La Tecla Patagonia te cuenta los puntos más importantes de los 8 años de Alicia Kirchner como gobernadora de la provincia continental más austral de Argentina. La relación con las dos presidencias y el conflicto con los gremios

El próximo 10 de diciembre Alicia Kirchner, junto con el poder político y simbólico que representa su propio apellido y que marcó una era tanto en Santa Cruz como en Argentina, dejará de ser Gobernadora tras 8 años de gestión. La despedida de la mandataria también será el fin de la expresión pura del kirchnerismo después de 32 años al frente del Ejecutivo, que empezó en 1991 con su hermano, Néstor.

En 2015 la Alicia empezó a ocupar el sillón de Alcorta al 231 en Río Gallegos después de unas elecciones que se podrían caracterizar como inéditas en la Provincia. Primero, porque su candidatura surgió como una competencia de la interna oficialista peronista de la época, ya que en 2011 el Kirchnerismo de la Legislatura tomó la decisión de retirar el apoyo político al Ejecutivo, que tenía al frente a Daniel Peralta en su segundo periodo.

El conflicto entre 2011 y 2015 fue capitalizado por la oposición, que vio una posibilidad real de ser elegidos gobierno con el radical Eduardo Costa a la cabeza. No obstante, en una maniobra “típica” de los K, la mayoría en Diputados aprobó que la Ley de Lemas se pudiera aplicar al cargo de Gobierno. Justamente por esa norma, que resuelve la interna con la elección general, Costa pudo ser el más votado a nivel individual, pero Alicia fue la que juntó más sufragios en la sumatoria total, siendo Peralta –que se postulaba para una segunda reelección- clave para este triunfo.

El exgobernador tardó en reconciliarse con los Kirchner, pero finalmente en mayo de este año, por convocatoria Cristina, acepto tomar las riendas Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) como su interventor, después de varios intentos de reactivar la empresa, que por el momento mantiene la fama de ser una de las empresas estatales más deficitarias del País.

Mauricio Macri, disonancia

La llegada de Alicia Kirchner en la gobernación de Santa Cruz coincidió con el arribo de Mauricio Macri en la presidencia. Durante esos primeros cuatro años de gestión de Cambiemos en el Ejecutivo Nacional, la mandataria tuvo que enfrentar una situación financiera poco favorable, ya que se estimó que la Provincia contaba con una deuda de 10 mil millones de pesos y una caída de los ingresos por regalías petroleras y coparticipación federal. Además, paulatinamente, se tuvo que recurrir al recorte de fondos para obras públicas y programas sociales que afectaron el desarrollo en materia de infraestructura..

En este contexto, la gobernadora tuvo que negociar con el gobierno nacional un plan de asistencia financiera que incluyó un préstamo del Fondo Fiduciario Federal y un acuerdo fiscal que implicó una reducción del gasto público y un aumento de los impuestos provinciales. Sin embargo, estos recursos no fueron suficientes para cubrir las demandas salariales y laborales de los gremios estatales, que protagonizaron numerosas protestas y paros que siguen generando secuelas.

La relación entre Alicia Kirchner y Mauricio Macri se caracterizó por ser tensa y distante, con pocos encuentros institucionales y varios cruces mediáticos. En repetidas oportunidades, la gobernadora acusó al presidente de discriminar a su provincia por motivos políticos e ideológicos, mientras que el mandatario le reprochó su falta de gestión y transparencia.

Sin embargo, la problemática más grande que involucró a Alicia y Macri fue la construcción de las represas. Apenas iniciada la presidencia del empresario, hubo un cambio en la postura oficial del gobierno central con respecto a la edificación de las hidroeléctricas, que pasaron de llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernic a Cóndor Cliff y La Barrancosa.. Estos proyectos habían sido impulsados por el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner y estaban siendo construidos por la empresa estatal Electroingeniería.

El gobierno de Macri cuestionó la viabilidad económica de las represas y buscó renegociar los términos del contrato con China, que financiaba parte de la construcción. Esto generó controversia y tensión política, ya que el gobierno de Santa Cruz, bajo la gobernación de Alicia Kirchner, defendía la continuidad de los proyectos.

En 2018, finalmente se llegó a un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial para continuar con las represas, aunque con algunas modificaciones en los términos del contrato. Se esperaba que estas represas proporcionarán una fuente importante de energía hidroeléctrica para la región y contribuyeron al desarrollo económico de la provincia de Santa Cruz.

Alberto Fernández, la ilusión de estar alineados

El escenario cambió en 2019, cuando Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales con Cristina Fernández como vicepresidenta. Alicia Kirchner fue reelecta como gobernadora con el 52% de los votos, superando al candidato nuevamente a Costa. De esta manera, se pudo consolidar el poder del kirchnerismo en la provincia, al menos por cuatro años más.

Con el regreso del peronismo al gobierno nacional, Alicia Kirchner encontró un aliado estratégico para impulsar su agenda provincial. En principio, se recibieron más fondos para obras públicas, salud, educación y desarrollo social, así como apoyo político e institucional. También logró renegociar la deuda pública provincial con los acreedores externos, obteniendo una quita del 50% y una extensión de los plazos de pago.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus generó nuevos desafíos para su gestión. La Provincia tuvo que adoptar medidas sanitarias restrictivas para contener el avance del virus, lo que afectó a la actividad económica y social, como la paralización de la construcción de las represas, una merma en la minería, hidrocarburos y el turismo .Además, hubo una escalada de los reclamos nuevos reclamos de los gremios estatales, que a grosso modo exigieron un aumento salarial acorde a la inflación y mejores condiciones laborales.

Gremios, el cabo que nunca se pudo atar

Los gremios estatales, que agrupan a más de 40 mil trabajadores, han reclamado en reiteradas oportunidades el cumplimiento de los acuerdos salariales firmados en 2015 y 2016, que establecen una cláusula gatillo por inflación, y el pago de los montos adeudados desde entonces. Además, exigieron en repetidas ocasiones la reapertura de las paritarias para negociar una recomposición salarial acorde al costo de vida..

El sector más afectado por el conflicto ha sido el educativo, que representa alrededor del 60% de la planta estatal. Los docentes han realizado numerosas medidas de fuerza, incluyendo paros, movilizaciones, acampes y tomas de edificios públicos, para reclamar por sus derechos laborales y por una mejora en las condiciones de infraestructura y seguridad de las escuelas. Según el gremio ADOSAC, el gobierno provincial adeuda más de 20 mil millones de pesos en concepto de salarios y fondos para educación.

El punto más álgido del conflicto se produjo en abril de 2017, cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la residencia oficial de la gobernadora, tras una marcha multitudinaria en reclamo del pago de los sueldos atrasados. La policía provincial reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos, provocando varios heridos entre los manifestantes y los periodistas que cubrían el hecho. El episodio generó una fuerte condena social y política, tanto a nivel local como nacional e internacional. En julio de este año La Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Gallegos ordenó el cambio de carátula de la causa a “tentativa de femicidio calificado” hacia Alicia y Cristina Kirchner

Desde entonces, el diálogo entre el gobierno y los gremios se ha visto interrumpido o estancado en varias ocasiones, sin lograr avances significativos para resolver el conflicto. El gobierno provincial ha culpado a la gestión anterior de Mauricio Macri por el recorte de los fondos coparticipables y ha pedido ayuda al gobierno nacional de Alberto Fernández para afrontar la crisis. Sin embargo, los gremios han denunciado que el gobierno provincial ha priorizado el pago de la deuda externa por sobre las necesidades de los trabajadores y la población.

En este contexto, la educación ha sido uno de los sectores más perjudicados por el conflicto. Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, Santa Cruz fue la provincia con menos días de clases en 2019, con solo 107 días efectivos sobre un total de 180 previstos. Además, fue la única provincia que no pudo garantizar el inicio del ciclo lectivo debido al paro docente. La situación se agravó con la pandemia, que obligó a suspender las clases presenciales y a implementar un sistema de educación a distancia que evidenció las enormes brechas digitales y pedagógicas existentes.

Esa falta de clases ha tenido un impacto negativo en el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes, especialmente en sectores menos favorecidos. Según la evaluación Aprender 2022, menos de la mitad de los estudiantes obtuvieron resultados aceptables para las áreas de matemáticas y lengua. Estos datos reflejan cierto deterioro de la calidad educativa y la desigualdad de oportunidades que afecta a la provincia.

Qué dice la versión oficial

El pasado viernes 22 de octubre, la propia Alicia Kirchner empezó a despedirse de la gestión con un repaso de sus 8 años al frente del Ejecutivo. La mandataria enfatizó que a pesar de los desafíos iniciales, tenían la determinación de mejorar la situación de Santa Cruz y destacó el esfuerzo realizado.

Uno de los aspectos resaltados fue la recuperación de la infraestructura de salud en la provincia, con la incorporación de profesionales y técnicos. Además, mencionó la importancia del diálogo con los gremios, que llevó a la realización de 649 paritarias desde 2015.

En cuanto a la administración de recursos públicos, Alicia Kirchner destacó la reducción de alquileres de edificios públicos y la adquisición de vehículos de emergencia, como ambulancias, para mejorar la atención en casos de urgencia.

Acerca de la educación, mencionó el programa de becas "60 Años de Santa Cruz" y la creación de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) para ordenar los ingresos y coparticipar con municipios.

La gobernadora también resaltó el papel de Santa Cruz en exportaciones a nivel nacional y su liderazgo en la industria metalífera de oro y plata, así como el desarrollo de proyectos de interconexión eléctrica y la exploración en el Macizo de Puerto Deseado.

Finalmente, subrayó que el desarrollo de la provincia no depende de una sola gestión, sino de un enfoque a largo plazo, y llamó a trabajar en equipo y a ser solidarios para transformar Santa Cruz.

El futuro político de Alicia se definirá el 22 de octubre, día en el que competirá por una banca en la Cámara Nacional de Senadores, mientras que el “peronismo no kirchnerista” de Claudio Vidal se encargará de la gestión santacruceña, al menos hasta 2027.

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