El debate por el Presupuesto bonaerense y la Ley Impositiva 2023 comienzó a tomar forma en La Plata, con una reunión que mantienen varios de los actores claves del oficialismo y la oposición.

El clima se enrareció en la previa al cónclave, debido a cruces por la Ley Bapro, las negociaciones inician con el objetivo de llegar a un consenso hacia fin de año.

El jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, recibió hoy a las autoridades de Diputados y Senadores y de los bloques del Frente de Todos y de Juntos para una reunión que fue considerada el puntapié inicial de las tratativas. 

También asistieron Verónica Magario (vicegobernadora), Federico Otermín (presidente de la Cámara de Diputados), Teresa García (presidenta del bloque de Senadores FdT), César Valicenti (presidente bloque de Diputados FdT), Christian Gribaudo (presidente del bloque de Senadores de Juntos), Agustín Máspoli (vicepresidente de la bancada de Juntos en el Senado); Maximiliano Abad (presidente del bloque de Diputados de Juntos), Alex Campbell (vice del bloque opositor en la Cámara Baja); Adrián Urreli (vicepresidente de Diputados, del PRO); Julio Garro (intendente PRO - La Plata), Miguel Fernández (intendente UCR - Trenque Lauquen).

“Este jueves empieza la discusión verdadera por el Presupuesto”, había asegurado a La Tecla un experimentado legislador de la oposición. Además, manifestó que "los grandes temas de la Provincia no se tratan en esta ley". En ese aspecto, remarcó que "hasta ahora hay buen diálogo" y desde el Ejecutivo "vienen informando bien". No obstante, remarcó la falta de datos de la ejecución del 2022 y lo tildó "como un gran problema".

Según supo este medio, desde Juntos insistieron en dialogar sobre los montos y la modalidad del desembolso del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad. 

A pesar de que habían dejado trascender que lo reclamado rondaría los 50.000 millones de pesos, la cifra requerida fue mucho más alta. "Esos 50 mil quedaron cortos, estuvimos afinando el lápiz y la cifra que creemos justa es cerca de los 82.000 millones (52.000 para obras y 30.000 para Seguridad), teniendo en cuenta FIM y Seguridad", aseguraron desde las filas opositoras.

Los alcaldes de la UCR y el PRO consideran que no solo debe considerarse la inflación de este año para reajustar los 24.000 millones de pesos de 2022, sino que exigen una compensación por lo perdido este año. "Entre la inflación y las demoras en habilitar los proyectos, que retrasa el envío de fondos, no pudimos hacer ni la mitad de lo que pensábamos hacer", se quejaron con amargura.

No solo se trata de la cifra, sostienen, sino -y de manera especial- de los tiempos en que se hacen efectivos dichos desembolsos. En tal sentido, y como adelantó este medio, van a proponer que el total de fondos se prorratee por 12 meses, haciendo envíos mensuales. En la actualidad, de hace un pago como adelanto del 30% y el resto se desembolsa de acuerdo al avance de obra. 

Además, boinas blancas y amarillos coinciden en un reclamo: que todos los fondos que la Provincia recibe de Nación, y que no tengan una afectación directa, sea coparticipado por el Gobierno bonaerense.

Desde el gobierno de Axel Kicillof aseguran que "se debe tener en cuenta que hay una cantidad de gastos que hace la provincia y tienen impacto en los municipios, como los subsidios o la cobertura del déficit previsional, que incluye las jubilaciones de los empleados municipales, solventadas con esos recursos”.

Y explican que modificar el sistema de transferencias de recursos demandaría cambios a la Ley 10.559 y a todas las normativas que regulan esos programas.  

Al término de la reunión, desde el PRO aseguraron que pidieron enfáticamente que no haya discriminación hacia los intendentes de la oposición en el reparto de las obras.

"Hablamos de los fondos para municipios, hay muchas deudas, fondos que no han llegado y la demora en eso con la inflación que tenemos hace que si tenías pensado hacer tres cuadros de asfalto, ahora podés realizar solo una", sostuvo del diputado Alex Campbell.

En tanto, Gribaudo sostuvo que "otro tema importante que planteamos es que no haya más ingresos a planta permanente del Estado", refiriendo que "vimos una buena predisposición en el oficialismo".

En cuanto al proyecto de ley para modificar el sistema jubilatorio del Banco Provincia, Campbell explicó que "ese tema no se tocó en esta primera reunión, pero sí insistimos con otra cuestión que es la de los fondos discrecionales. Queremos que no existan más y que si los vecinos votaron a un intendente de Juntos puedan tener obras como los del Frente de Todos".

Además, señaló que primero buscarán resolver el problema generado por los atrasos en el pago de las deudas de la Provincia con los municipios, especialmente de IOMA, y luego ver el FIM y el Fondo de Seguridad de este año.



Finalmente, sostuvieron que no se habló de una cláusula gatillo para actualizar los fondos por la inflación. "Lo primordial es que, al menos, se pague lo de este año, y buscar la manera para que la mayor parte de fondos se repartan en marzo, a comienzos del año".

En tal sentido, Julio Garro comentó que "Insaurralde reconoció que es muy engorroso el FIM, que no ha salido bien, porque muchas veces tenemos que ir a los ministerios a discutir la memoria descriptiva de las obras. Y si pasa el tiempo no son obras que pierde el intendente, las pierde la gente".

A su turno, el senador radical Agustín Máspoli, dijo que fue "una reunión amena, amable, planificamos pasos a seguir en mesas de trabajo para lo que queda de esta año, para cumplir con lo acordado, y luego ver el tema del Presupuesto nuevo y la Ley Impositiva".

En cuanto a la mecánica de trabajo, que tendrá epicentro en la Legislatura, el legislador chacabuquense señaló que habrá una mesa de intendentes, para ver el tema de las deudas, el FIM y los demás fondos y una específica para lo impositivo.

Además, ratificó la misma preocupación de sus colegas "amarillos" en referencia al nombramiento de personal en el Estado, afirmando que "si se nombra a alguien en planta permanente tiene que estar bien justificado. Si es, por ejemplo, en Servicio Penitenciario, como se propone (en el proyecto se habla de unos 7.000 cargos), se puede considerar si hay nuevas alcaidías o ampliación cárceles. Si no, no acompañaremos". 

Al respecto, el platense Garro sostuvo que la idea de la oposición es "no aprobar todos los cargos de una sola vez, sino ir aprobando por etapas, según se vayan construyendo las cárceles".