16 de diciembre de 2020
MAR DEL PLATA
Fotomultas: entre la falta de respuestas y el "peregrinaje" de los infractores
El secretario de Gobierno todavía no dio precisiones sobre la situación del convenio al que suscribió el municipio a fines de 2017. A pesar de que son inválidas, las multas se siguen cobrando y los conductores no tienen forma de defenderse.
La validez de las fotomultas sigue en el ojo de la tormenta con el paso del tiempo, con un cúmulo de situaciones irregulares que impactan de lleno en la ciudadanía, a la espera de respuestas por parte de la política.
Tal como ha informado La Tecla Mar del Plata en diversas ocasiones, este sistema de detección y cobro de infracciones de tránsito fue aprobado por ordenanza a fines de 2017, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 23.484 en la que el Ejecutivo suscribió un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTC) – Regional La Plata para la implementación de este programa.
Para su aprobación, el propio HCD impuso una condición: la conformación de la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución de Convenio de Fotomultas, un espacio integrado por tres concejales y dos funcionarios del Ejecutivo.
Su rol sería el de evaluar la correspondencia de las infracciones, pero tenía un trasfondo aún mayor: la UTN no presentaba buenos antecedentes en acuerdos similares con otros municipios, por lo que se quería seguir de cerca el proceso donde los dividendos serían repartidos en un 50% para el Municipio, 30% para la casa de estudios y 20% para la Provincia.
Marcelo Carrara (Agrupación Atlántica), Cristina Coria (UCR) y Santiago Bonifatti (Sumar), por el lado del HCD, y Claudio Cambareri (subsecretario de Transporte y Tránsito) y Marcos Basualdo (titular del Observatorio Vial), por el Ejecutivo, fueron sus integrantes iniciales, quienes hasta fines de noviembre de 2019 analizaban hasta 1.000 multas semanales. Los rechazos por irregularidades eran moneda corriente, donde se observaban tanto actuaciones donde no se podía corroborar la patente de los vehículos, como excesos de velocidad dentro del rango de tolerancia del 10%.
Entre las versiones contradictorias de un retiro de la UTN del convenio más el cambio de gobierno, la comisión se desactivó en diciembre del año pasado. Dos de los concejales terminaron sus mandatos; Arroyo no fue reelecto y Coria renunció. En ese marco de incertidumbre, la actuación del Ejecutivo ya con Montenegro mostró un avance casi nulo.
Mientras tanto, las fotomultas continúan llegando a los domicilios de los supuestos infractores sin tener validez alguna, dado que el mencionado organismo de contralor permanece fuera de funciones. En este berenjenal, asoma la responsabilidad de Bonifatti, ahora secretario de Gobierno, y quien tiene a su cargo todo lo vinculado al tránsito.
El funcionario, en reiteradas ocasiones a lo largo del año, fue interpelado por el Concejo a través de un pedido de informe sobre la situación actual del convenio que une a la comuna con la UTN, que a su vez contrata a Cecaitra.
Semanas atrás, justamente se aprobó un proyecto de comunicación, pero en el Legislativo no ha llegado ninguna respuesta por parte del secretario. Se trata de una omisión en la que también queda expuesto el presidente del cuerpo, Ariel Bordaisco, por no avanzar en un pedido directo y “cajonear” una demanda que involucra no sólo a la política, sino a los vecinos e incluso a los turistas que comenzaron a visitar la ciudad desde el inicio de la temporada, el 1 de diciembre.
Es que a pesar de que las multas no cuentan con validez, el Municipio sigue cobrando por las mismas, con un valor actual de $9.463,50. Los cinemómentros -dispositivos que miden la velocidad-montados en Félix U. Camet al 1800, en Constitución 6400, en Avenida de Los Trabajadores al 2600 y al 4950 y en el Boulevard Patricio Peralta Ramos 6430 continúan en su rol de detectar nuevas infracciones.
Según supo este medio, hay un desconcierto total entre los infractores. La ley provincial N° 13.927 establece que las sanciones deben ser notificadas en un lapso “no mayor a sesenta 60 días hábiles de la fecha de su comisión”. Sin embargo, ello no se cumple y el grueso de los conductores se topa con las mismas al momento de vender su automóvil.
En esa línea, tampoco hay derecho a defensa. En el Juzgado Municipal de Faltas no se reciben descargos en reclamo de multas mal cobradas. Algo que es una constante, con números y letras de patentes mal anotados o velocidades que no superan el 10% del rango de tolerancia, como se detalló.
Frente a los reclamos que se multiplican, la práctica que se hizo tendencia en el Juzgado de Faltas ha sido impulsar el “pago voluntario”: abonar el 50% del valor de la multa. La otra acción es enviar a quienes reclaman al Juzgado de Faltas de Provincia, generando un “peregrinaje” de personas por establecimientos públicos, sin solución alguna y con un descontento que se multiplica. La única alternativa hoy es contratar un abogado, con todo lo que conlleva y la dilación que implica lidiar con la Justicia.
Asimismo, la atención se dificulta por las complicaciones operativas de la dependencia municipal. Desde 2018, tiene tan solo 3 jueces titulares, mientras que se mantienen dos subrogantes en los juzgados N°2 y N°5. Mientras tanto, los infractores, sin saber a quién acudir, se acumulan diariamente en la dependencia de Garay 3136, donde, aseguran, permanecen varias multas por cobrar atrasadas.
Sin respuestas de Bonifatti sobre la situación actual del convenio, con infracciones inválidas que se cobran, las fotomultas acumulan cuestionamientos e incertidumbre de cara al futuro.