Luego de la decisión del municipio de Necochea de cobrar una tasa portuaria, una nueva medida del Gobierno provincial aumenta las tensiones con el sector agrícola. Desde la oposición piden que el Gobernador no se entrometa en la comercialización de granos.

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El Puerto Quequén en Necochea no vive tiempos de paz en un contexto en el que todas las gestiones, locales y provinciales, buscan llenar sus arcas. A finales de julio, la gestión del intendente Arturo Rojas en Necochea se vio envuelta en una nueva polémica por la aplicación de un tributo que afecta a los usuarios de operaciones del Puerto de Quequén.

Todo sucedió luego de que la Suprema Corte de Justicia diera luz verde para la aplicación de una “Tasa vial Solidaria” o “Tasa portuaria” a las operaciones en esa terminal marítima. La medida tuvo el guiño de los magistrados y puso fin a un planteo de inconstitucionalidad que realizó una entidad agropecuaria.

Por el momento no hay definiciones sobre los valores aplicables a la tasa, la misma sería incluida en la impositiva del próximo año y se baraja que quedarían entre uno y dos dólares por tonelada. Con estas cifras, significan una recaudación de 14.000 millones de pesos anuales.

Cabe destacar que la aplicación de la tasa portuaria ya se había instaurado en la gestión del intendente Facundo López, pero suspendida a fines del 2017 por el Concejo Deliberante necochense, cuando era presidido por quien ocupa ahora el sillón de jefe comunal y quien la volvería a instaurar.

Rechazo a la intromisión de Kicillof

En este contexto, la diputada bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó un proyecto en el que manifestó su rechazo “ante la intención del gobierno provincial de Axel Kicillof de interferir en la comercialización de granos” en el Puerto Quequén, al no renovarle la concesión a la actual terminal logística.

Según comentó, en noviembre de este año se vence la concesión de Terminal Quequén, cumplidos los 30 años originales y la prórroga por tres años. Y a pocos días para llegar a esa fecha, en las últimas horas trascendió que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene puesto político en la presidencia del Consorcio de Gestión, pretende llevar a cabo una "licitación express".

En este sentido, la presidenta en ejercicio, Jimena López, sostuvo que Kicillof “pide tener una reserva del 30% de los granos en acopio”, a lo que agregó la intención de crear “una empresa provincial” con fines de comercialización de granos.

“La provincia en algún punto mediaría en la compra de esos granos y traería la producción que compra la provincia a elevarse a esta terminal. Lo que pide Kicillof es tener el 30% de reserva con relación al acopio”, expresó López, en diálogo con los medios locales de Necochea.

Esta declaración generó la alerta de productores y entidades rurales de la región, que temen una reedición de la "Junta Provincial de Granos", con los conocidos perjuicios que ello conlleva.

Frente a este escenario de incertidumbre, la diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de Declaración expresando su "preocupación por el vencimiento de la prórroga de la concesión de Terminal Quequén y la incierta situación para el sector". Asimismo, "manifiesta su rechazo ante la intención del gobierno provincial de interferir en la comercialización de granos".

"Preocupa la falta de definiciones sobre un tema crucial para el sistema productivo de nuestra provincia y de esa zona en particular. Genera inseguridad jurídica, a la vez que se pretende realizar prácticas que distorsionan y alteran la cadena productiva", afirmó Vaccarezza.

En ese sentido la legisladora bonaerense recordó que "en los últimos meses, el sector recibió otro duro golpe con el fallo judicial que autorizó el cobro de una tasa portuaria en Quequén, cuya aplicación, con meros fines recaudatorios, lleva a la pérdida de competitividad en el mercado nacional".

Sociedades Rurales del sudeste al cruce

En este contexto, las Sociedades Rurales del sudeste de Buenos Aires, que nuclea a las principales entidades ruralistas de la región sur de la provincia, difundieron un comunicado contundente de “Rechazo a la incursión del Gobierno provincial que afecte el comercio de granos”.

“Una vez más, como ha sido antes a nivel nacional, el sector político que gobierna la provincia de Buenos Aires pretende incursionar en habituales prácticas distorsivas, ideologizadas y flojas de fundamento técnico, perjudicando enormemente al sector productivo más dinámico y relevante del país. Allí donde aparece el hueco, surge la pretendida maniobra”, señalaron crudamente en el comunicado oficial.

Asimismo, el documento remarca que "el contexto es muy alarmante e involucra a la región en todos sus aspectos: en noviembre se vence la concesión de Terminal Quequén, cumplidos los 30 años originales, y la prórroga por tres años. Y lo peor: no hubo acuerdo, hasta el momento, de renovar esa prórroga hasta que se confeccione un pliego consensuado entre las partes actuales".

"La empresa Terminal Quequén, que opera el principal elevador de granos para la carga de buques, formuló la advertencia sobre los plazos cumplidos, la falta de respuesta y los inconvenientes que traerá desde septiembre no poder ofrecer servicios, con lo cual incluso peligran las fuentes de trabajo", advierten desde la entidad que agrupa a las 16 instituciones que componen la Zona 6 de Carbap, el ente que representa gremialmente a los Productores Agropecuarios de Bs. As. y La Pampa.

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