A contramano del reclamo de los intendentes y el proyecto del gobierno de Kicillof, la Comisión Provincial por la Memoria cuestionó fuertemente la idea de consolidar los cuerpos de seguridad en manos de los municipios. “Estas experiencias nunca son buenas”, dijo su titular.

Oposición a las patrullas municipales: “Están para perseguir a la gente de la calle”

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En momentos en que el gobierno de Axel Kicillof y los intendentes de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires parecen estar de acuerdo en avanzar en una ley que les dé a los municipios mayor potestad sobre el control de la seguridad y consolide la gestión de fuerzas municipales, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanzó una dura advertencia en oposición a la idea, porque en la práctica estas fuerzas se dedican a perseguir a quienes viven o trabajan en la calle.

La existencia de guardias urbanas o patrullas municipales (se emplean distintos nombres para designar a lo mismo) posibilita “el incremento de la violencia estatal o institucional”, advierte la CPM en su informe anual sobre derechos humanos y violencia institucional en la provincia de Buenos Aires, que este año incluye una parte dedicada a analizar el funcionamiento concreto de las fuerzas de seguridad municipales.

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Javier Alonso, realizó encuentros con intendentes en todas las secciones electorales de la provincia para trabajar en el borrador de lo que será un proyecto oficial para modificar la Ley de Seguridad Pública. Un punto que reclaman los jefes comunales, y que captura el borrador, es la solidificación del esquema de patrullas municipales. Para Roberto Cipriano García, director ejecutivo de la CPM, es una muy mala idea.

“Estas experiencias nunca son buenas”, dijo Cipriano García a La Tecla. “Nosotros no estamos de acuerdo con una política donde cada municipio tenga su policía. Yo creo que esto va a traer muchos problemas y dificultades”.

Roberto Cipriano García

Entre los motivos de su oposición, el representante de la Comisión mencionó cuestiones de organización práctica, como el “aislamiento” de los cuerpos entre sí y las dificultades para determinar qué fuerza debe intervenir, pero sobre todo criticó la extensión de prácticas represivas que van más allá de la prevención del delito.

“Las guardias urbanas están para perseguir a los trapitos, cuidacoches y personas en situación de calle. Esto es lo que sucede en la práctica. Y pasa en todos los municipios, de todos los signos políticos”, dijo Cipriano García.

“El problema”, explicó el activista en derechos humanos, “es cuando se conceptualiza al trapito como delincuente, por ejemplo. Es una idea que está presente en la gente, pero también se genera desde la política”.

En un comunicado que lanzó al presentar su informe, la CPM enfatizó que “las nuevas patrullas municipales se conjugan con la policía bonaerense para reforzar el paradigma securitario del espacio público. Por fuera de todo marco legal, estas patrullas se arrogan funciones policiales para cumplir lo que parece su misión: echar de los centros urbanos a las personas que viven o trabajan en la calle, consolidando la guetización o segregación territorial de estos grupos”.

El trabajo de la Comisión recoge casos de violencia y represión ejercida por cuerpos municipales de seguridad en diversos distritos, y además puntualiza que estos grupos fueron creados y dotados de atribuciones forzando la interpretación legal del Código Procesal Penal bonaerense, yendo en sentido contrario a la Constitución Nacional y a la de la Provincia, y justificando incluso, en algunos casos, la asignación y uso de armas de fuego por parte de los agentes municipales.

En muchos casos la misión de estas guardias urbanas es la “persecución de la pobreza”, advierte el informe, que también subraya que su creación comenzó como una respuesta al “fracaso” de las policías locales nacidas durante el gobierno de Daniel Scioli.

ROSCA ATR

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