Además de la Ley de leyes, UP busca concretar el cambio de presidente en Diputados, avanzar en la empresa de medicamentos y sancionar el cambio del régimen jubilatorio del Bapro. La oposición dice que son muchos temas gordos y advierte que podría subir sus demandas. Las fechas posibles y las cuestiones que se tratan en el Senado.

El gran paquete que quiere atar el oficialismo y complica el Presupuesto y la Impositiva

Será un diciembre agitado en la Legislatura bonaerense. Que el Presupuesto y la Ley Impositiva hayan entrado por Diputados hace que los ojos se posen más en la Cámara baja, pero también en el Senado se esperan definiciones importantes que agitan la rosca parlamentaria.

La intención de las autoridades de Diputados es sesionar el 12 y el 19 de diciembre si todo marcha sobre rieles, pero para llegar a ese objetivo será ardua la tarea en las semas previas, y en ese sentido es importante una reunión conjunta de tres comisiones, que se realizará mañana y donde se dará despacho al proyecto que crea la empresa estatal de medicamentos y que solicita el Ejecutivo. Una cuestión más que se suma a las varias que Unión por la Patria quiere que sean votadas antes de las fiestas de fin de año.

“Están haciendo el paquete cada vez más grande y eso complica las cosas cada vez más, hay que ser muy optimistas para pensar que vamos a sacar todo antes del 20”, le dijo a La Tecla un diputado de la oposición. “Además, si ellos (por el oficialismo) pretende sacar todo lo que dicen nosotros también vamos a poner varios temas sobre la mesa, como por ejemplo los cargos que no se cumplieron este año”, completó, en referencia a la designación de directores de organismos, Contador General, Consejo de Educación y hasta jueces de la Corte.

Ese “sacar todo”, implica cinco temas de mucho peso. Unión por la Patria tiene la intención de que en la sesión del 12 se otorgue media sanción a la creación de la empresa de medicamentos; mientras que quedarían para el 19 Presupuesto, Ley Impositiva, la ley que modifica el régimen jubilatorio del Banco Provincia y que ya fue aprobada en el Senado, y el recambio de autoridades de la Cámara. Un paquete gordo donde, además, no hay todavía consenso por ninguno de los temas.

UNO POR UNO

El proyecto que modifica el régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia no ha pasado por comisiones en la Cámara baja luego de ser aprobada en el Senado. Las comisiones dejan de funcionar el 30 de noviembre y todo tema que sea tratado en sesiones extraordinarias sin un paso previo por comisiones necesita de los dos tercios para habilitar su tratamiento. Por eso parece difícil que el oficialismo pueda conseguir el objetivo cuando, hasta el momento, la mayoría de las fuerzas opositoras está en contra.

El Pro defiende a rajatabla la ley aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal y sólo está dispuesto a modificar el artículo que desacopla la movilidad del régimen nacional, que fue el punto objetado por la Suprrema Corte. El radicalismo acompaña el pedido del Pro y se rehúsa a hacer una nueva ley, porque “con modificar el artículo que pidió la justicia que se modificara alcanza”. Pero además, el interbloque informal que nuclea al PRO, la UCR y la Coalición Cívica, acaba de enviarle una carta al presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, en la que le advierten sobre la “nulidad de la aprobación en el Senado”.

Macristas, radicales y lilitos afirman que la media sanción de la Cámara alta está viciada de nulidad porque se realizó mediante una sesión especial, sin que se requirieran dos tercios de los votos para su tratamiento cuando el proyecto no contaba con la aprobación de comisiones. “Con ese criterio se van a hacer todas sesiones especiales y dejan de tener sentido las comisiones. Hicieron una sesión especial para que el proyecto saliera con mayoría simple porque no tenían los votos para sacarlo, entonces lo que le dijimos mediante la carta a Dichiara es que si pone el tema en votación está incurriendo en una falta grave”, afirmó un diputado, quien aseguró que si el tema avanza la ley va a terminar judicializada. Difícil, entonces, que Bapro avance, aunque en la Legislatura nunca nada es imposible.

El proyecto de convertir el Instituto Tomás Perón en una empresa público privada de medicamentos con mayoría de participación estatal está frenado desde principios de año pese a la insistencia del Ejecutivo. Ahora, el bloque de UP quiere apurarlo. Por ese motivo se citó para este viernes 29 de noviembre (último día de las comisiones) a una reunión conjunta de Presupuesto, Salud y Legislación General para producir el despacho favorable que deposite el proyecto en Orden del Día de la próxima sesión. Tampoco el oficialismo cuenta con acuerdos con sectores de la oposición. Por caso, el radicalismo impulsará, a través de la diputada Alejandra Lorden, un proyecto en disidencia. No obstante, como para aprobarlo sólo necesitará la mayoría simpe es factible que el Gobierno pueda contar con esa normativa antes de levantar las copas para recibir el 2025.

Curiosamente, dentro de todo el paquete lo que aparece como menos complicado es el Presupuesto, donde excepto en algunas cuestiones relacionadas con el endeudamiento, para nada difíciles de consensuar, no hay grandes observaciones por parte de la oposición. Distinto es el panorama respecto a la Ley Impositiva. Como ya se ha escrito en varias oportunidades, los principales bloques opositores ponen como condición para acompañar la iniciativa que se saque el artículo por el cual se le delegan facultades a ARBA para retocar los montos. También piden topes estipulados en la ley “para que después no haya sorpresas como este año, en la que además nos quisieron hacer partícipes cuando en realidad nos engañaron”, se quejó un legislador del PRO. Aparece un tanto más complicada, pero seguramente se llegue a un punto de encuentro y difícilmente el Ejecutivo se quede sin su Impositiva.

Explicación del titular de ARBA, Cristian Girard, a los legisladores

Lo que todavía queda pendiente de solucionar es el recambio de autoridades de la Cámara. Como se sabe, en el acuerdo cerrado en diciembre de 2023, el oficialismo pactó puertas adentro que la presidencia se alternaría durante el período legislativo (las autoridades suelen votarse cada dos años y renovarse luego del recambio de Cámara tras las elecciones que van renovando el cuerpo por mitades). El primer año le tocó al insaurraldista Alejandro Dichiara, y a partir de diciembre debería asumir la presidencia al massista Alexis Guerrera, quien ocupa la vice primera.

Pero el enroque para que el exministro de Transporte de la Nación ocupe la presidencia y Dichiara baje a la vice no es un mero trámite administrativo, sino que necesita de la aprobación del pleno. Es decir, solucionar la interna oficialista abre la discusión de las autoridades, y la composición legislativa ha cambiado en el transcurso del año. Por caso, La Libertad Avanza ahora comparte el escalón de la segunda minoría con el PRO, detrás de Unión por la Patria, y los libertarios no tienen ninguna autoridad de Cámara que se sienten con todo el derecho de reclamar. Como contrapartida, el PRO y el radicalismo, con autoridades en ejercicio, han perdido número este año.

“Nosotros no vamos a perder lo que tenemos y lo que se votó por dos años en diciembre pasado, si el oficialismo tiene problemas por su interna es un problema de ellos del que no nos pueden hacer parte, lo tienen que solucionar ellos pero no a costa nuestra”, advierten tanto desde el bloque amarillo conducido por Agustín Forchieri como el radical comandado por Diego Garciarena. Además, en la propia bancada de Unión por la Patria no hay un consenso generalizado que el movimiento finalmente debe hacerse. Sergio Massa lo exige y pide que se cumpla lo pactado. Muy posiblemente se concrete, pero dejará heridos y susceptibilidades.

Como sucede habitualmente, en las últimas sesiones del año también se “limpia” el fichero de los proyectos y muchos se ponen a consideración del cuerpo, ya sea para darles tratamiento, para pasarlos a archivo o para dejarlos inertes hasta que pierdan estado parlamentario por el paso del tiempo. En ese sentido, en la reunión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, celebrada ayer, se aprobaron varias propuestas que estarán a consideración del recinto en las próximas sesiones.

Así, consiguieron sortear con éxito la comisión, entre otros, un expediente de la diputada Lucía Iañez (UP) que establece la regularización de la ejecución de aquellas condenas o medidas cautelares impuestas a jóvenes punibles por delitos cuya comisión o presunción de comisión haya ocurrido antes de alcanzar la mayoría; y un proyecto del presidente del bloque de UP, Facundo Tignanelli, que establece que las prestatarias de servicios públicos de jurisdicción provincial deberán garantizar el suministro de sus servicios a las asociaciones sin fines de lucro, el sector público, municipios, hospitales y escuelas de la Provincia aun cuando se encuentren en mora o con aviso de corte. También corresponde a Tignanelli el proyecto que designa con el nombre de Juan de Jesús al tramo de la Ruta 11 comprendido entre San Clemente y Costa Esmeralda.

Reunión del miércoles de la comisión de Asuntos Constitucionales

Habrá cambios a la LEY 7425/68 (Código Procesal Civil y Comercial), por iniciativa de la senadora oficalista Sofía Vannelli, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara alta, al igual que la idea del senador radical Agustín Máspoli de declarar monumento histórico provincial a la estatua ecuestre al General San Martín, situada en la localidad de Chacabuco.

SENADO

En el Senado de la Provincia continuaron este jueves las entrevistas a los candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial y que componen los 211 pliegos que el Ejecutivo envió la semana pasada. Como se viene señalando, dichas entrevistas tienen la particularidad de que son realizadas sólo por los miembros del oficialismo que integran la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, debido a que la oposición decidió no participar, en desacuerdo con algunos pliegos enviados y ante la falta de otros que presuntamente estaban acordados de antemano.

Los legisladores del Pro, la UCR – Cambio Federal y La Libertad Avanza desistieron de asistir a las entrevistas que sí o sí la comisión debe realizar a los funcionarios propuestos. De todos modos, cuando los pliegos se pongan a consideración en el recinto es de uso y costumbre que salgan por unanimidad.

Senadores oficialistas tomaron las entrevistas a los magistrados propuestos

En este contexto, desde la oposición creen que se solucionará el tema que involucra los pliegos del Fiscal de Casación Adjunto de La Plata; de un Juez de Cámara de La Plata; y de jueces de Garantías de Berazategui, Pergamino y Mar del Plata. Algunos de los cuales ya estarían solucionados, aunque, por caso, desde la oposición aseguran que sigue trabado el tema de una de las juezas de Cámara propuestas para la Plata, toda vez que el Ejecutivo sostiene el pliego de Dra. María Sofía Rezzónico Bernard y se habría acordado previamente otro nombre.

También espera la llegada de un pliego para el fiscal General de San Nicolás, que estaría conversado entre las partes pero la propuesta no arribó a la Cámara alta. “Si no cumplen al menos con parte de lo acordado los pliegos no van a salir”, advirtió un senador del bloque radical, aunque reconoció que pese a la falta en la comisión es voluntad de todos acompañar la regularización del poder judicial. Ese es un objetivo que se trazó al inicio de la gestión el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, y durante el primer año, si se aprueban estos 211 pliegos que se discuten ahora, habrá cubierto al menos la mitad de los cargos vacantes, todo un hito y un récord.

Claro que en cuanto a las discusiones por las coberturas judiciales no debe dejar de mencionarse que también hubo rispideces por pliegos del Departamento Judicial de La Matanza. Allí la puja se dio entre la vicegobernadora Verónica Magario y el camporista Facundo Tignanelli, también de ese distrito. Ese entuerto hubo que solucionar antes que comenzaran a realizarse las entrevistas y fue el motivo por el cual se demoró la ronda el primer día, cuando los encuentros entre los propuestos y la comisión de Constitucionales comenzó más tarde de los previsto.

Los pliegos, convertir en ley la empresa de ambulancias que ya tiene aprobación e Diputados y resolver qué hace con la controvertida ley de indemnizaciones propuesta por la diputada camporista Maite Alvado (también con media sanción de la Cámara baja) son los temas que mantienen viva la rosca en el Senado antes de votar Presupuesto e Impositiva, que, como viene sucediendo en los últimos años, serán tratados el mismo día e inmediatamente después que los despache Diputados.

CONTRAOFENSIVA

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