La oposición reclama la emergencia económica para el sector gastronómico
Juntos por el Cambio presentó un proyecto en Diputados que beneficia a restaurantes, bares, confiterías y cafeterias. También incluye a servicios de catering y salones de eventos. Sería por el término de un año.
El bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio pidió, a través de un proyecto de ley presentado en la Cámara Baja, la declaración de emergencia para el sector gastronómico de la Provincia.
La solicitud está basada en la grave situación económica que atraviesan bares y restaurantes bonaerenses a raíz de las medidas sanitarias dispuestas para frenar la ola de contagios de Covid-19.
De acuerdo con la iniciativa, la declaración de la emergencia tendrá validez por el término de un año a partir de su entrada en vigencia, tal como pidieron los diputados el año pasado para el mismo sector de la actividad económica.
En el texto, el proyecto establece que se consideran sujetos comprendidos a las personas, con independencia de su forma societaria o jurídica, que exploten establecimientos que se dediquen a la prestación de servicios de restaurante, bar, confitería o cafetería, de expendio de alimentos y/o bebidas para consumo dentro o fuera del mismo.
Además, incluye a los servicios de catering y salones de eventos que no hayan podido desarrollar total o parcialmente sus actividades debido a las restricciones impuestas por el gobierno nacional y provincial en el marco de la emergencia sanitaria.
Según datos aportados en la iniciativa, cerca del 60% de los gastronómicos había pensado en cerrar sus puertas en diciembre pasado, mientras que las alternativas de delivery o take away (retiro en el local) representan apenas un 15% de la facturación normal.
Además, señalan que las ayudas estatales actuales se limitan al Programa de Recuperación Productiva (Repro) de Nación, al que solamente accede el 5 por ciento de los empresarios de la actividad.
El proyecto de la bancada cambiemita propone, además, la prohibición para cortar o suspender la provisión de servicios públicos a quienes están demorados con el pago por el tiempo que dure la emergencia, otorgándoles facilidades para saldar las deudas.
Finalmente, reclaman la exención en el impuesto a los Ingresos Brutos, la eximición del pago de todo tipo de multas por infracción a los deberes formales y materiales en el impuesto a los ingresos brutos; la eximición de pago del Impuesto Inmobiliario a los titulares de los inmuebles destinados a la realización de estas actividades y la suspensión de ejecuciones judiciales por el incumplimiento de los pagos de los impuestos provinciales durante el plazo de un año.