28 de marzo de 2025
LA TECLA PATAGONIA
Causa Vialidad: los quince exfuncionarios santacruceños procesados por Ercolini
El juez federal Julián Ercolini procesó a quince exfuncionarios santacruceños en el marco de la causa que investiga fraudes al Estado por medio de 51 licitaciones que el empresario Lázaro Báez obtuvo durante la gestión kirchnerista
El juez federal Julián Ercolini determinó el procesamiento de más personas en el marco de la causa conocida como "Vialidad", quince de ellos son exfuncionarios de la provincia de Santa Cruz.
Se trata de una ramificación de la investigación principal que se centra en Santa Cruz. La causa que ya cuenta con la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la Administración Pública, confirmada en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. También el empresario Lázaro Báez cuenta con una condena ratificada.
La novedad ahora en el marco de esta causa es que Ercolini dictó el procesamiento de José Carlos Pistán, representante de Austral Construcciones S.A junto a otros quince funcionarios vinculados a la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz.
Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Víctor Hugo Paniagua, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato y Juan Gelves, eran directores provinciales de Vialidad.
En tanto, cinco de los acusados trabajaban en Auditoría General de la Nación (AGN): Elio Enrique González, Gerardo Daniel Mansilla, Claudia Viviana Oliva, Jorge Ricardo Pasiecznik y Alba Lilia Josefa Cabrera. Mientras que Guillermo Horacio Cantero ocupaba el cargo de vocal técnico dentro del organismo.
“La maniobra criminal se vio conformada por distintas aristas y etapas que confluyeron hacia un único fin específico que ha sido expuesto y explicado en más de una oportunidad: hacerse ilegítimamente de los fondos que le eran otorgados a la provincia de Santa Cruz para el desarrollo de obra pública vial, a través del beneficio direccionado hacia el empresario Lázaro Antonio Báez”, entendió Ercolini.
En el fallo el letrado sostiene los procesados “habrían omitido su deber de cuidar y administrar fielmente los fondos públicos que le fueran otorgados a la AGVP por la Dirección Nacional de Vialidad, lo que habría perjudicado los intereses que les fueron confiados, al permitir que el conglomerado empresarial de Lázaro Antonio Báez obtuviera un lucro indebido y así generarle al Estado Nacional la obligación de pagar sumas de dinero por encima de los montos que en realidad hubieran correspondido para las obras viales que se llevaron a cabo en la provincia de Santa Cruz”.
Crédito foto: Tiempo Judicial