TENSA REUNIÓN
La Tecla
Redacción
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Fracasó en Diputados el debate para impedir a políticos condenados ser candidatos
Era impulsado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica pero no se pudo tratar por falta de Quórum.
Por falta de Quórum, fracasó en Diputados el tratamiento las iniciativas que buscaban hacer modificaciones en materia electoral y del régimen de partidos políticos. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, estaba encabezado por los libertarios Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar y buscaba tratar los diferentes proyectos vinculados con Ficha Limpia, que ya tuvo tratamiento en otros periodos parlamentarios, pero una vez más no se pudo dar la discusión en el recinto de la Cámara Baja.
La iniciativa se encuadra en una Reforma Política que motoriza el oficialismo y a pesar de que hubo consenso previo, no dieron quórum Unión por la Patria, el Frente de Izquierda. Desde el bloque de Hacemos Coalición Federal no bajaron al recinto y sostuvieron que, "creemos que es fundamental que se traten los temas que hacen a los intereses reales de los argentinos y que ese sea el debate prioritario de cada sesión. No vamos a ser funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político”.
El proyecto había sido impulsado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. El objetivo es prohibir que aquellas personas condenadas a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encuentre firme y la pena fuese de cumplimiento en suspenso, puedan ser candidatas a cargos públicos electivos nacionales y ejercer cargos partidarios.
Se trata de una ley que ya fue sancionada por Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe, para depurar las candidaturas a cargos electivos en esas provincias.
De avanzar a nivel nacional, la medida impediría que la expresidenta Cristina Fernández se presentara en las próximas elecciones, ya que fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Federal 2 a seis años de prisión por administración fraudulenta. La sentencia está siendo revisada por la Cámara Federal de Casación, por lo que aún no está firme.