El anuncio de la colaboración que brindará la provincia de Buenos Aires a las autoridades rosarinas para combatir la violencia de los grupos narcos disparó varias incógnitas sobre la manera en que se producirá la participación de las fuerzas provinciales.
En sus redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que “la provincia de Buenos Aires se suma a la lucha contra el narcoterrorismo en Rosario, aportando vehículos, drones, helicópteros y otros medios logísticos”.
“Además, estamos estudiando el envío de personal de Fuerzas Especiales de la provincia para que ayuden a superar la crisis que está sufriendo Santa Fe”, añadió la funcionaria, adjuntando una foto en la que se ve al ministro de Seguridad de Provincia, Javier Alonso, y al exministro y actual senador Sergio Berni, quien en los últimos días ha mostrado un total apoyo a la política de seguridad contra el narcotráfico encarada en la última semana por el Gobierno nacional.
Uno de los interrogantes que se abrieron fue si era necesario el visto bueno de la Legislatura para una acción de esta envergadura, o si el Ejecutivo está legitimado para avanzar en el acuerdo sin obligación de enviar un proyecto a las cámaras.
En tal sentido, desde la oposición legislativa señalaron que el gobierno de Axel Kicillof estaría habilitado para tomar la decisión en base al artículo 5 de la ley 13.482, que señala con claridad que “las Policías de la Provincia de Buenos Aires actúan, conforme a la Ley, en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, excepto en los lugares sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal o militar”.
La normativa añade que “ausente la autoridad nacional, militar, Policía Federal u otras fuerzas de seguridad, como así también a su requerimiento, las Policías de la Provincia de Buenos Aires estarán obligadas a intervenir por hechos ocurridos en jurisdicción de aquellas al sólo efecto de prevenir los delitos, asegurar la persona del supuesto autor o conservar las pruebas para ser remitidas a la autoridad competente”.
“Cuando el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en persecución inmediata de delincuentes o sospechosos de delitos, deba penetrar en territorio de otra provincia o jurisdicción nacional, se ajustará a las normas fijadas por los convenios vigentes y, a falta de ellos, a las reglas de procedimiento en vigor en el lugar y, en su defecto, a los principios y prácticas que determine la reglamentación. En todo caso se deberá comunicar a la policía del lugar las causas del procedimiento y sus resultados”, agrega el articulado de la ley.
En cuanto a la decisión política de enviar la ayuda señalada a la capital santafecina, desde el PRO aseguraron que "nos parece bien siempre y cuando esta medida forme parte de un plan federal para combatir a las bandas de narcotraficantes".
Además, avizoran que “es probable que el Ejecutivo envíe algún proyecto, con la intención de cubrirse en caso de que, ojalá no ocurra, haya algún inconveniente”. Hasta el momento ninguna iniciativa tuvo entrada en el parlamento bonaerense.
Según explicó Alonso, se trata de 400 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que se sumarían a realizar colaboración logística, y estarían llegando antes del fin de semana a Rosario.
La dotación constará de 80 patrulleros, tres minibuses y la división de motos tripuladas de alta cilindrada, tres helicópteros y drones.
|
