El espacio en el Senado presentó un pedido de informes al ministro Javier Alonso, al advertir “distorsiones” en las mediciones bonaerenses. Aseguran que más de la mitad de las denuncias en la plataforma “Mi Seguridad” no contaron con encuadre jurídico por parte de las fiscalías.

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Los libertarios en la Legislatura bonaerenses solicitaron explicaciones al gobierno de Axel Kicillof acerca de la metodología utilizada por el ministerio de Seguridad para elaborar las estadísticas oficiales del delito.

A través de un proyecto que lleva la firma del presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Carlos Curestis, el espacio pidió información acerca del funcionamiento de la plataforma de denuncias en línea “Mi Seguridad” y en el destino estadístico de esas causas, en particular el total de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) entre 2023 y 2025.

Según el texto de la iniciativa, más de la mitad de las denuncias online 122.867 casos- permanecieron el año pasado bajo la categoría de “tipificación provisoria”, sin que las fiscalías les asignaran un encuadre jurídico en el Código Penal.

“Más de 100.000 casos habían ingresado al sistema categorizadas por los propios denunciantes como delitos de robo y hurto. De haberse incorporado esas causas al cómputo regular, las estadísticas de delitos contra la propiedad podrían haber sido hasta un 36% superiores a las cifras publicadas para el período”, afirmó el legislador violeta.

En el pedido de informes, Curestis reclama conocer qué proporción de las presentaciones recibidas en 2024 y 2025 fueron efectivamente ratificadas y cuántas seguían sin tipificación penal asignada por las fiscalías a septiembre de 2026.

También solicitó las “causas técnicas y normativas” por las cuales las denuncias con categoría seleccionada por el denunciante no son recaratuladas por las fiscalías con la tipificación penal correspondiente.

“Mi Seguridad” es un sistema del Ministerio Público, a cargo del procurador general Julio Conte Grand, que permite formular denuncias penales o reportes a través de la web o de una aplicación móvil. Tras la presentación, el sistema indica la fiscalía interviniente y otorga un plazo de cinco días hábiles para que el denunciante ratifique la acusación de manera presencial.

Los libertarios criticaron que la única vía para ratificar una denuncia digital sea la concurrencia personal a la fiscalía dentro de ese plazo. “Si no se completa ese paso, los fiscales pueden archivar la causa sin más trámite”, sostuvieron.

En el mismo marco, pidió al Ejecutivo bonaerense que informe los mecanismos de auditoría, control y seguimiento establecidos para verificar que las denuncias ingresadas por la plataforma sean procesadas, encuadradas jurídicamente y resueltas en un plazo razonable.

“Las estadísticas del delito constituyen la base sobre la cual se diseñan las políticas de seguridad, se asignan recursos policiales y se evalúa la gestión del gobierno provincial. Cuando más de 100.000 presuntos robos y hurtos denunciados por ciudadanos quedan fuera de ese registro, la fotografía oficial de la inseguridad resulta doblemente distorsionada”, remarcó el legislador.

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