La
Justicia Federal avanzó en la investigación de la causa llamada
“aportantes truchos de Cambiemos” y ordenó el procesamiento de cuatro personas. Se trata del caso en el que puso la lupa sobre el financiamiento de la campaña electoral de las
PASO y generales del 2017 de la alianza que integraba
María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
La Tecla accedió a la resolución en la que el juez federal con competencia electoral de La Plata,
Alejo Ramos Padilla, dictó el
procesamiento de cuatro personas que ejecutaron una serie de maniobras de
inserción de datos falsos en documentos públicos, con el fin de ocultar ilegítimamente el origen de los fondos con los que la agrupación política
“Cambiemos Buenos Aires” financió las elecciones PASO y las generales del año 2017 en la provincia de Buenos Aires.
Las personas procesadas son
Julián Vilche, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin, responsables financieros de la alianza Cambiemos, y
Mauricio Redigonda, apoderado. El procesamiento fue por haber cometido “diversas acciones de inserción de datos falsos en documentos públicos, en particular, en los informes finales de recursos y gastos de campaña”, en los que figuraban como aportantes privados centenares de personas que luego negaron haber hecho las contribuciones.
En tanto, los tres primeros fueron procesados por
falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña, mientras que Redigonda fue procesado como coautor de la falsedad ideológica, y partícipe necesario del segundo delito.
Asimismo, en otra medida,
el magistrado rechazó el pedido de excepción por falta de acción de los acusados, con el que pretendían que no se les iniciara una causa penal hasta que no estuviera firme el “proceso de naturaleza electoral”. La solicitud fue fundamentada con un artículo de la ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley 26.215) que había sido modificado por otra ley -la 27.504- sancionada en mayo de 2019.
En el escrito de rechazo, Ramos Padilla alegó que darle crédito a la interpretación de los acusados significaría
entorpecer la investigación sobre quienes cometen delitos penales en el marco de procesos electorales.
En la resolución de procesamiento de los acusados, el juez federal remarcó: "Sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas,
es imposible saber si el financiamiento provino de una empresa determinada, de actividades de narcotráfico, de dinero vinculado a hechos de corrupción, actividades terroristas, u otra actividad vinculada con el crimen organizado”.
Además, aseguró que “
implica el ocultamiento hacia la ciudadanía de los posibles compromisos que puedan haber generado los partidos y sus candidatos, en virtud del financiamiento brindado por determinadas empresas (…) o financiamiento prohibido vinculado a actos de corrupción, como el proveniente de empresas estatales, empresas concesionarias del Estado, donaciones de privados que superan los topes establecidos por la ley”.