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Miércoles, 6 agosto 2025
Argentina
6 de agosto de 2025
EN DETALLE

¿Justicia y política asunto separado?: la relación entre la Corte Suprema de PBA y el poder local

Un informe de Ruido y CONNECTAS indagó sobre los parentescos, negocios y afinidades políticas en las 24 cortes provinciales del país. Situación en la provincia de Buenos Aires y relación con la política. 

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De los 138 magistrados que ocupan los máximos tribunales, 88 registran algún nexo político y/o laboral previo con funcionarios y/o gobiernos locales antes de ocupar esos cargos. Además, 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político bajo el cual trabajaron. Parentescos, negocios y afinidades políticas: quiénes ocupan los máximos tribunales en los 24 distritos de Argentina.

De acuerdo al informe de Ruido y CONNECTAS, en las provincias argentinas no suena raro que una jueza de la Corte Suprema sea la sobrina del gobernador. O que ese cargo sea ocupado por un ex ministro del mismo mandatario que lo propuso para integrar el máximo tribunal local. O que otro juez llegue al tribunal superior sin haber pasado por la carrera jurídica, sólo por haber sido abogado personal de un gobernador, o diputado por el partido oficialista. 

¿Justicia y política asunto separado?: la relación entre la Corte Suprema de PBA y el poder local
En la última sesión del Senado se aprobaron 93 pliegos para cubrir vacantes en diversos departamentos judiciales de la provincia.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación particular, es un órgano de tres integrantes desde el 1º de junio de 2024. Esto se debe a que la renuncia de Luis Esteban Genoud para acogerse a la jubilación dejó a la Corte provincial con solo tres integrantes sobre su composición de siete: Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria. Para emitir fallos, el tribunal necesita un quórum de cuatro integrantes, por lo que debe convocar al presidente del Tribunal de Casación Penal (cargo que actualmente ejerce Florencia Budiño).

En cuanto al Senado y los pliegos aprobados para cubrir vacantes en el Poder Judicial provincial, su última reunión ordinaria tuvo lugar el 24 de junio y más de 90 tuvieron el visto bueno. Allí se aprobaron 93 pliegos para cubrir vacantes en diversos departamentos judiciales de la provincia, entre camaristas, jueces y fiscales que se desempeñarán en dependencias judiciales de Pergamino, La Plata, San Nicolás, Mercedes, Zárate-Campana, Morón, Moreno-General Rodríguez, Lomas de Zamora, Dolores, Azul, San Martín, Merlo, Quilmes, San Isidro, Tandil, Escobar, Berazategui, Saladillo, Mar del Tuyú, Necochea, La Madrid y Campana.

Respecto al signo político de Gobierno bajo el cual fue nombrado como vocal de la Corte, Kogan y Soria fueron nombrados bajo gobiernos peronistas (ambos 2002) y Torres por el PRO (2019). 

Por otro lado, Soria es el único que fue funcionario de un gobierno o Legislatura o tuvo un cargo partidario o algún vínculo laboral con funcionarios de algún gobierno. El magistrado, previo a ser integrante de la Suprema Corte, fue secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de La Plata desde 1991 hasta 1997.

Sin embargo, la Corte bonaerense presenta menor porcentaje de vínculos políticos. Mientras que La Rioja, San Juan y San Luis ocupan los primeros lugares, la provincia de Buenos Aires se encuentra preantepenúltima con 33%.

¿En el nombre de la Justicia o del poder?

“Es fundamental que volvamos a repensar los procesos de selección de las Cortes Supremas, y eso incluye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En muchos casos son procesos políticos en los que interviene el Poder Ejecutivo y luego una aprobación del Legislativo, con escasas o nulas instancias de participación ciudadana y/o de transparencia en el proceso”, afirma Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia”).

Y finaliza: “Una república sin jueces independientes es apenas un ornamento constitucional. Un formalismo institucional que permite que todo ocurra ‘conforme a la ley’, incluso aquello que viola el propio orden constitucional. En esas democracias de papel, el derecho ya no protege al ciudadano, sino que lo disciplina, ya que no hay jueces que hablen en nombre de la justicia, sino que lo hacen en nombre del poder”.
 

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