El federalismo se mantiene como uno de los ejes centrales para las políticas que impulsan los gobiernos patagónicos, que se ha extendido al resto de las provincias argentinas, la defensa de lo propio, de los recursos naturales, y de la producción que generan las industrias locales, está también muy presente en la agenda parlamentaria.
En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck impulsó desde el Ejecutivo un proyecto de ley para fijar un canon a las hidroeléctricas por el uso de agua pública para la generación de energía. Con esta iniciativa se busca, además de generar nuevos ingresos ante los recortes de fondos provenientes de Nación, sentar un precedente de que las empresas hidroeléctricas deben de alguna manera “resarcir” a las provincias por todo el provecho que han sacado con el uso de sus recursos, y al mismo tiempo las provincias tener autoridad sobre el uso del agua y los recursos naturales en sus territorios, el cual actualmente está gran parte en manos del gobierno nacional.
En el marco de esta aprobación, y de esta nueva regulación que tiene la provincia, La Tecla Patagonia dialogó con el legislador del oficialismo y ex director del departamento de aguas rionegrinas, Carlos Valeri, quién participó de la creación del proyecto y brindó detalles sobre los alcances del mismo.
Valeri señaló en primer lugar que la iniciativa nace, como ya se mencionó más arriba, para “ante el vencimiento de la prórroga de las concesiones, y en defensa de los recursos, volver a poner en valor la autoridad de la provincia en el uso del agua” expresa el legislador de JSRN.
El diputado también mencionó que en la provincia de Neuquén se va a presentar un proyecto similar, con el mismo fin, pero adaptado a las cuestiones de cada provincia. Y podría darse una réplica en otras provincias que también tienen instaladas centrales hidroeléctricas.
Para la provincia lo que es de la provincia: las hidroeléctricas deberán pagar por el uso del agua
Ahora bien, en lo que respecta a los argumentos y detalles del proyecto, el oficialismo remarca en el mismo que el Código de Aguas de la Provincia de Río Negro en su artículo 2 define como aguas del dominio público provincial, a “todas las que se encuentren dentro de sus límites territoriales, incluyendo las correspondientes al Mar Argentino adyacente y que no pertenezcan al dominio privado de particulares o del Estado, según el Código Civil”.
Además, diferencia los tipos de uso de agua entre uso común y uso especial, según estipula el Código mencionado en los artículos 17 y 19, señalando que “el uso común es el genérico y libre que tienen los habitantes, en principio gratuito, y constituye un derecho de aquéllos, en virtud de los principios constitucionales de igualdad y libertad”. El artículo 17 del Código establece que “todas las personas pueden usar las aguas públicas, mientras se encuentren en sus lechos o cauces, para atender las necesidades primarias de la vida: beber, lavar, bañarse, abrevar y bañar animales, recrearse, etcétera, con sujeción a las ordenanzas y a los reglamentos de policía”, y que “fuera de los casos mencionados en los artículos precedentes, nadie podrá aprovechar el agua pública, su fuerza hidráulica, ni los demás bienes integrantes del dominio hídrico provincial, sin la expresa concesión, autorización o permiso, en su caso, de la autoridad competente”. Y el uso especial se enmarca en “un uso diferencial o privativo, que se otorga a personas determinadas que se encuentren en las condiciones exigidas por la ley. Se otorgan a través de distintas figuras del derecho administrativo que en nuestro Código de Aguas son la concesión, autorización y el permiso”.
Qué estipula el proyecto
Con esa breve descripción de lo tenido en cuenta, el proyecto presentado cuenta con 11 artículos. En primer lugar, en lo que respecta al alcance detallan que “rigen en toda concesión de uso de aguas públicas de dominio público provincial, con destino a la generación de energía hidroeléctrica sujeta a la administración del Estado Nacional”, y previo al otorgamiento o renovación de la concesión “el interesado debe solicitar la correspondiente concesión de uso de aguas públicas ante el Departamento Provincial de Aguas y obtener la sanción de la ley respectiva”.
La retribución del cobro se determinará considerando “el volumen utilizado y las características específicas de cada aprovechamiento multipropósito, incluyendo la pérdida de agua por evaporación de los embalses, la capacidad de atenuación de crecidas, la compensación de fluctuaciones de caudales hacia aguas abajo y los demás aspectos que la reglamentación determine” y el monto de dicha retribución “no podrá superar el 5 % del monto facturado por toda venta que el concesionario del aprovechamiento multipropósito realice al Mercado Eléctrico Mayorista MEM por todo concepto remunerado”.
La ley también estipula sanciones ante posibles incumplimientos en los pagos que van, según el caso, desde una “multa cuyo monto máximo será equivalente hasta cinco (5) veces el monto total establecido –o que hubiera correspondido- conforme al artículo 4º de la presente, la que se graduará conforme con la gravedad de la transgresión” hasta una posible “extinción de la concesión conforme al artículo 47 y concordantes de la Ley Q nº 2.952.”
Al mismo tiempo, sumado a las sanciones, también en caso de incumplimiento “podrá reclamarse al concesionario la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al dominio público, así como a reponer las cosas a su estado anterior”.
Otro aspecto que deja establecido la nueva ley tiene que ver con una posible emergencia hídrica, estableciendo “los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos, priorizando siempre el consumo y las actividades productivas locales en frente a situaciones de escasez”.
Por último, deroga el artículo 46 de la Ley Q nº 2952, y en el siguiente articulo declara que nada de lo mencionado en los artículos anteriores “implica ni podrá ser interpretada como una renuncia de parte de la Provincia de Río Negro a la reivindicación de sus facultades indeclinables como titular del dominio y administración de los recursos hídricos existentes en su territorio, reafirmándose, en consecuencia, la incompatibilidad de los arts. 6°, 11 y 14 de la Ley 15.336 con los arts. 1°, 121 y 124 de la Constitución Nacional”.
Tratamiento, modificaciones y la postura de la oposición
En lo que respecta al tratamiento y creación del proyecto Valeri mencionó en diálogo con LTP que hubo una gran predisposición y que se tuvieron en cuenta los pedidos de modificación. Por ejemplo, “el diputado Belloso pidió que se coparticipe lo recaudado o que se haga un fondo propio, y Alberto (Weretilneck) consideró muy buena la propuesta de coparticipar”.
En este sentido, con dicha modificación “el 20% de lo recaudado será coparticipado a los municipios” detalló el legislador, y en relación a esto viene la segunda modificación pedida por el bloque de Vamos con Todos, para que lo recaudado y coparticipado sea usado para obras de agua y cloaca, atendiendo al contexto actual de paralización de obras públicas de Nación.
LTP dialogó con los legisladores provinciales de diferentes fuerzas, y por un lado, Lorena Matzen, diputada presidenta del bloque de la UCR, ratificó su apoyo al proyecto y comentó que “presentamos un proyecto que era complementario pero que no era relacionado a la dirección de cobro, sino que se trataba de hacer propio derecho que indica el artículo 124 de la constitución, este proyecto lo apoyamos completamente porque consideramos que se ajusta al derecho, comparado de lo que ha sucedido en otras provincias como Mendoza, San Juan y Salta, y que es equiparable al uso del derecho”. Además, consulta por el destino de la recaudación por dicho cobro, señaló que apoyan el agregado para que “el 20% será destinado para que los municipios puedan mejorar la infraestructura de las obras de agua y cloaca”.
Por parte de la CC – ARI, el diputado presidente de ese bloque, Javier Acevedo, también le ratificó a este medio el acompañamiento de los legisladores de ese espacio. Cabe remarcar que en la votación del proyecto se aprobó por unanimidad, con el voto positivo de todas las fuerzas.
Pedro Sánchez – Departamento de Aguas Rionegrinas
El encargado de la entidad estatal reguladora del agua en la provincia de Río Negro, Pedro Sánchez, dialogó con LTP sobre la participación del departamento en la construcción del proyecto y otras cuestiones que hacen a la temática.
Sánchez remarcó el trabajo conjunto con Neuquén en lo que hace a tema aguas y comentó que “nosotros esto lo trabajamos con recursos hídricos de Neuquén previamente, las dos áreas hídricas de cada provincia, el secretario de Estado de la nuestra y el ministro Echeverri de Neuquén, en conjunto con los gobernadores viene todo en sintonía”.
Por otra parte, se refirió al contenido del proyecto y marcó algunos aspectos que le parecen fundamentales para el uso y regulación del agua pública, como por ejemplo las normas de manejo de agua las cuales “tienen previsto un orden de prioridades, en el cual en primer lugar se ubica el embalse, y la seguridad de la vida humana y los bienes, la segunda prioridad es usos humanos y usos domésticos, la tercera es ríos e industrias, y recién la cuarta es la generación energética” y ratificó la importancia de esta mención en el proyecto ya que “nosotros con esa agua regamos, tomamos, con eso generamos nuestra industria, entonces si la energía tiene un cuarto orden de relevancia, no podemos relegarnos a que los embalses suban o bajen o que las elevaciones sean mayores o menores en base a la necesidad energética”.
Otro aspecto que resaltó Sánchez del proyecto fue lo relacionado al dominio originario, lo cual trae una discusión hace muchos años ya que “desde 1994 que los recursos naturales pertenecen a las provincias, entre ellas el agua” y señaló que “por eso esta agua que se utiliza para el turbinado también ahora tendrá un costo que le deberá pagar a las provincias, el costo de agua pública, que en la ley dice hasta un 5% de la facturación de las empresas, básicamente para dar algún tipo de certidumbre desde el punto de vista de las futuras licitaciones y demás”
En cuanto a la reglamentación del pago señaló que es algo que se tiene que acordar entre las provincias, a partir de una formula hídrica, porque “en esto tenemos que tener la misma lógica, no podríamos cobrar valores diferentes en ambas provincias, pero hay que tener en cuenta ciertos factores, sobre todo en las represas del Limay que compartimos con Neuquén y que son diferentes entre sí” en cuanto al funcionamiento y uso del agua.
Consultado por el tope del 5% que fija el proyecto, explicó que tiene que ver con que una vez que este reglamentada la formula hídrica para el cobro, si ese monto superara el 5% de lo que facture la empresa se respeta el tope estipulado y se cobra hasta ese porcentaje.
Por último, mencionó la importancia de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que es el organismo que integran las provincias que están en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, y que es conformado por representantes de cada una de las provincias y por el Estado Nacional, y se encarga de manejar o regular la administración, control, uso y preservación de las cuencas de dichos ríos. Y en este sentido, Sánchez remarca que hay cierta incertidumbre sobre el funcionamiento de la misma ya que no se sabe que va a pasar con su financiamiento y con lo que se hacía para mejorar las obras hídricas desde la AIC, y controlar el funcionamiento de las represas, expresando que “las provincias tendríamos que salir a aportar más dinero para sostener el organismo que nos representa y que, de alguna manera, administra el tema de lo que son los embalses de toda esta cuenca”.
A partir de este proyecto, comienza a tomar fuerza, o relevancia, en todas las provincias que tienen instaladas centrales hidroeléctricas la necesidad de tener normativas que protejan los recursos hídricos de cada territorio, y al mismo tiempo que regulen los excesos en la producción y los daños medioambientales que se generan con las mismas.
En Río Negro restaría la parte regulatoria del cobro, en el que se podrá tener mayor certeza sobre el monto que ingresaría anualmente a la provincia sobre este concepto, y al mismo tiempo cuanto recibiría cada municipio para poder mejorar su infraestructura, en este contexto de recorte de obras públicas de carácter nacional que tanto preocupa a las gestiones municipales y provinciales. Mientras que en Neuquén no fue sancionada con fuerza de ley la iniciativa todavía, pero aun así las provincias trabajan en conjunto para tener lógicas de funcionamiento similares.
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