20 de noviembre de 2025
NUEVAS RESTRICCIONES
Máxima tensión: alertan posible fin de la domiciliaria
El tribunal fijó nuevas reglas y avisó que cualquier incumplimiento podría enviar a la exmandataria a un penal común.
La Justicia argentina, a través del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Gustavo Giménez Uriburu, resolvió endurecer el régimen de visitas de Cristina Fernández de Kirchner durante su prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión, tomada por unanimidad, respondió a la reunión que la expresidenta mantuvo el 17 de noviembre de 2025 con nueve economistas en el Día del Militante, ocasión en la que se presentó un documento técnico de más de 400 páginas sobre propuestas económicas.
Si bien cada uno de los visitantes estaba autorizado en una nómina aprobada días antes, el tribunal consideró que no se había solicitado permiso para el ingreso simultáneo del grupo, lo que excedió los términos habilitados para la prisión domiciliaria y, a criterio de los jueces, desvirtuó su carácter punitivo. También se criticó la difusión pública que Cristina Kirchner hizo del encuentro en su cuenta de X, donde lo describió como una recepción representativa de decenas de profesionales, algo que el tribunal interpretó como una falta de prudencia frente a las restricciones vigentes.
El nuevo régimen de visitas fijado por el TOF 2 establece un máximo de dos encuentros por semana, cada uno de hasta dos horas, y un límite de tres personas para visitas que no pertenezcan al círculo familiar. Además, toda visita ajena al entorno cercano —entre ellas amigos, asesores o invitados especiales— deberá contar con una autorización previa, individual y debidamente justificada. Las solicitudes deberán ser enviadas a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, encargada de informar al tribunal para garantizar un seguimiento adecuado de los ingresos.
El objetivo central de estas restricciones es evitar que se repitan episodios como el encuentro con los economistas, en el que se tramitaron permisos individuales pero no se notificó el ingreso colectivo, impidiendo que la Justicia pudiera controlar la situación antes de que ocurriera. Como parte del paquete de medidas, se estableció también una supervisión trimestral del cumplimiento de la pena y de las reglas impuestas, manteniéndose la autorización general únicamente para familiares cercanos, médicos, abogados y personal de custodia.
En la resolución, los jueces incluyeron una advertencia explícita: ante cualquier nuevo incumplimiento que comprometa las reglas vigentes, podrán aplicarse medidas adicionales de inmediato, incluida la posibilidad de revocar la prisión domiciliaria y ordenar el traslado de Cristina Kirchner a un establecimiento penitenciario común, conforme a lo previsto por la ley 24.660.
Estas medidas se enmarcan en la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, confirmada en 2025, por la cual se le concedió el beneficio del arresto domiciliario con tobillera electrónica. Entre las condiciones iniciales impuestas se encontraba la obligación de no generar alteraciones en el entorno barrial y de informar cualquier ingreso no autorizado al domicilio. Según fuentes judiciales, a partir del episodio reciente se le enviará un “percibimiento por incumplimiento”.