La Guerra Fría, que enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética y su bloque del Este tras la segunda confrontación bélica a escala mundial, acabó en los albores de la década del 90, con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desaparición del bloque soviético dos años después.
Sin embargo, en el discurso de vastos sectores de la dirigencia política permanece la costumbre de agitar el fantasma del marxismo o el comunismo, alternando con calificativos más aggiornados, como “chavista” o “populista”.
Días atrás, el Concejo Deliberante de Avellaneda, distrito que conduce el peronista Alejo Chornobroff (reemplazó al actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi), aprobó una ordenanza impulsada por el oficialismo que permite expropiar terrenos baldíos que lleven ocho años sin que se hagan construcciones. Según se informó, en el distrito habría cientos de estos terrenos, que serán inscriptos en el futuro Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada.
La norma establece, además, un incremento del 50% en la Tasa por Servicios Generales y un aumento progresivo si no se inician o no se reanudan obras paralizadas durante los tres siguientes años.
Sin embargo, la avanzada no significa un nuevo monstruo estatizador, ni la reedición de la revolución castrista, sino una decisión similar a la que, en diferentes épocas, tomaron otros municipios de la Provincia, y que incluye a gestiones de diverso color político. Algunas, como la de Vicente López, hoy conducido por Jorge Macri (Juntos), datan de la década del 60.
En el distrito del Conurbano, oficialismo y oposición se trenzaron en un arduo debate, que incluyó acusaciones cruzadas respecto de la legalidad la constitucionalidad o las implicancias políticas de una norma de tal magnitud. Desde “vamos camino a Venezuela” hasta “se quejan porque no tienen sensibilidad social”, los dardos fueron de bancada a bancada en el Deliberativo local.
En los fundamentos, el proyecto aprobado -ya está en vigenciaseñala su referencia en la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, que menciona entre sus objetivos la creación de “instrumentos que permitan reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo”. Entre ellos, la declaración de utilidad pública de inmuebles, bajo ciertos requisitos.
La normativa, sancionada en 2012, durante la gestión de Daniel Scioli, establece que las comunas “podrán declarar el parcelamiento y/o la edificación obligatorios de los inmuebles urbanos baldíos o con edificación derruida o paralizada”. Además establece una serie de alícuotas que se pueden aplicar para terrenos ociosos (similares a las que contempla la ordenanza de Avellaneda) y para inmuebles en esa condición (idénticas a las de la ordenanza de Avellaneda).
Desde el oficialismo recordaron que la ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados bonaerense, contando entre los votos con el del macrista Julio Garro, alcalde de La Plata, y de otros legisladores del PRO. “No solo eso, sino que le acaban de votar a (Axel) Kicillof la expropiación de terrenos para constuir cárceles y alcaldías, y tiene el mismo procedimiento que el de Avellaneda”, afirmaron.
La reacción de Juntos por el Cambio recorrió el andarivel de la inconstitucionalidad de la medida. Aseguraron que es violatorio de la Carta Magna nacional, que, por ejemplo, consagra el derecho a la propiedad privada. “En ningún lado está contemplado que me puedan aplicar un impuesto especial por tener un bien”, sostuvieron, haciendo hincapié, además, en las consecuencias económicas de tal decisión. En ese sentido creen que la normativa aprobada espantará a posibles inversores. “Nadie va a querer venir a radicarse en Avellaneda”, anticiparon.
La norma sancionada fue defendida por el intendente Chornobroff, quien mencionó que “la ordenanza sistematiza procedimientos administrativos para relevar, controlar y ordenar el territorio de la ciudad, fundamentalmente pensando en aquellas edificaciones paralizadas o terrenos baldíos en estado de abandono; y recién como última instancia, el artículo 10º propone la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación, pero para eso tienen que pasar nueve años desde que ese inmueble haya sido inscripto en ese registro público municipal, que aún ni siquiera se reglamentó”.
Debate
Antecedentes internacionales y las herramientas del Banco Mundial
Respecto del cobro de tasas a parcelas de tierra ociosa, el Banco Mundial sostuvo que es una de las herramientas que pueden utilizarse “para gestionar el stock de suelo, desalentar la especulación y fomentar el desarrollo”. Y añadió que “muchos gobiernos alrededor del mundo” han utilizado esta herramienta para motivar al sector privado a desarrollar terrenos vacantes, citando a Seúl (Corea); Bogotá (Colombia), Marikina (Filipinas) o Harrisburg (Estados Unidos). En el caso de la capital coreana, la ciudad impuso un impuesto con aumentos progresivos para tierras abandonadas u ociosas por más de dos años, con la opción de confiscar las tierras si los impuestos no eran abonados en un plazo determinado de tiempo, además de una sobretasa como castigo por mantener el inmueble sin construcciones finalizadas.
Maia Lata
“No se hace nada fuera de la ley, nada que no esté contemplado”
La concejala Maia Lata, del Frente de Todos, aseguró que la ordenanza aprobada “va a permitir hacer un relevamiento del suelo de la ciudad”, y aclaró que “de ninguna manera se está proponiendo la confiscación de terrenos”. En tal sentido añadió que “la ordenanza da la posibilidad al Municipio, luego de ocho años, de que un terreno con determinadas características, que tenga deudas por impuestos o una construcción abandonada, pueda ser declarado de utilidad pública”. “No es diferente a lo que tenemos actualmente. Cuando un municipio declara a un lugar de utilidad pública, hay una ley cuyo artículo 10 lo permite, y necesita luego la aprobación de la Legislatura”, explicó a La Tecla. La edil agregó: “Siempre, las expropiaciones son para convertirlos en espacios públicos, como se ha hecho anteriormente para viviendas, escuelas. Siempre es en beneficio del pueblo. Hace un tiempo, el Municipio pagó el terreno a un particular, donde había vacas, para hacer un centro cultural”. Por último, Lata dijo: “Me extraña que estén en contra de esta ordenanza, que busca un ordenamiento territorial. Por eso se crea un registro, que sería el encargado de informar a los dueños de terrenos baldíos, con construcciones a medias, que van a ser registrados, y a partir de ese momento corre un plazo de ocho años para que se pongan al día con los impuestos. En ese plazo se puede construir, vender, parcelar, y luego de esos ocho años podrían declararse de utilidad pública. No es que obligatoriamente se declara. No se hace nada fuera de la ley, nada que no esté contemplado”.
Maximiliano Gallucci
“Avellaneda es punta de lanza para llevar esto al resto de la Provincia”
La oposición estuvo en contra de la iniciativa, como lo explica Maximiliano Gallucci. El edil de Juntos por el Cambio manifestó que “el proyecto fue presentado sobre tablas. Diez minutos antes nos avisaron de él, y lo que vimos es que violaba la Constitución nacional, la provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, principalmente por el avasallamiento del derecho de propiedad”. Además explicó que “para declarar un terreno de utilidad pública y expropiarse debe haber un motivo, una necesidad real, pero el paso del tiempo no es un motivo fundado para expropiar. En definitiva, lo que hacen es declarar de utilidad pública todos los bienes que estén dentro del registro”. Gallucci agregó: “El paso del tiempo no es argumento para declarar la pérdida de un bien, y tampoco es lógico que se cobre una tasa extra por tener un terreno, baldío o edificación”. El concejal cambiemita fue más allá y afirmó que “Avellaneda fue una punta de lanza para llevar esto al resto de la Provincia y del país. Incluso porque el Presidente habló de esto y a la semana siguiente se votó en el Concejo Deliberante”. Finalmente, el edil aseveró: “Tengas o no tengas deuda, todos los terrenos van al registro. A partir de ese momento tenés tres años para finalizar la obra, y te ponen un 50 por ciento de aumento de la tasa de Servicios Generales. Si pasados los tres años no pudiste terminar de construir, cabe multa progresiva de otra tasa, y al llegar al octavo año sin terminar obra, está sujeto a expropiación. Una cosa insólita es que, si el dueño lo vende, no interrumpe el plazo, se extiende hasta el octavo año sin importar lo que pase en el medio. El que compra, lo compra con la tasa del 50% y le quedan 4 años para terminar de construir”.
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