El oficialismo y la oposición mantuvieron un tenso cruce durante el debate del proyecto que buscaba someter a un juicio a los cuatro magistrados que fallaron en contra de una demanda que buscaba garantizar una vacante para el nivel inicial.

Duros cruces entre los legisladores porteños por el pedido de juicio político a miembros del TSJ

Con información de Qué!

En el marco de una sesión sumamente tensa, los legisladores porteños del oficialismo y la oposición protagonizaron un fuerte cruce en el recinto. La discusión se dio en torno a un proyecto impulsado por el Frente de Todos, a través del vual se buscaba someter a un juicio político a los jueces del Tribunal Superior de Justicia: Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano, en relación un fallo por vacantes.

La medida fue bloqueada por Vamos Juntos y sus aliados, quienes no pudieron evitar el cruce de palabras en el recinto pero que a la hora de votar no acompañaron la iniciativa. Es que mientras desde la bancada conducida por Claudio Ferreño (FdT) aseguraban que el fallo del TSJ “ignoraba” lo establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 24, es decir, la obligatoriedad del Gobierno a garantizar el acceso a la educación pública.

“Esto provoca una limitación del ejercicio del derecho de niñas y niños siendo una grave vulneración que responde a una visión subsidiaria del Estado, la cual intenta relativizar derechos a favor de la educación privada y del desmantelamiento del Estado”, aseveron los opositores.

No obstante, desde VJ consideraron que el proyecto “no se corresponde con una modificación de las normas que dichos jueces y juezas aplicaron al momento de dictar sentencia o una declaración de este cuerpo respecto de dicha posición doctrinaria, sino a dar inicio al procedimiento de juicio político previsto en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en los Artículos 92, 93 y 94”.

Durante la exposición en el recinto, el diputado de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, afirmó que “la mayoría de la Comisión debatió este proyecto, evaluamos que hay que archivarlo. Acá no vamos a hacer una evaluación de las causas que podrían ser de mal desempeño, esto debería hacerlo la Cámara Acusatoria; tampoco debemos evaluar aquí acerca de la infraestructura escolar”.

Al mismo tiempo que explicó que “la figura del juicio político por mal desempeño tiene que tener una conducta que pueda ser valorada por esta Legislatura, la verdad que acá lo único que hay reprochable es una interpretación doctrinaria… puede haber lecturas disimiles pero no se puede decir que producto de esta posición doctrinaria del Tribunal, pero no por eso tenemos que destituir a cuatro de los cinco miembros” e indicó que “hay una línea vertical en el FdT: los jueces se alinean con su ideología partidaria o serán removidos de su cargo”.

A la vez que la kirchneirsta y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik, aseguró que “esto es para iniciar un proceso de investigación para ver si hay o no un mal desempeño, no es nuestra función juzgar. El Tribunal hizo lugar a un recurso inconstitucional ante el pedido de una madre que pedía que se le garantice una vacante en el nivel inicial para su hijo de dos años” y recordó que “la Constitución porteña dice que la obligatoriedad de garantizar las vacantes está desde los 45 días y este fallo va en contra del derecho a la educación”.

A su turno, la legisladora del Frente de Izquierda, Mecerdes De Mendieta, aseveró que “podrán archivar el pedido de juicio político pero no nuestro rechazo a este nefasto fallo contra todos los niños de la Ciudad de Buenos Aires” y alertó acerca de que “son miles las familias que, desesperadas, buscan una vacante en el sistema público y se les niega; quedan en una situación muy compleja: o pagan una escuela privada o los niños quedan desescolarizados”.

Otro que se sumó al debate es el radical Ariel Álvarez Palma que precisó que “el artículo 92 establece las causales para llegar a un juicio político, aquí es donde cabe que nos preguntemos si la decisión de los jueces puede ser tomado como un delito o un mal desempeño” y recordó que “los jueces no pueden ser juzgados por los contenidos de sus decisiones, esto es para evitar presiones por partidos políticos o Gobiernos”.

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