El Gobierno bonaerense aprobó un nuevo anexo para el servicio público de distribución de la energía eléctrica bajo jurisdicción provincial. Los plazos y la repercusión en el costo para los usuarios.

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El ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires dio un nuevo impulso al proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio de distribución de energía eléctrica, al aprobar el Anexo III del convenio firmado con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La medida detalla las fases, los contenidos, los hitos clave y los porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 de la revisión. Esta consultoría está a cargo del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que desde 2024 asesora técnicamente y económicamente en el análisis de las cuatro principales distribuidoras provinciales: Edelap, Edes, Edea y Eden.

El proceso de RTI se puso en marcha oficialmente mediante la Resolución N° 1133/2024 y abarca un exhaustivo examen técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica bonaerense.

El objetivo central es determinar con precisión los costos reales de las empresas, establecer un plan de inversiones obligatorio que modernice la infraestructura según la demanda actual, eleve la calidad del servicio y refuerce el rol regulador del Estado provincial.

Desde el Gobierno bonaerense destacaron que la RTI busca dos metas complementarias: mejorar los indicadores de calidad del suministro eléctrico y, al mismo tiempo, asegurar tarifas asequibles para los usuarios, con una estructura más homogénea en todo el territorio provincial.

La Etapa 1 se centró en la valuación física de los activos de las distribuidoras y en la recopilación de información técnica para garantizar una prestación adecuada del servicio.

Ahora, la Etapa 2 —cuyo detalle se formaliza con este anexo— avanza hacia el análisis económico y regulatorio más profundo: valorización de la base de capital regulatorio, cálculo del requerimiento de ingresos de cada empresa, definición del plan de inversiones obligatorio y propuesta de una nueva estructura tarifaria.

Según la documentación oficial, esta fase resulta clave porque concluirá con un informe final elaborado por el Ceare que incluirá la sugerencia de un nuevo cuadro tarifario a implementar.

El cronograma contempla múltiples tareas específicas divididas en subetapas, con un plazo total de 15 meses para alcanzar las conclusiones definitivas. Los pagos por la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez verificado el cumplimiento de cada hito establecido. La resolución se adoptó con la intervención de los organismos de control provinciales y en el marco de la Ley de Ministerios, el régimen regulatorio eléctrico bonaerense y la normativa administrativa vigente.

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