Se dilata en el Senado el tratamiento al pedido de desafuero de Juan Pablo Allan

El Senado bonaerense postergó la sesión en la que debía tratar el desafuero de Juan Pablo Allan tras el pedido del juez Ernesto Kreplak, quien investiga la causa conocida como “gestapo pro”.

Con la dilación de esta resolución el legislador no se hará presente en la citación para su declaración indagatoria, estipulada por el juez para el lunes 21 del corriente. De todos modos, el magistrado, incluso en el pedido de desafuero, dejó sentado que esa fecha la puede modificar. En Juntos cerraron filas y no van a acompañar la solicitud de desaforar a Allan.

En tanto, en el Frente de Todos estudian jurídicamente la manera de evitar quitarle los beneficios al legislador pero que de todos modos testifique ante el juez. La ley nacional de Fueros permite declarar sin perder los fueros.

Como adelantó LaTecla.Info, de acuerdo al artículo 98 de la Constitución bonaerense, “cuando se deduzca acusación ante la justicia contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario, de la acusación o información traída, podrá la Cámara respectiva, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, dejándolo a disposición del juez competente para su juzgamiento”. Hasta allí nada extraordinario, y si no se descubre al legislador en flagrancia no podrá ser detenido, según reza el artículo 97. 

Este mandato constitucional exige a los legisladores tratar el tema cuando llegue un pedido en tal sentido. Ahora, en este caso lo que se pone bajo la lupa es si la solicitud del magistrado corresponde, un tema supeditado al mandato de otras leyes, como los Códigos Procesales. Y es aquí donde hay un meollo y una diferente interpretación desprendida de la manera en que fue realizado el pedido del magistrado. 

“En Nación la indagatoria no lleva desafuero, y en este caso se pide que para ir a declarar Allan deje de ser senador, es un delirio”, dijo uno de los legisladores de Juntos a La Tecla. De acuerdo a la norma, el desafuero implica cese de la función y no, como algunos malinterpretan, una suspensión temporal de la cual se puede volver tras la declaración. En este sentido, la oposición hace hincapié en el texto con el cual el juez hace el pedido de desafuero y en el escrito donde dictamina los llamados a indagatoria, “citando taxativamente normas provinciales”, según dijeron desde la bancada opositora.