"Jugaron al policía bueno y al policía malo, pero ahora para nosotros el piso del FIM es de 53.000 millones, porque lo puso alguien que es parte del Ejecutivo", aseguró uno de los representantes de Juntos que participó del cónclave con el oficialismo horas atrás.

Bajo la batuta del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, unos y otros tiraron sobre la mesa sus ofertas y reclamos respecto del Presupuesto 2023, con pocos acuerdos cerrados. Casi ninguno, para ser más precisos.

La cifra de 53 mil millones es parte del "plan Magario", luego de que la vicegobernadora y titular del Senado lanzara su propuesta para acercar las posiciones extremas.

La idea fue casi salomónica: "Bajen ustedes (intendentes y legisladores opositores) los 82.000 millones de FIM (Fondo de Infraestructura Municipal) y Fondo de Seguridad y que el Gobierno (estuvo Pablo López, titular de Hacienda) suba de los 35 mil, que no alcanza", habría lanzado la matancera.

Tras el punto final del cónclave, que tuvo lugar en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, quedó el compromiso de que un nuevo cara a cara pueda sellar algún tipo de pacto que destrabe la negociación. 

Los jefes comunales de la UCR y el PRO son inflexibles, hasta ahora, e insisten con sus condiciones. Que tiene que haber FIM, que la cifra exigida responde a la inflación ("es matemática pura", señalan), que haya una compensación de casi 5.000 millones a distritos de Juntos por la pérdida de este año y que se salden las deudas de IOMA y otros ítems con los territorios.

Un último planteo exigirá "horas y horas de rosca", estiman los alcaldes boina blanca y amarillos, como es el de la manera en que, a futuro, la Provincia gira el dinero de los fondos coparticipales a las comunas.

La experiencia de este año -consideran- ha sido muy mala, e incluso confiaron que el propio Insaurralde admitió que los retrasos burocráticos han sido un auténtico dolor de cabeza. "Si arreglamos una cifra en marzo para hacer 20 cuadras de asfalto y el envío de los fondos se hace ahora, ese monto se lo comió la inflación. Y de ese total de obras se podrán hacer cuatro o cinco, que son obras que pierden los vecinos, no los intendentes", aseguró un mandamás radical del interior.

La fórmula para intentar subsanar los retrasos ("a veces tenemos que ir varias veces a Infraestructura por temas de la memoria de la obra", se quejó el alcalde platense, Julio Garro) tras el encuentro con Insaurralde, Magario, López y el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo De Jesús, es modificar y dejar establecido el mecanismo de desembolsos.

Además, ronda en sus cabezas una idea que demandará muñeca y negociación si tienen la pretensión de que salga. En concreto, deslizaron su fastidio por las permanentes observaciones que desde la cartera que conduce Leonardo Nardini hacen a los avances de obra, que demora la tramitación e, incluso, la aprobación de los proyectos. "A veces cuestionan si la cantidad de tornillos es la adecuada, si el precio de los bulones es muy alto y cosas que nos van haciendo perder días", señalaron a La Tecla.info.

En tal sentido, pretenden que en lugar del 30% de adelanto y desembolsos contra certificación de etapas se pase a un sistema diferente. Consiste en un 50% de adelanto y luego fijar tres o cuatro cuotas, trimestrales o cuatrimestrales, que estén fijadas en la normativa y que no quede librada a la voluntad de Ejecutivo.

Al respecto, un legislador del PRO admitió que la jugada podría parecer un regateo, la otra R junto la Rosca. "Y, sí, podría ser como cuando vas a comprar algo y te dicen que si pagás en menos cuotas te bajan el precio. De la misma manera, si son menos cuotas por ahí bajamos los 82.000 millones que le pedimos", ironizó.

Otro ítem, también tendiente a reducir la burocracia ("no es culpa de Nardini, como no lo era de Simone, sino de la estructura", reconocen los opositores) es la de rendir a través de los finales de obra sobre fin de año, como ocurre con el Fondo Educativo, y que se haga directamente ante el Tribunal de Cuentas.