La Tecla
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Las multas por las infracciones de tránsito cometidas luego del 1 de diciembre siguen llegando a los domicilios de los titulares de los vehículos, pese a que las mismas no cumplen con un requisito indispensable para tener validez: el aval de una comisión mixta que fue creada precisamente para evitar arbitrariedades.
Conforme consignó La Tecla Mar del Plata (www.lateclamardeplata.com.ar), el origen del conflicto se remonta a fines de 2017, cuando tras meses de debate el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 23.484 donde el Ejecutivo suscribió un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTC) – Regional La Plata para la implementación del sistema de fotomultas. Para su aprobación, el propio HCD impuso una condición: la conformación de la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución de Convenio de Fotomultas, un espacio integrado por tres concejales y dos funcionarios del Ejecutivo.
Su rol sería el de evaluar la correspondencia de las multas, pero tenía un trasfondo aún mayor: la UTN no presentaba buenos antecedentes en convenios similares con otros municipios, por lo que se quería seguir de cerca el proceso donde los dividendos serían repartidos en un 50% para General Pueyrredón y el otro 50% para la universidad pública.
Marcelo Carrara, Cristina Coria y Santiago Bonifatti, por el lado del HCD, y Claudio Cambareri y Marcos Basualdo, por el Ejecutivo, fueron sus integrantes iniciales, quienes hasta fines de noviembre de 2019 analizaban –por muestreo- hasta 1.000 multas semanales. Los rechazos por irregularidades era moneda corriente, donde se observaban tanto multas donde no se podía corroborar la patente de los vehículos, como excesos de velocidad dentro del rango de tolerancia del 10%.
Entre las versiones contradictorias de un retiro de la UTN del convenio más el cambio de gobierno, la comisión se desactivó en diciembre del año pasado. Dos de los concejales cesaron en sus mandatos, Arroyo no fue reelecto y Coria renunció. En ese marco de incertidumbre, la actuación del Ejecutivo ya con Montenegro en el gobierno poco aportó a la situación. El gobierno nunca propuso a sus integrantes, mientras que desde el Concejo Deliberante se esperan movimientos.
El rol de Santiago Bonifatti, convertido de concejal opositor a Cambiemos a funcionario de primera línea de Juntos por el Cambio, comenzó a estar bajo la lupa. Conocedor de las peripecias del sistema de fotomultas al integrar la comisión mixta pasó a ser, desde la Secretaría de Gobierno, el funcionario con injerencia en la materia.
“Si la UTN decide retirarse, este convenio estaría caído y deberemos ir hacia un proceso diferente, como una licitación o un convenio con otra universidad para poder llevar adelante el sistema”, declaró el líder de Sumar a comienzos de año, aportando poca claridad sobre si efectivamente la UTN había resuelto la extinción del contrato de manera unilateral. Poco antes, en el marco del debate del presupuesto, había informado que en 2019 la UTN planteó retirarse del convenio, aunque la postura no estaba firme y su rector Carlos Fantini presentaba “ambigüedades” cuando era consultado al respecto.
La situación pasó a mayores cuando concejales de las diversas bancadas comenzaron a constatar que, pese a que la comisión estaba inactiva, las fotomultas seguían llegando a los domicilios de los marplatenses y de los turistas infractores en el resto del país. Ello, están confiados en el HCD, pondrían en evidencia tanto a los funcionarios municipales, con Bonifatti a la cabeza, a quienes podrían caberle el delito de incumplimiento de los debates de funcionario público. En tanto, también se miraría con atención del rol de los Tribunal de Faltas, desde donde se consolidan las multas.
Una primera señal del descontento del Concejo se cristalizó en mayo, cuando se aprobó un pedido de informes impulsado por la oposición. En los últimos días quien salió a la carga fue el radicalismo, con Vilma Baragiola a la cabeza. En un nuevo pedido de informes se busca saber el estado actual del Convenio, la cantidad de fotomultas desde el 1 de diciembre de 2019 y por qué se ejecutaron si no fueron aprobadas por la Comisión de Seguimiento. También se apunta contra CECAITRA, la empresa tercerizada quen presta el servicio a la UTN para la generación de fotomultas.
El expediente comenzará a ser debatido en las próximas semanas por la comisión de Transporte, mientras que fuentes legislativas consultas por La Tecla Mar del Plata ratificaron que sigue sin respuestas el pedido de informes aprobado oportunamente en mayo ni tampoco se recibieron notificaciones desde el Ejecutivo para la conformación de la comisión mixta.
La nueva presentación, en este caso de un bloque alineado al Palacio Municipal, volverá a abrir la polémica en torno a las fotomultas, su vigencia, la validez de las actas y el rol de Santiago Bonifatti, el político que pasó de controlar la regularidad del sistema a estar bajo la lupa