Prefectura realizó un nuevo allanamiento en la investigaciónque compromete al exfuncionario bonaerense en la causa de las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular.

Imputación, allanamientos y miles de dólares complican al exministro D´Onofrio

Prefectura realizó un nuevo allanamiento en la causa que compromete al exfuncionario bonaerense en la causa de las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular

Efectivos de la Prefectura realizaron realizaron cuatro allanamientos en el marco de una investigación que lleva adelante el juez federal de Campana Adrián González Charvay, donde se secuestró una gran cantidad de dólares, todos vinculados al operativo que se hizo en la financiera que funcionaba en el hotel (Sheraton) de Pilar.

Uno de los domicilios allanados por los efectivos federales fue una oficina de coworking en el microcentro porteño. Las diligencias tuvieron como objetivo obtener documentación física y digital relacionada con la causa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Durante el procedimiento, se allanó una financiera que, al momento del arribo del personal, se encontraba realizando transacciones de dinero en efectivo.

De inmediato, los inspectores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) constataron que dicha entidad no contaba con autorización ni registro para operar, motivo por el cual el Magistrado interviniente dispuso el secuestro de dinero en las siguientes divisas: 205 millones de pesos argentinos, 425 mil dólares, 4.600 euros y 112 mil reales.

Cabe recordar, que a fines de enero, se realizó otro allanamiento a la financiera “Token Capital” que tenía sus instalaciones en el Hotel Sheraton de la localidad de Pilar. Lla misma no tendría habilitación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni autorización del Banco Central para funcionar.

Como uno de los titulares de esa firma figura el exbarrabrava de Boca Juniors Cristian Germán Ojeda, que junto a su esposa mostraba por internet imágenes de una vida propia de magnates, con gastos que ahora deberá demostrar.

Las vinculaciones apuntan a la concejal de Pilar y exdirigente massista Claudia Pombo, quien tendría una peluquería, también en el prestigioso hotel, y sus empleadas cobrarían sus haberes en dicha financiera. Según el denunciante, Matías Yofe, titular de la Coalición Cívica de Pilar, la financiera “se montó para licitar los hechos denunciados”
.
Además, según se destaca en la causa, en la boda de Ojeda se vería a Pombo y a funcionarios del ministerio Transporte.

En forma paralela, según los denunciantes, también se mezclaría Nicolás Riolfo, presidente de OverCash, otra financiera que se utilizó para hacer las estafas del esquema piramidal en la localidad de San Pedro.

La causa que involucra al exministro Jorge D´ Onofrio sigue su curso a paso acelerado, y las denuncias suman nuevos condimentos, que exteriorizan gastos millonarios y actores que dan cuenta de un entramado delictivo que salpica al accionar de la anterior conducción de la cartera de Transporte bonaerense y en su conjunto a la administración provincial.

Imputaciones

Los recientes allanamientos dispuestos la semana pasada a la falsa cámara de empresas CECAITRA, han motivado que el fiscal de la UFIJ 11 de La Plata a cargo del Dr. Álvaro Garganta, impute formalmente a los involucrados en la causa IPP-00-056058-23/00 caratulada “Quattrochi, Mario y otros s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública”, por los delitos de: 1) Fraude en perjuicio de la administración pública; 2) Asociación ilícita; 3) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; 4) Cohecho; 5) Exacciones ilegales.

En el despacho de fiscal dictado el día de ayer 09/04/2025, se ha encomendado a la Dirección de Delitos Económicos - Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo Central de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la notificación de los aquí involucrados acerca de su situación procesal. Se ha tenido en especial consideración para el avance de la investigación y la imputación formalizada el día de ayer, la connivencia del ex Ministro D´onofrio y su entorno, por la cual permitía que una falsa cámara de empresas (CECAITRA) constatara infracciones de tránsito a través de equipos de fotomultas sin cumplimentar el procedimiento legal reglamentario que se exige indefectiblemente para que las infracciones sean válidas.

De esta manera, permitía labrar infracciones de tránsito, que luego eran resueltas con gestores y jueces de faltas provinciales, a cambio de montos en negro que iban del 25 al 50% y repartidos entre los corruptos mencionados: la banda de transporte y las autoridades de CECAITRA.

Este nuevo hecho, se suma a la investigación del Fiscal Álvaro Garganta, iniciada en octubre del 2023, por el cual funcionarios públicos pertenecientes a la Administración Pública Provincial, bajo la cabeza del ex Ministro de Transporte Jorge D´onofrio, valiéndose de las potestades propias de su función (fundamentalmente del acceso al SACIT -Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito) actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como "gestores" a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado, apropiándose de un monto remanente; ello sin respetar el debido proceso legal y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y provinciales.

Posteriormente, otro de los hechos probados por el fiscal, habría consistido en las irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular; las que habrían sido otorgadas a siete empresas que previamente habrían contratado (por una excesiva comisión del 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado) los servicios de la Empresa "SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA S.A." en la que tendrían participación societaria -interpósita persona – los funcionarios del Ministerio de Transporte investigados.

Es por ello que el fiscal, motivó al poco tiempo la salida del entonces Ministro de Transporte Jorge D´onofrio y todo su gabinete, de acuerdo a toda la prueba recopilada en el transcurso de la investigación, ha dictado la imputación formal sobre:
1)   Jorge Alberto D´onofrio (Ex Ministro de Transporte), en carácter de PARTÍCIPE NECESARIO de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, Asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (HECHO 1), y AUTOR del delito de cohecho pasivo (HECHO 2).

2)   Mario Quattrochi (Ex Juez de Faltas Provincial de La Plata), en carácter de AUTOR de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, Asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (HECHO 1).

3)   Claudia Nélida Lucía POMBO (Ex Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Pilar) en carácter de PARTÍCIPE NECESARIO de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, Asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (HECHO 1).

4)   Pablo Javier SANGUINETTI (Ex Titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte) en carácter de PARTÍCIPE NECESARIO de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, Asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (HECHO 1).

5)   Tomás UTHURRIAGUE (Ex Titular de la Dirección de Informática de la DPPSV) en carácter de PARTÍCIPE NECESARIO de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, Asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (HECHO 1).

6)   Sebastián DESIO (Presidente de la empresa “SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA S.A.), en carácter de PARTÍCIPE NECESARIO del delito de cohecho pasivo (HECHO 2).

7)   Bernardino Antonio GARCÍA (Presidente de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina – CECAITRA AS-) en carácter de PARTÍCIPE NECESARIO del delito de EXACCIONES ILEGALES AGRAVADA (HECHO 3).

Los delitos que se imputan a los funcionarios mencionados serán merituados en concurso real, es decir que consisten en varios hechos que constituyen varios delitos, cuyas escalas penales son:

-   Asociación ilícita: 3 a 10 años de prisión, Art. 210 del Código Penal.
- Fraude en perjuicio de la Administración Pública: 2 a 6 años, Art. 174 inc. 5 del Código Penal.
- Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados: 2 a 6 años, Art. 268 del Código Penal.
- Exacciones ilegales agravadas: 2 a 6 años, Art. 268 del Código Penal.

Atento a las penas previstas, teniendo en cuenta el concurso real para las mismas, no serían excarcelables, lo que complica la situación procesal de los imputados, principalmente de la ex Presidente del Consejo Deliberante de Pilar, quien ya posee una condena previa por malversación de caudales públicos, al detectar la justicia la falta de depósitos provenientes de impuestos de sellos y radicación de automotores en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires por parte del Registro de la Propiedad Automotor N° 2 de San Miguel, de la que Pombo era titular.

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