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19 de mayo de 2019
POR POLLERA Y LA GIOIOSA

Cuestión de prioridades

Eisenhower, presidente de Estados Unidos entre 1953 - 1961, sostenía qe existían dos tipos de problemas: los urgentes y los importantes. Sin embargo, lo urgente no necesariamente es importante. Lo importante muchas veces no resulta urgente, pero se tiende a centrar en temas que son importantes y urgentes a la vez.

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Eisenhower, presidente de Estados Unidos entre 1953-1961, sostenía que existían dos tipos de problemas: los urgentes y los importantes. Sin embargo, lo urgente no necesariamente es importante, lo importante muchas veces no resulta urgente, pero se tiende a centrar en temas que son importantes y urgentes a la vezFrente al actual contexto de emergencia general (social, alimentaria y productiva), la ausencia del estado provincial no sólo agrava la situación en el territorio bonaerense, sino que resulta una decisión política que fuerza a los municipios a multiplicar sus esfuerzos en contener las demandas para evitar un estallido social, ya que son los niveles subcentrales de gobierno quienes están más próximos a los ciudadanos y a sus problemáticas.

Advertidos de una crisis anunciada y autogestada, que aún no encontró su piso, desde 2016 los gobiernos locales vienen desplegando acciones y estrategias conjuntas para atenuar las consecuencias derivadas del plan de ajuste de los gobiernos nacional y provincial.

No obstante, las capacidades de respuesta de los distritos se ven fuertemente limitadas puesto que mientras aumentan sus responsabilidades (aún de competencias ajenas),disponen de menores recursos (por caída de la recaudación) para resolver las demandas sociales en el marco de una economía caracterizada por aceleración inflacionaria, falta de crédito, destrucción del tejido productivo, aumento del desempleo y precarización laboral. Es decir, se traslada la administración de una crisis autoinfligida por el Gobierno Nacional a las administraciones municipales, en el marco de un proceso fuertemente recesivo y con un fuerte recorte del gasto fiscal descentralizado. En otras palabras, los gobiernos nacional y provincial “tiraron la crisis para abajo”, llegando más rápido a los bonaerenses y dejando a los municipios desfinanciados frente a reclamos urgentes y crecientes.

La desfinanciación de los gobiernos locales ha sido un eje rector de la política de la gestión “Cambiemos” durante su mandato. La autarquía económica de los municipios se ha visto lesionada por diferentes vías como la supresión del Fondo de Infraestructura Municipal de libre disponibilidad; el cese de la coparticipación de los derechos de exportación a través del Fondo Federal Solidario; el traspaso parcial del impacto de los aumentos tarifarios a partir de la provincialización del servicio de transporte, agua y electricidad en el Área Metropolitana; la baja del Coeficiente Único de Distribución (CUD) en los municipios de mayor población (sobre todo en aquéllos que cuentan con efectores de salud propios) y la adhesión de la Provincia a la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional que recorta el principal recurso provincial coparticipable a los municipios, que es el Impuesto a los Ingresos Brutos.

Los Gobiernos Municipales sólo por estos conceptos han perdido más de 100.000 millones de pesos anuales, a los que hay que adicionarles el recorte sufrido en la provisión de bienes y servicios nacionales y provinciales como obra pública, salud, educación y seguridad, aunque a decir verdad dicho recorte no ha sido lineal sino que estuvo fuertemente signado por la filiación política de la gestión municipal.

En este contexto, exigirle a un gobierno provincial que resuelva una crisis de tamaña magnitud y que tiene su origen en políticas fundamentalmente nacionales, sería tan descabellado como exculparlo de su inocultable complicidad política.

Sin embargo, existen responsabilidades a nivel provincial que denotan la inexistencia de medidas contracíclicas y la ausencia de incentivos al desarrollo de nuevas capacidades productivas. Esta situación se vio reflejada por un lado en lo institucional, con el paso de tres ministros de producción provinciales y con el cargo vacante durante más de 6 meses, y por otro, tanto en los recortes de las partidas presupuestarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del Entre Administrador Astilleros Rio Santiago, del Fondo Provincial de Puertos, como en la falta de herramientas de incentivo como líneas de financiamiento para pymes, promoción de agrupamientos industriales y demás políticas, que podrían incluso ser concebidas e instrumentadas a partir de una acción mancomunada con los gobiernos locales.

Esta inacción institucional y propositiva del gobierno provincial ante la crisis, trasladó sus efectos nocivos a los bonaerenses en un territorio que representa más del 50% del Valor Agregado Industrial y que tiene más del 30% del total de PyMES nacionales.

Aun suponiendo un contexto económico más alentador en el mediano plazo, resulta difícil vislumbrar una senda de desarrollo sostenible sin que sea el Estado en sus diferentes niveles quien lidere el proceso de transformación. Puntualmente, que se deberán resolver las heterogeneidades territoriales de la provincia de Buenos Aires (demográfica, social, fiscal, productiva, salarial, entre otras) que generan migraciones selectivas hacia las áreas de mayor desarrollo, congestionando las urbes y coartando el desarrollo de las regiones periféricas.

Como corolario y en un tono ya netamente propositivo, puede señalarse que una agenda de desarrollo de los municipios debe contemplar el despliegue de una estrategia multidimensional que abarque factores claves como la constitución de un Fondo de Desarrollo que los dote de mayor autonomía financiera; la sanción de un régimen de promoción de inversiones productivas que priorice a las PyMEs; la creación de una agencia que promueva la centralización de los requerimientos de apoyo del sector productivo y articule los diferentes regímenes y programas vigentes para abordarlos; el apuntalamiento de la infraestructura productiva a través de la dinamización de la política portuaria, de la instalación de parques industriales y de la conformación de corredores productivos; el financiamiento de los consorcios de municipios en búsqueda de complementariedades productivas; y el impulso a la economía popular en proyectos productivos mano de obra intensivos.

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