del Poder Ejecutivo bonaerense. Entonces, afirmó que “la persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”.
El mandatario también cuestionó a los medios que difundieron la información y sostuvo que “Pese a la desmentida realizada, eligieron continuar titulando en tapa del diario de hoy de manera ambigua para sostener la mentira. Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia”. Luego apuntó directamente contra el diario al que hizo referencia en sus críticas, donde tiempo atrás había publicado una columna sobre Adam Smith. “Se nota mucho, Clarín”, sentenció.
En la misma línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, sostuvo que “la funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Es una funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia”.
También remarcó que “no tiene absolutamente nada que ver con el poder ejecutivo provincial. El primer medio platense que cometió el error corrigió inmediatamente la noticia. La salida a coro en medios nacionales sin un solo chequeo ni consulta, se parece más a una operación berreta que a periodismo. Sus operaciones los dejan siempre despreciando a la verdad y usando a las víctimas”.
La Procuración General, por su parte, aportó un dato que hasta ahora no había quedado expuesto con el mismo nivel de detalle. La situación de Mangini ya había generado la apertura de un procedimiento disciplinario dentro del Ministerio Público.
Desde el organismo explicaron que “iniciamos en su momento un procedimiento disciplinario, que tramita en la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General, que va en paralelo con la causa penal”. A su vez, aclararon cuál es el alcance institucional de ese proceso. “no cabe juicio político porque no es magistrada sino funcionaria”.
De esta manera, la situación de Mangini se tramita actualmente por dos vías diferentes. Por un lado, avanza la causa penal que investiga su presunta participación en la organización. Por otro, dentro de la Procuración General se desarrolla un procedimiento disciplinario destinado a determinar si corresponde aplicar alguna sanción. En ese sentido, desde el Ministerio Público señalaron que “tramita el proceso disciplinario hasta que se defina si cabe una sanción y sin perjuicio de ello si la condenan penalmente corresponde la exoneración”.
La Procuración explicó además cómo funciona el mecanismo disciplinario cuando existe una investigación penal contra un funcionario. “Conforme a reglamento cuando hay causa penal se inicia un disciplinario que va siguiendo el derrotero de la investigación penal. Ni bien comenzó la investigación fue suspendida en el ámbito disciplinario en atención a la gravedad de los hechos imputados”.
Es decir que Mangini ya había sido suspendida desde febrero de 2025 dentro del ámbito disciplinario como consecuencia de la investigación penal y de la gravedad de los hechos que se le atribuyen. Desde la Procuración detallaron que “esa suspensión es cautelar y renovable cada 90 días. Una vez que es citada a declaración del art. 308 CPP (indagatoria) se aplica una suspensión no renovable que dura hasta la finalización de la causa penal”.
