Por qué la Junta Electoral dice que con las fechas actuales de presentación de candidatos y oficialización de boletas se pone en riesgo el comicio bonaerense. La puja política detrás, las razones de algunos espacios para no modificar el cronograma, las salidas que se proponen y las especulaciones en torno a otro capítulo de la interna oficialista que involucra también a la oposición.

Cronograma electoral en veremos: las fechas de la discordia

Es un tema de interés político y solamente político que resbala en el resto de la sociedad y que, por el bien de la política a veces disociada de las urgencias de un país en crisis, queda circunscripto a un microclima exclusivo. La resolución de los plazos para llevar adelante el cronograma electoral con desembocadura en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre se ha convertido en un inesperado capítulo del culebrón interno del peronismo bonaerense, que además involucra a espacios opositores y a la mismísima Justicia.

Resolver cuándo deben inscribirse las alianzas, cuándo cierran las listas de candidatos y cuándo es la presentación de las boletas es el episodio contínuo a la suspensión de las PASO, que quedarán postergadas con la sanción de Diputados este lunes. Aunque parezca insólito, el desacuerdo por las fechas ha sumado tensión entre los distintos poderes del Estado.

Como publicó en exclusiva La Tecla el viernes, la Junta Electoral bonaerense convocó a las autoridades de ambas Cámaras y a los presidentes de bloque del oficialismo y de la oposición a una reunión a desarrollarse mañana, a las 10.30, en el Salón de Verano de la Suprema Corte de Justicia. Allí, la presidenta del máximo tribunal y de la Junta, Hilda Kogan, reiterará lo que el órgano manifestó la semana pasada mediante una carta firmada por el secretario de la Junta, Jorge Demaría Massey, en la cual sostenía que para el organismo era imposible cumplir con las fechas vigentes. Fundamentará el pedido de cambio de los plazos estipuladas en la Ley Electoral 5.109 con documentación respaldatoria, comparativa con otras elecciones y dificultades derivadas de la separación de la elección provincial de la nacional.

El llamado se hizo el viernes con la firma de Kogan, pero no tuvo a priori la mejor recepción en la Legislatura, sobre todo en la Cámara de Diputados. Algunos legisladores expresaron malestar porque la convocatoria de la jueza llega después de una invitación de la Cámara baja para que tanto la Junta Electoral como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, participen de la reunión de la Comisión de Reforma Política, a realizarse el martes 29 a las 11 de la mañana.

“¿El lunes que hay sesión y después que nosotros los convocáramos para el martes? Es poco serio”, disparó un diputado a poco de enterarse del llamado de la Junta. Algunos ya avisaron que no van a concurrir y la reunión entró en una nebulosa. Otros, como el presidente del bloque Unión, Renovación y Fe, Gustavo Cuervo, ya confirmaron su presencia. “Consideramos que tenemos la responsabilidad política y civil de concurrir y participar activamente para poder dar certezas y eficiencia a las elecciones bonaerenses”, afirmó Cuervo.

De todos modos, se abre un interrogante sobre si habrá avances o no en las dependencias de la Corte y qué ocurrirá después si se produce un vacío por parte de varias bancadas. Sería llevar la tensión al extremo cuando lo que está en riesgo es el sagrado acto eleccionario.

Antes de entrar en por qué la Junta Electoral considera insuficientes los plazos actuales, vale recordar que en su proyecto de ley de suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) Axel Kicillof incluyó cambios al esquema establecidos por la Ley 5.109, pero en el Senado sólo se aprobó la suspensión de las primarias, quitando los tres artículos que modificaban los tiempos del cronograma. Así, sigue en vigencia la cronología de la norma electoral votada en 1946. Es decir, presentación de candidaturas 30 días antes del acto eleccionario y presentación de modelos de boleta 20 días antes de la elección.

En estas dos fechas puntuales radica la controversia. Mientras el proyecto del Gobernador hablaba de que la presentación de listas ante la Junta Electoral debía realizarse por lo menos 70 días antes del día de la votación y la presentación de boletas 50 días previos al comicio, la Junta Electoral propone una solución intermedia: 50 días para las candidaturas y 30 para la oficialización de las boletas, como se estilaba antes de la ley 14.086 de creación de las EPAOS. En este cronograma también estaría de acuerdo el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte y de la Junta Electoral

Detrás de la discusión hay especulaciones políticas divisorias de aguas tanto en el oficialismo como en la oposición. A la mayoría le conviene que el cierre de listas provincial esté lo más cerca posible del de diputados nacionales, categoría que competirá el 26 de octubre. Y para algunos también hay una conveniencia en pegarlo lo más posible a la elección. Para Kicillof hay cuestiones a resolver con mayor antelación al acto eleccionario. “Muchos quieren que la negociación por las listas sea una sola y para ello necesitan que las fechas estén lo más pegadas posible”, soltó un dirigente al tanto de lo que pasa tras bambalinas.

RAZONES DEL PEDIDO

Fuentes de la Junta Electoral contaron a La Tecla sobre informes que fundamentan por qué son “imposibles de cumplir” los plazos establecidos en la 5.109 (nunca aplicados antes por la simultaneidad de los comicios provinciales con los nacionales). “Hay laburos manuales que no se pueden reemplazar con un sistema ni con inteligencia artificial”, agregaron.

El conflicto principal está en los 10 días otorgados a la Junta por la ley vigente para revisar las candidaturas desde su presentación hasta la oficialización de las boletas, cuando siempre antes fueron 20 días. Si bien es cierto que el cruce de datos -mediante el sistema que tiene el Juzgado Federal y le prestaría a la Junta-, permite controlar las incompatibilidades o no de los candidatos casi al mismo tiempo de la carga de listas por parte de los apoderados, hay algunas cuestiones que deben resolver personal de la Junta y los apoderados de los partidos.

Se calcula que podrían ser más de 30 mil los nombres a revisar entre postulantes a legisladores, concejales y consejeros escolares, dependiendo de la cantidad de alianzas anotadas, e indefectiblemente siempre aparecen algunas incompatibilidades luego subsanadas. Una de las cuestiones más recurrentes es la constatación de domicilio de alguien que aparece como candidato en otro distrito del de su dirección postal, pero luego los apoderados demuestran (o no) que puede ser candidato a partir de distintas certificaciones sobre su permanencia en el municipio por más de dos años. Para graficarlo se recuerdan, incluso, los casos de Daniel Scioli y el propio Kicillof para ser candidatos a gobernador por la Provincia cuando estaban radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

Todo ese proceso se debe hacer manual. De este tipo de incidentes suele haber decenas y hasta cientos, y en el órgano electoral sopesan demasiado exiguo el tiempo de diez días para no cometer errores y poder revisar correctamente cada uno. Tras ese trabajo, la Junta Electoral debe oficializar las candidaturas e inmediatamente recibir el modelo de boleta por parte de los partidos y coaliciones participantes, para lo cual sí o sí estas agrupaciones necesitan la oficialización completa de sus candidatos.

Pero no es el único plazo en discusión. En el ente encargado del contralor (y ahora también de la organización del comicio) consideran muy corto el plazo de 20 días entre la presentación de boletas y el acto eleccionario para que los partidos impriman las papeletas, las trasladen hasta la Junta Electoral y esta arme los “bolsines” de cada urna, donde van las mencionadas boletas, las planillas de escrutinio, el padrón y el set de útiles que usan las autoridades, para después enviarlas a cada punto de votación (más de 40.000). En el órgano presidido por Kogan aducen hasta que podría haber inconvenientes para algunos partidos en tener en tiempo y forma la lista impresa, y aseveran que todo ese trabajo siempre ha llevado más de 20 días.

Además, el desdoblamiento agregó tareas extra. Uno de esos quehaceres es que, una vez recibidos los padrones de la Justicia Federal, la Junta deberá depurar el universo de chicos que cumplen 16 años entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre, quienes podrán sufragar por primera vez en la elección de diputados nacionales pero no lo podrán hacer previamente en la compulsa por legisladores provinciales y concejales.

Tanto en la Junta Electoral como en el Gobierno descuentan la asistencia del juzgado federal de Ramos Padilla, pero el convenio a firmarse para que ello suceda todavía no se ha cerrado. Quedan aún puntos a resolver acerca de las tareas que desarrollará cada uno y, sobre todo, cuánto personal aportará la Justicia Federal, porque en medio del proceso bonaerense transcurre el cronograma de la elección nacional.

Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral de la Provincia

Ramos Padilla nunca estuvo de acuerdo con el desdoblamiento y, aún contra la voluntad del kirchnerismo, empujó la idea de adherir a la Boleta Única de Papel y hacer elecciones simultáneas con Nación. En el Juzgado Federal 1 con competencia electoral circula la versión de que el juez considera demasiado pegadas las elecciones provinciales de las nacionales (49 días) como para llevar adelante ambos procesos en paralelo. Y está a un tris de conflictos gremiales. El juez espera instrucciones de la Cámara Nacional Electoral antes de rubricar el acuerdo para prestar colaboración en los comicios provinciales.

¿Cambiar la fecha de las elecciones para julio o agosto es factible? En la Gobernación descartan de plano que Kicillof saque un nuevo decreto para renunciar al 7 de septiembre y convocar a votar antes. De todos modos se deberá prestar atención a las advertencias devenidas de los responsables jurídicos de hacer la elección.

Además del convenio que debería firmarse, la Junta Electoral contrata personal extra en cada proceso eleccionario, y ese número aumentará este año. Los recursos pedidos por el organismo hasta ahora han sido suministrados por el Poder Ejecutivo y no ven allí un inconveniente a futuro, pese a lo ajustadas que están las finanzas provinciales. Además, deberá equiparar salarios con los de la Justicia Federal. “No podés tener dos personas que por el mismo trabajo cobren distinto, tenemos un problema ahí”, reconocieron en las oficinas de la Junta que funcionan en el primer piso de la Cámara de Senadores.

POSTURAS, SOSPECHAS Y ESPECULACIONES

Si se concreta, en la reunión de este lunes la presidenta de la Corte buscará convencer a los legisladores de la necesidad de un cambio en los plazos, y propondrá una salida intermedia entre lo establecido en la ley y lo pretendido por el Gobernador, en un esquema idéntico o parecido al plasmado en las cartas enviadas previamente a la Legislatura. A la reunión no fue convocado el ministro de Gobierno, la explicación es que “el Ejecutivo ya tiene conciencia de que los plazos no dan (se aduce que mandó el proyecto tratando de modificarlos), ahora quienes deben tomar conciencia son los legisladores”.

En el oficialismo parlamentario hay quienes ya recogieron el guante y por lo bajo aseguran que los plazos propuestos por la Junta Electoral “son razonables”. Pero todavía quedan espacios por convencer, tanto dentro de Unión por la Patria como en la oposición. Desde La Cámpora dejaron trascender que si el problemas es la falta de dinero o personal se destinen más recursos, pero no consideran necesario mover el esquema establecido en la ley 5.109. Una voz del radicalismo fue un poco más allá y chicaneó: “Kicillof decía que no podía hacer la elección concurrente y ahora resulta que tampoco puede hacerla desdoblada”.

Comisión de Reforma Política de Diputados, presidida por el radical Emiliano Balbín

En el fondo sigue siendo una cuestión política enmarañada por la interna peronista y por el enojo de tras fuerzas políticas, que se sienten marginadas de las decisiones y empujadas a tratar en la Legislatura temas que llegan al Parlamento sin un consenso previo.

Ese acuerdo, quizá tarde y muy sobre la hora, es el buscado por la Justicia con la convocatoria de mañana, aunque la actuación de la Junta Electoral tampoco queda exceptuada de la disputa interna del peronismo. “A la Junta la controla Kicillof y los hace accionar para que cambiemos las fechas”, es una frase reiterada en distintos despachos del palacio legislativo. Las miradas apuntan a tres miembros del organismo.

Hay quienes ven la influencia del intendente de La Plata, Julio Alak, a través de la vicepresidenta de la Junta, Ana María Bourimborde. Nadie desconoce la relación estrecha de Kicillof con el vocal Federico Thea, exsecretario general de la Gobernación. Con cierta malicia y especulación, hay quienes advierten sobre la sintonía del Gobierno bonaerense con Federico Storani y un sector del radicalismo, vinculado a Kogan, que además pretende llevar a Miguel Berri a una de las sillas vacantes del máximo tribunal. Especulaciones y sospechas, exacerbadas por el contexto político.

Otro punto de choque es quién presenta el proyecto para cambiar la normativa. “Siempre un proyecto del Gobernador ordena”, argumentan en el Parlamento, y ponen de ejemplo lo acontecido con la suspensión de las EPAOS, cuyo avance se produjo cuando apareció la propuesta del Ejecutivo pese a que había varias iniciativas en el mismo sentido presentadas por legisladores de distintas bancadas. Por ello sostienen que, una vez consensuado, el cambio sea plasmado en una propuesta de ley firmada por Kicillof. Desde el sector interesado en la modificación de fechas empujan directamente un proyecto de los legisladores, “para avanzar más rápido”. Es una de las razones de la convocatoria de Kogan.

Comienza una semana corta, pero de intensa actividad política. Dependerá de los actores cerrar este nuevo capítulo o estirarlo unos días más. Lo seguro es que, aunque se llegue a un acuerdo por los plazos del cronograma electoral, la novela está lejos de terminar y tendrá otros episodios donde todo parecerá estallar por los aires. Tampoco se puede garantizar que el culebrón concluya con el cierre de listas o incluso con la mismísima elección.

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