Un nuevo proyecto del Gobierno abrió un viejo debate en la sociedad argentina, la baja de la edad de imputabilidad. En este contexto, los institutos bonaerenses para menores toman especial relieve. Radiografía y situación de cada uno.

El estado de los institutos de menores de la Provincia

La baja de la edad de imputabilidad y la mano dura son debates que cada cierto tiempo se reciclan y se vuelven a poner sobre la mesa. En esta oportunidad, pese a las críticas y voces en contra, el Gobierno avanzó un paso más allá con una de sus promesas de campaña. Es así que ingresó a Diputados el proyecto de ley que propone bajar el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel, de 16 a 13 años. Una iniciativa que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En su momento, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó un comunicado en su cuenta de X en donde anunciaba el envío al Congreso de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En el texto explica que “por decisión del Presidente (Javier) Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”.

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— Ministerio de Seguridad (@MinSeg) June 28, 2024

¿Cuál es la edad de imputabilidad en la Argentina?

En la Argentina, el Régimen Penal de Minoridad, promulgado en 1980, durante la última dictadura militar, estableció que la edad de imputabilidad es a los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.

Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados llamados Centros de recepción y contención de menores.

De acuerdo al Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el primer semestre de 2023 había 2.407 menores en centros especializados de aprehensión, de los cuales 1.022 tenían menos de 16 años. Al analizar la distribución de la población penal juvenil del país según jurisdicción, 2.167 adolescentes se encuentran en la Provincia de Buenos Aires (52,1% del total), lo cual resulta esperable dado que es la jurisdicción con mayor población del país.

Además, respecto al total de la población penal juvenil del país, agrupado en las categorías de presuntos delitos y ordenado en forma descendente. Se aprecia que los delitos contra la propiedad representan el 55,7% del total de presuntos delitos a nivel nacional, con 2.313 adolescentes. Dentro de esta categoría, el Robo ocupa el primer lugar representando el 55,5% (1.284) del total de Delitos contra la propiedad. En segundo orden se encuentran los Delitos contra las Personas con el 15,5% (646) del total de presuntos delitos a nivel nacional. Dentro de esta categoría, Homicidio representa el 22,6%.

En contraste, las categorías con menor incidencia son: Delitos contra la Seguridad Pública, con 115 adolescentes (2,8% del total), Delitos contra la Salud Pública, con 86 adolescentes (2,1% del total) y Delitos contra el Orden Público, con 12 adolescen-
tes (0,3% del total). Asimismo, es destacable que para el 8,8% (366 adolescentes), no se cuenta con información sobre el presunto delito por el cual ingresó al sistema
penal.

Qué sucede en la Provincia

En la provincia de Buenos Aires, los institutos para menores de edad con causas penales dependen del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, y no del Servicio Penitenciario Bonaerense, como en el caso de los adultos. Bajo ese ministerio funciona el Organismo de Niñez y Adolescencia, a cargo de toda la política de niñez, tanto la asistencial como la penal. De esta manera, los institutos penales están bajo la órbita de la Subsecretaria de Responsabilidad Penal Juvenil.

En la actualidad, existen un total de 2.369 adolescentes y jóvenes se encuentran bajo la órbita de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA).

A su vez, 501 están alojados en dispositivos institucionales, 397 con Medidas Privativas de la Libertad Ambulatoria y 104 en Centros tipificados como de Restricción de la Libertad Ambulatoria, conforme la coerción impuesta a la medida de efectivo cumplimiento.

En tanto, 1.868 jóvenes cumplen medidas penales en territorio con intervención de los Centros de Referencia Territorial.

Radiografía de los dispositivos

La provincia de Buenos Aires alberga en su territorio un total de 49 centros, que se dividen entre Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatoria, Socioeducativo de Contención y de Referencia Territorial. A continuación, el detalle de la locación y la población de cada uno:

Los Centros Socioeducativos de Privación de Libertad Ambulatoria (17) son aquellos con un régimen “cerrado”. Estos son establecimientos convivenciales para la aplicación de medidas restrictivas de la libertad dispuestas por Juzgados o Tribunales con competencia en la materia. Estos centros cuentan con barreras edilicias, muros perimetrales y personal de seguridad a fin de cumplir con las medidas estipuladas.

Por otro lado, los Centros Socioeducativos de Contención (11) son “semicerrados”, en donde las/os adolescentes pueden salir transitoriamente, en forma autónoma y/o acompañadas/os por operadores, previendo que la realización de las actividades educativas, recreativas, sanitarias y deportivas se desarrollen en ámbitos e instituciones de la comunidad.

Por último, los Centros de Referencia Territorial (21) son aquellos en donde los adolescentes no están encerrados ni son internos pero realizan actividades vinculadas a los institutos (como las mencionadas anteriormente).

En diálogo con La Tecla, la subsecretaria de Responsabilidad penal juvenil del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Viviana Arcidiácono, evidenció los detalles del impacto que tendría el proyecto de baja de la edad de imputabilidad.

Viviana Arcidiácono subsecretaria de Responsabilidad penal juvenil.

¿Qué consecuencias tienen las modificaciones que busca el Gobierno?

-El proyecto de ley nacional implicaría modificaciones para todas las jurisdicciones, dado que supone la incorporación de un grupo etario que hoy no se contempla. Además esta Ley tiene más que nada un carácter punitivista, y no considera los parámetros necesarios para tener un sistema que distinga los procesos penales de menores de los adultos. No solamente baja la edad, sino que agrega cantidad de delitos como para que los jóvenes ingresen a los sistemas, a los procesos penales y sostiene una arbitrariedad o disposición por parte de los jueces, que podrán decidir sobre las vidas de los jóvenes.

No se puede saber hoy cuál sería el número, pero es de presumir que se duplicaría la cantidad ya no de jóvenes sino de niños que estarían privados de su libertad. Y lo que es más grave, ni siquiera mantiene la posibilidad de que como consecuencia de la reeducación se revisen las penas y pone un tope de penas de 20 años que es muy elevado.

La Ley tiende a criminalizar la pobreza en vez de discutir sobre la seguridad. Hoy el 55% de los jóvenes están bajo la línea de pobreza, esa es la discusión que debemos dar, cada 10 jóvenes, 7 son pobres y lo que se necesita es que esos chicos tengan asegurada su comida, su salud, su educación.

Sin embargo, en vez de trabajar sobre esos ejes para mejorar la vida de jóvenes, que son nuestra responsabilidad, lo que se hace es juzgarlos como adultos. El índice de cantidad de investigaciones penales preparatorias (IPP) en la cual participan los menores demuestra inevitablemente que, aunque se baje la edad, no va a causar ningún efecto en el tema que se esgrime que es la seguridad.

¿Ha crecido con los años el ingreso de menores a Institutos?

-Desde la sanción de las leyes y la implementación del sistema de responsabilidad penal juvenil inserto en el proyecto de protección y promoción, que es justamente un proyecto innovador que construyó y diseñó la provincia de Buenos Aires, la cantidad de jóvenes en conflicto con la ley penal fue disminuyendo.

En los últimos años las subas y las altas de jóvenes son mínimas, es decir, que se demuestra que el sistema ha funcionado, ya que a pesar del aumento de la población de jóvenes y de adolescentes en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de jóvenes que ingresan al sistema se mantiene.

El número de permanencia referido al porcentaje en la cual se encuentran investigaciones penales preparatorias (IPP) de menores vinculado al porcentaje de mayores sigue siendo, de acuerdo a los números de la Corte, bajísimo, entre el 2,2 y el 2,5 por ciento.

¿Qué trabajos de reinserción se realizan?

-Nosotros no lo consideramos de reinserción, son políticas sociales por las cuales se trabaja en lo socioeducativo devolviéndole derechos a los jóvenes porque la mayoría de los que están en conflicto con la Ley penal tienen vulnerados sus derechos. Se trata de incluirlos nuevamente en la educación formal, se los ayuda y acompaña, se les contiene, se garantiza el acceso a la salud. En paralelo, trabajamos en transformar algunas situaciones que posibiliten eliminar el conflicto, el elemento de violencia, y permita la resolución de sus conflictos a través de la palabra.

Además, se generan distintas acciones que van desde talleres de formación profesional (reparación de motos, carpintería, herrería, chapa y pintura automotriz, entre otros), espacios de reflexión, esparcimiento, incorporación de ciudadanía que hace que tengan un proyecto de vida distinto, y faciliten su posterior inserción laboral.

Muchos de los jóvenes que vienen con su trayectoria educativa interrumpida no solamente terminaron su secundario, sino que ingresan a universidades o a terciarios y hacen de su vida un proyecto totalmente distinto, totalmente autónomo y con toma de decisiones acerca de su destino y su vinculación con los afectos y sus familiares.

Por su parte, respecto a este tema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, señaló que “no podemos seguir con una ley de la dictadura, porque ni siquiera es una ley que respete los derechos del menor que terminás incorporando al sistema de ejecución penal de menores en conflicto con la ley. Me parece muy sano dar la discusión, pero no hay que confundir a la gente con títulos rimbombantes, el problema de la seguridad y de la criminalidad en el país no son los menores de 16 años. Tenemos que dar esa discusión, tenemos que darla, pero nunca puede estar atada, por ejemplo, al calendario electoral, porque sabemos que es una experiencia en el mundo, sale mal. Es una discusión de todas las fuerzas políticas, con los especialistas, porque la situación de la niñez y la adolescencia es un ámbito muy específico, entonces hay que escuchar muy detenidamente a los especialistas en esos temas”.

Además, agregó: “Tenemos que hacer una actualización normativa, sin duda, porque además el sistema que tenemos no funciona para nadie, ni para el que cree que el conflicto de la criminalidad son los menores, ni para los menores que lo están sufriendo hoy en los organismos que gestionan la cuestión de la criminalidad de niños y adolescentes. Entonces, tenemos un sistema que no anda, efectivamente”.

En la misma línea, señaló que este es un debate que debe darse con “seriedad y con la necesaria sinceridad y honestidad académica y técnica que merece”.

“Ese es mi planteo respecto de la discusión, y por supuesto que bienvenida sea la discusión mientras fijemos ciertas reglas para abordar seriamente los problemas y no hacer política criminal, berreta, populista, que no sirve para nada”, sentenció.

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