La semana pasada, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer que 2.870 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial Potenciar Trabajo a través de familiares o terceras personas y que otros beneficiarios tienen dos o más propiedades.
Se trata de una investigación preliminar que inició AFIP donde, por entrecruzamiento de datos, también se detectó que 250 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo adquirieron dólares o bien denunciaron ganancias, lo que los hace incompatibles para percibir aquellos.
A raíz de ello, Marijuan hizo la denuncia y pidió al Ministerio de Desarrollo Social que dé de baja esos planes que se consideran irregulares.
"El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa, detectando que 253.184 de ellos (el 18,30%) habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales y que 35.398 (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses", señaló el fiscal.
El funcionario judicial mencionó en su denuncia reglamentación del Ministerio de Desarrollo Social o el Banco Central donde da cuenta que no puede percibir un plan social quien adquiere dinero en moneda extranjera o bien denuncia ser titular de un automotor con antigüedad menor a diez años o bien embarcaciones o aeronaves.
Marijuan pidió encarar una investigación por fraude a la administración pública y que "se proceda de manera inmediata a ordenar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a la AFIP que suspendan la totalidad de los planes involucrados y cuya nómina es secreta y reservada de la AFIP, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del plan, que actualmente no aparecen correlacionados con las bases de datos del Estado Nacional".
En su denuncia, apuntó a los dirigentes piqueteros que podrían verse involucrados y, como medida de prueba, sugirió profundizar esa parte de la investigación.
Por eso, pidió que se exija al Banco Central "respecto del Plan Potenciar Trabajo, cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero".
También que "se llame a prestar declaración testimonial a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia".
Lo mismo solicitaron diputados de la Coalición Cívica ARI (CC), el espacio político liderado por Elisa “Lilita” Carrió. El bloque presentó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social para que explique “cómo se verificaron los requisitos de ingreso de los titulares de planes sociales sobre los que se detectaron irregularidades” a la vez que abrió sospechas sobre la posible participación de Emilio Pérsico en la “incorporación de beneficiarios con incompatibilidades”.
Pérsico es el secretario de Economía Social, el área del ministerio del cual depende el programa Potenciar Trabajo; a la vez, es uno de los líderes del Movimiento Evita, una de las organizaciones populares cuyos militantes más planes recibieron. “Está de los dos lados del mostrador”, sostuvieron.
Se trata de un tema delicado para el gobierno, que ha generado enfrentamientos entre el kirchnerismo-albertismo y el ala de los movimientos sociales, sobre todo tras el recorte anunciado por Sergio Massa. |
