Vecinos denunciaron ser víctimas de usurpación de identidad por parte de la Comuna. Cobraron cheques en su nombre, pero ellos nunca prestaron servicios al Estado. Sospechas de malversación en un distrito más que polémico

A mediados de 2018, mientras estaba en Córdoba, Damián Villarreal recibió un llamado. Era su exmujer, quien le reclamaba que ANSES había cortado la Asignación Universal a uno de los hijos que tienen en común. Según le habían explicado desde el organismo previsional, Villarreal era empleado de la Municipalidad de La Costa desde noviembre de 2017 y, por eso, su situación no encuadraba como beneficiario del plan social. El reclamo de su expareja lo desconcertó: él nunca había trabajado para el Municipio. Es más, no tenía trabajo desde hacía tiempo, por eso se había mudado.

Creyendo que se trataba de un error administrativo, el hombre volvió al partido de La Costa y se acercó a las oficinas de ANSES. Allí, no sólo ratificaron lo que le habían dicho a su exmujer, sino que le entregaron una copia de los aportes que recibió durante ese año. Estaba más que claro: era empleado público, contratado por la Municipalidad de La Costa, aunque sin Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Esta modalidad de contratación, que ya no existe, fue denominada “destajista”. Abarca a aquellos empleados que se encargan del barrido y limpieza del espacio público, prestación por la que reciben entre 5 y 7 mil pesos. “Nunca fui empleado de esta Municipalidad, ni de ningún órgano estatal; nunca desempeñé actividades de ningún tipo en esa institución ni presté servicio alguno a la misma”, declaró Villarreal ante la Justicia. “Alguien está utilizando mi nombre y firma para cobrar un dinero que, me han dicho, se percibe mediante cheque”, señaló.

Pero ¿cómo podía ser que su nombre figurara en los listados oficiales del Gobierno y que él nunca haya trabajado para la Municipalidad? Según pudo reconstruir la concejala de “A Toda Costa”, Evangelina Cordone, se trata de una maniobra escandalosa por la que la gestión a cargo de Juan Pablo de Jesús usurparía la identidad de vecinos del partido, los haría pasar como empleados y “alguien” cobraría en su lugar.

Con la información de ANSES, Villarreal y Cordone se acercaron a la oficina de Recursos Humanos, que maneja Manuela Castro, hija de la senadora Gabriela Demaría -ex jefa de Gabinete del intendente De Jesús-, pero no obtuvieron respuesta. Intentaron en Tesorería, para constatar la existencia de algún cheque de cobro, pero corrieron la misma suerte.

“Como no nos atendieron, lo acompañé a hacer la denuncia por usurpación de identidad y malversación de fondos”, relató la edil Cordone en diálogo con La Tecla. La denuncia fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (UFEC) de Dolores, a cargo de Mario Pérez, quien solicitó una inspección y allanamiento en las oficinas de la Municipalidad, don-de, entre otras cosas, obtuvieron la copia del cheque firmado por Villarreal. La firma, sin embargo, no es suya.

“Al mes de la denuncia, la Municipalidad le hace un sumario administrativo a Villarreal, en el área de Legales (a cargo de Pablo Ferrario), donde supuestamente le hacen decir que trabajaba en la Municipalidad desde 2011, llevando bolsas de comida, asistiendo en un merendero. Y lo firman, tan burdamente que lo hacen con una sola R, y ponen que tiene dos hijos, cuando, en realidad, tiene tres. Le trucharon la firma de nuevo”, reveló Cordone.

Pero Villarreal no sería la única víctima. De acuerdo a la información que aportó el denunciante ante la fiscalía, hay al menos 124 personas que figuran en el listado de empleados municipales, contratados bajo la misma modalidad, que nunca prestaron sus servicios. “Hemos tomado algunas declaraciones. Son más de cien personas las que están en un listado en la misma categoría”, reveló el fiscal Pérez, y adelantó que el próximo paso es de-terminar quién cobró en nombre de ellos. Claro, alguna persona, con la complicidad de un cajero del Banco Provincia, se presentó en las oficinas de la entidad financiera y recibió el dinero sin DNI, o con el mismo adulterado.

Por ahora, la investigación judicial sólo analizó los casos de los llamados “destajistas” que trabajan bajo la órbita de la dirección de Abordaje Territorial, al mando de Guillermo Chirino, uno de los referentes de Unidos y Organizados.

Son varios los supuestos empleados que negaron haber recibido dinero del Municipio. Damián Mancilla, Rodrigo Marredo, Micaela Barraza, Carlos y Maximiliano Avella son sólo algunos de los nombres que figuran en la declaración testimonial a la que accedió La Tecla.

Pero falta analizar los casos de los contratados, los de planta transitoria y los de planta permanente. “Nosotros no tenemos acceso a la información de cuántos empleados hay en el partido de La Costa, a pesar de que lo requerimos en varias oportunidades”, expresó la concejala de “A Toda Costa”.

No es la única. El propio Tribunal de Cuentas de la Provincia, en su último fallo, marcó la misma irregularidad. No hay datos certeros de cuántos empleados tiene el partido. Además, el organismo de control observó que en 2017, la Comuna abonó haberes al personal con cheques, sin utilizar el depósito en cuentas sueldo, a la vez que se registraron bonificaciones liquidadas sin practicarse las retenciones y aportes a IOMA e IPS.

“Acá, no hay trabajo genuino, no se ha generado un puesto de trabajo en treinta años. Por eso, la mayoría vive del Estado municipal. Esto es clientelismo político puro, y la gente lo necesita. La gente se muere de hambre en el partido de La Costa”, aseveró. Por último, Cordone apuntó: “Es una aberración lo que hacen, y en todo está Juan Pablo (De Jesús). Quien crea que no sabe nada, está equivocado”.

En qué quedó el derrumbe del Espacio de Santa Teresita

El 2 de marzo de 2018, la obra del Espacio Multicultural de Santa Teresita se vino abajo y dejó bajo los escombros a seis obreros, que perdieron la vida en el acto. Rápido de reflejos, el Municipio se presentó (sin suerte) ante la Justicia como particular damnificado. Casi un año más tarde, en febrero de 2019, la fiscalía UFID Nº 1 de Mar del Tuyú, a cargo de Gustavo Mascioli, firmó un acuerdo de penas entre las partes; es decir, entre los familiares de las víctimas, la Municipalidad de La Costa y la empresa a cargo de la construcción, Grupo Perfil.

El acuerdo, según pudo saber La Tecla, incluyó penas de prisión en suspenso, reglas de conducta e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entre los funcionarios que fueron encontrados responsables están Juan Pablo García, secretario de Obras Públicas, y el director del área, Danilo Taranti. En tanto, Víctor Chirico, dueño de la empresa, también fue penado y debió hacerse cargo de las indemnizaciones, que llegaron a cinco millones de pesos por familiar.

Según denunciaron desde la oposición, fue el propio intendente, Juan Pablo de Jesús, quien “les puso” el abogado Alejandro Kim a los allegados de las víctimas, “que los envolvió y les hicieron firmar la desestimación de la causa penal”. “Las personas que firmaron el acuerdo recibieron dinero para declararse culpables. Porque si sos inocente vas hasta las últimas consecuencias. Son cerca de 42 millones de pesos en total. Y nosotros pagamos todo eso, porque Perfil es insolvente”, denunció la concejala Evangelina Cordone.

El acuerdo fue remitido por la fiscalía descentralizada al Juzgado Correccional N° 2 de Dolores, de Emiliano Lázzari (del Cuerpo de Magistrados Suplentes), quien debe homologarlo o no para iniciar un juicio abreviado. El acuerdo no se giró hasta que los familiares de las víctimas no prestaron su consentimiento. Si bien desde el juzgado se negaron a dar precisiones de la causa, según pudo saber este medio, daría el visto bueno en las próximas semanas.

La relación entre el hecho luctuoso y los “empleados fantasma”

En el fallo emitido este año, correspondiente a la Rendición de Cuentas de 2017, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia dejó en evidencia serias irregularidades en el manejo de fondos de la Comuna y vinculó dos hechos escandalosos que tuvieron lugar en los últimos meses.

Por un lado, el organismo de control detectó la falta de órdenes de pago por $2.059.795 a la empresa Grupo Perfil S.R.L., encargada de la construcción del Multiespacio de Santa Teresita, cuya losa se derrumbó sobre seis obreros, provocándoles la muerte. A raíz de ello, el organismo no se pronunció al respecto, a la espera de que los responsables puedan aportar las pruebas necesarias.

Por otro lado, el Tribunal sancionó al intendente y a varios de sus funcionarios por abonar haberes al personal municipal con cheques, sin utilizar el depósito en cuentas sueldo; a la vez que se registraron bonificaciones liquidadas sin practicarse las retenciones y aportes a IOMA e IPS.

Quiénes son los principales funcionarios implicados

Por el momento, la investigación apunta como partícipe necesario de la maniobra ilícita al director del área de Abordaje Territorial, Guillermo Chirino. El funcionario es uno de los principales referentes de la agrupación kirchnerista Unidos y Organizados, y sobre quien pesa el mote de “puntero” del distrito. En 2007 fue candidato a intendente del Partido de La Costa, pero perdió frente al actual jefe comunal, Juan Pablo de Jesús, quien lo premió con el cargo en el Municipio.

Asimismo, Laura Nieves, directora de Centros Comunitarios, quedó sumamente implicada en la denuncia. Según consta en el sumario administrativo iniciado a Damián Villarreal (que él aduce que es falso), se declara que se autorizó a Nieves a retirar los cheques del damnificado para no tener que viajar hasta Santa Teresita. “Después ella me lo da para que yo lo cobre en el Banco”, reza la declaración presuntamente adulterada, firmada por el
secretario Legal de la Municipalidad, Pablo Ferrario.

El silencio del Municipio con un intendente intocable

La Tecla intentó, sin suerte, obtener la postura del Municipio de La Costa en las denuncias por usurpación de identidad y malversación de fondos públicos. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, la gestión que conduce Juan Pablo de Jesús optó por el silencio.

Llamativamente, el jefe comunal peronista logra sortear a la Justicia, y quienes pagan los costos de las serias irregularidades detectadas en el distrito son sus funcionarios. Claro ejemplo de ello fue el acuerdo al que llegaron con los familiares de las víctimas del derrumbe del Espacio Mul-ticultural de Santa Teresita.

“Es demasiada la corrupción, y está a la vista de todos. El Tribunal de Cuentas, hasta el momento, no ha hecho nada”, señaló la concejala Cordone.

Cabe resaltar que el organismo de control cuenta ahora con una nueva composición. El fallo de 2017, por caso, fue firmado por los nuevos vocales, entre quienes se encuentra Juan Pablo Peredo. Oriundo de Tandil, ingresó en el Tribunal impulsado por Martín Insaurralde, y hasta es señalado como el “celestino” del romance del lomense con Jésica Cirio. De Jesús, por caso, ofició de testigo del casamiento entre ambos, tanto en el Registro Civil como en la ceremonia posterior.

El estado de la causa, los sospechosos y los pasos a seguir

La causa iniciada por Daniel Villarreal quedó asentada en la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Corrupción de Funcionarios Públicos (UFEC) de Dolores, a cargo de Mario Pérez, quien, junto al secretario Gustavo Torres, se encuentra a cargo de la investigación por remisión de la UFID N° 1, del mismo departamento judicial.

Según pudo saber La Tecla, la causa está pendiente de tareas investigativas tendientes a verificar la cantidad de damnificados (testimoniales y tareas de inteligencia), como así también de pericias (la más próxima, una pericial caligráfica sobre documentación secuestrada).

Si bien aún no se ha determinado el número de personas damnificadas por la maniobra ilícita, a la fecha son cuatro las confirmadas (Villarreal y tres más).

“Se practicaron órdenes de presentación en dos oportunidades y se aportó Sumario Administrativo y Legajos de posibles víctimas, entre ellas, el de Villarreal, entre otra información”, precisó el propio fiscal Pérez a este medio. En este sentido, el letrado adelantó que aún restan llevarse adelante diligencias, como una pericia contable, para poder determinar cuál fue de manera exacta (o aproximada) el perjuicio al erario público y dónde está el dinero faltante.

“Si acreditáramos el destino del dinero tendríamos más clara la responsabilidad de otras personas en el evento. Por el momento existen indicios de autoría respecto de responsables del área de Abordaje Territorial del Municipio de La Costa (a cargo de Guillermo Chirino), el resto sigue bajo investigación”, aseguró.

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