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La Tecla
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La justicia ordenó la distribución de los alimentos
El juez Walter Lara Correa dio lugar al pedido de las organizaciones sociales y tomó la decisión de dar lugar al recurso de amparo presentado. Además, convalidó el trabajo de Capital Humano.
Horas antes del comienzo de la feria judicial, la justicia dio lugar a un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La medida busca asegurar el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables que dependen de estos establecimientos.
La resolución judicial estableció “hacer lugar a la medida cautelar requerida por la Defensora Pública Oficial y, en consecuencia, dispóngase que el Estado Nacional–Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas enunciados en los considerandos, los cuales deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”.
Esto incluye la distribución de alimentos cercanos a su fecha de vencimiento, en colaboración con entidades como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la fundación CONIN.
Según fuentes gubernamentales, la decisión del juez Lara Correa es vista como un reconocimiento al trabajo realizado por el Ministerio de Capital Humano en el ámbito de la asistencia alimentaria. Se destaca que el fallo valida la implementación actual de los programas existentes y reconoce la necesidad de auditar y reestructurar las medidas tomadas por administraciones previas para mejorar su ejecución y eficacia.
El dirigente social Juan Grabois, uno de los fundadores de la UTEP, interpretó el fallo como una victoria parcial en el reconocimiento de la importancia de los programas de alimentación comunitaria. Aunque reconoce la potestad del gobierno para auditar los comedores, sostiene que la justicia ha reafirmado la obligación de garantizar la continuidad de estos programas esenciales sin desabastecer a los sectores más vulnerables debido a irregularidades aisladas.
El juez Lara Correa subrayó que la resolución cautelar busca proteger el interés público de aquellos que dependen de los comedores y merenderos comunitarios, especialmente los más vulnerables. En su fallo, destacó que la jurisdicción no tiene la función de decidir los planes específicos que debe implementar el gobierno, sino de asegurar que se satisfaga efectivamente el derecho constitucional a la alimentación mediante servicios de calidad y accesibles para todos los ciudadanos.