5 de agosto de 2020
CUMBRE
Con el acuerdo nacional cerrado, Provincia ultima detalles para renegociar su deuda
El gobernador y el ministro de Hacienda bonaerense estuvieron anoche en Casa Rosada con Cafiero y Guzmán luego de que se oficializara el acuerdo con los bonistas. Ahora, le toca a Kicillof, quien extendió el plazo de negociación hasta el 14 de agosto.
El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Hacienda de la Provincia, Pablo López, estuvieron anoche en Casa Rosada para mantener un encuentro con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, horas después de que se anunciara de manera oficial el acuerdo de reestrcturación de deuda con los principales acreedores.
La reunión, que tuvo lugar en horas de la noche, tuvo como objetivo avanzar en un plan de impulso productivo para la pospandemia y, a la vez, se aprovechó para ultimar detalles en la negociación que el Gobierno bonaerense pretende cerrar ahora con sus propios tenedores de bonos.
Tal como publicó LaTecla.Info, el lunes Kicillof extendió (por quinta vez) el plazo para sumarse a la propuesta de reestructuración de deuda provincial bajo legislación extranjera hasta el próximo 14 de agosto. El vencimiento había operado el pasado viernes, por un monto total de 7.148 millones de dólares con tenedores de bonos de la deuda provincial.
Desde el ministerio de Economía, que conduce Pablo López, aseguraron que “continuaremos manteniendo conversaciones con los acreedores, a quienes les reiteramos el compromiso con las deudas asumidas, pero siempre bajo un esquema de repago que resulte sostenible en el tiempo”.
La oferta de la Provincia incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la intención de reducir en $5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030.
El interés se incrementará escalonadamente en el tiempo hasta un cupón máximo de 5,375% a partir de 2026, para las opciones en dólares, y 3,875% para los euros.
En este contexto, con el acuerdo nacional cerrado y el fantasma del default fuera de escena, desde Provincia se entusiasman con la posibilidad de seguir los pasos de Guzmán. Es que, tal como lo graficó a este medio un ex funcionario del gobierno de Vidal, "la Provincia de Buenos Aires va atrás de Nación".
A la par de la negociación con los acreedores, el oficialismo bonaerense buscará aprobar este jueves en la Legislatura un nuevo pedido de endeudamiento luego del intento fallido de la semana pasada. A pedido de la oposición, el proyecto fue girado a comisión, donde obtuvo dictamen de minoría, por lo que se estima que no habría mayores inconvenientes para que sea tratado mañana.
“Se votó el texto original y se seguirán conversando las modificaciones, que no se introdujeron ahora porque siguen siendo herramienta de negociación del oficialismo”, le dijo a La Tecla uno de los asistentes.
Una de las cosas que se había acordado de antemano y que ahora parece volver a foja cero es el plazo para que los intendentes devuelvan el dinero que les prestó la Provincia para atender necesidades financieras durante la pandemia.
La oposición reclama incrementar el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) con el dinero que ingrese por los nuevos empréstitos. Este fondo constituye uno de los puntos más conflictivos, ya que Juntos por el Cambio metió en esta negociación el reclamo porque el Gobierno no cumplimentó el desembolso de los 2.000 millones de pesos que se habían acordado cuando se prorrogó el Presupuesto 2019 y se incluyó una autorización de endeudamiento. El Ejecutivo dice que ese dinero no se entregó porque los créditos finalmente no se pidieron, y desde la otra vereda aducen que el FIM era independiente de si se tomaban los empréstitos o no.
También reclaman desde Juntos por el cambio un detalle de las obras que se verán afectadas por la reasignación de partidas que consigna la nueva ley, y a qué se va a destinar ese dinero. Y finalmente, requieren un detalle de cuáles son las obras y los montos que se realizarán con los 500 millones de dólares que se pedirán a los organismos multilaterales de crédito.