Organizaciones y profesionales se movilizan para reclamar el pago de las prestaciones, que retrasa o interrumpe los tratamientos. En los Concejos Deliberantes proliferan los reclamos y pedidos de pronta solución. El Gobierno nacional reconoce los atrasos, pero niega recortes.

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El acampe en Plaza de Mayo que lleva adelante el Colectivo de Discapacidad, que nuclea a prestadores de servicios de salud, ONG's familias y pacientes con discapacidad, se mantiene firme en reclamo por el atraso en el pago de las prestaciones a los profesionales del sector.

Según indicaron, esto redunda en la interrupción de tratamientos de algunas personas con discapacidad, señalando que este atraso forma parte de un "ajuste en discapacidad", por lo que mantendrán la carpa blanca.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reconocieron el atraso en los pagos por "inconvenientes administrativos", aunque afirmaron que no existe tal recorte en los presupuestos.

El conflicto repercute fuertemente en la provincia de Buenos Aires, donde colectivos de familiares de discapacitados preparan movilizaciones, mientras se suceden los pedidos de informes y de rechazo a los recortes en los concejos de deliberantes provinciales.

En Necochea, la organización "Familias con Síndrome de Down en Acción" de esta ciudad y de Quequén expresaron mediante un comunicado la "preocupación y malestar por la grave situación que atraviesa la atención a las personas con discapacidad en nuestro país y el incremento del ajuste".

En un comunicado, señalaron que "a los problemas recurrentes (demoras en las autorizaciones, atraso en los montos de pensiones y reintegros, prestaciones que no se cubren, etc.) se le sumó en los últimos meses el atraso generalizado en los pagos a los prestadores que pone en riesgo su continuidad (con prestaciones que no son abonadas desde el mes de Marzo) y en los últimos días el recorte de 10.000 millones de pesos al Fondo Solidario de Redistribución”s.

Por todo esto, convocaron a una concentración en la plaza frente al municipio que conduce el vecinalista Arturo Rojas para esta tarde a las 17:30.

Por su parte, la concejala marplatense Liliana Gonzalorena, del bloque Coalición Cívica con apoyo de sus pares de Vamos Juntos y la UCR, presentó un proyecto para mostrar su preocupación por "el recorte en Salud efectuado por el Ministerio de Economía de la Nación afectando la demora en los pagos a la Superintendencia de Salud para la discapacidad, obras sociales y los reclamos del colectivo de personas con discapacidad".

En los considerandos, Gonzalorena señala que "terapeutas de todo el país elevaron la voz debido a no haber recibido el pago por la atención a personas con discapacidad. Asimismo distintas organizaciones y transportistas se sumaron a los mismos reclamos".

"El ajuste en discapacidad provocó la suspensión de tratamientos, impidiendo que las personas con discapacidad puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás", indicó.

En Pergamino, integrantes de instituciones, padres y chicos se congregaron el pasado martes en las puertas de la municipalidad, para rechazar el DNU que prevé recortes en diferentes ámbitos.

Bajo la consigna #NoAlAjusteEnDiscapacidad, elevaron una nota al Concejo Deliberante, con el pedido expreso de acompañamiento a los concejales. La misma fue leída y derivada a la comisión de Derechos Humanos, que se reunirá este viernes 2 de septiembre a las 12.

El tema también llegó al Concejo Deliberante de Tigre, donde se aprobó por amplia mayoría un repudio a las diversas políticas aplicadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (AND), que provocaron el recorte y el retraso en las pensiones.

En tal sentido, el cuerpo prevé solicitar informes a la Anses local y la AND sobre la cantidad y el tiempo de demora de los expedientes de discapacitados del distrito que aún no obtuvieron respuestas.

En tanto, el bloque de concejales de Juntos en Chacabuco solicitó al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que "revea la decisión administrativa 826/22 que recorta el presupuesto del ministerio de Salud".

Al respecto, anunciaron que presentaron un Proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante "para sumar nuestra voz al reclamo; segundo, para pedir la regularización inmediata en la situación económica de los profesionales y prestadores de servicios, para que puedan cobrar su labor a mes vencido; tercero, para que las pensiones no contributivas se actualicen al ritmo de la inflación; cuarto, para que el Estado también actualice el valor nomenclador de aranceles para estas prestaciones que se encuentra atrasado desde el año 2019 y, finalmente, para que retroceda con este recorte en el área de Discapacidad".

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