La medida había sido dispuesta por el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, en relación con la cuenca del Río de la Plata. Alcanzó a casi 160 mil millones de pesos. Resuelve la Cámara Federal de Apelaciones.

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La provincia de Buenos Aires apeló el multimillonario embargo de $157.164.287.201,64 dispuesto por el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, que busca obligar al gobierno bonaerense a iniciar obras de saneamiento para frenar la grave contaminación hídrica en la cuenca del Río de la Plata.

El recurso será ahora resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Mientras tanto, el embargo —que inmoviliza los fondos en una cuenta de la Tesorería General hasta que se acredite el comienzo efectivo de las obras— mantiene su vigencia con efecto devolutivo.

Como informó La Tecla.info, la causa, iniciada en 2020 por vecinos damnificados, denuncia el vertido sistemático de efluentes cloacales e industriales sin tratamiento adecuado en el arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata, que afecta a miles de habitantes de La Plata, Berisso y Ensenada.

Peritajes judiciales, entre ellos de la Universidad Nacional de La Plata, describen la situación como de contaminación “aberrante”, convirtiendo el sistema hídrico en un “sumidero de desechos cloacales e industriales”. El juez Recondo había advertido desde 2022 sobre la gravedad del problema y la inacción provincial durante más de dos décadas.

En el escrito de apelación, firmado por el abogado Juan Pedro Mendy, la Fiscalía de Estado calificó la medida como de “gravedad institucional inusitada” y un “avasallamiento a la autonomía provincial”.

“El Poder Judicial se arrogó competencias que le resultan ajenas y desoyó lo que las esferas competentes resolvieron mediante la sanción de la Ley de Presupuesto”, sostiene el documento.

La Provincia argumenta que la inmovilización de miles de millones de pesos “provoca la virtual paralización de las actividades” bonaerenses y genera un “riesgo serio y concreto” de incumplir con servicios públicos esenciales e impostergables.

Además, la apelación cuestiona que la resolución judicial no supere el “test de razonabilidad”, ya que —según sostiene— encubre bajo una apariencia cautelar “una sanción económica de magnitud extraordinaria”.

“No se podrán trabar embargos preventivos que afecten la disponibilidad de fondos destinados a la prestación de servicios públicos”, enfatiza. Paradójicamente, la Fiscalía cita al propio juez Recondo, quien en su fallo reconoció que la gravedad del daño ambiental lo obligaba a “introducirme en el terreno propio de decisiones que debieran ser adoptadas por los órganos ejecutivos”.

El gobierno de Axel Kicillof sostiene que la medida judicial excede el interés de las partes y afecta directamente al de toda la comunidad, al interferir en la asignación de recursos consensuada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo provincial.

Ahora, la Cámara Federal deberá definir si confirma, modifica o revoca el embargo, en un caso que pone en tensión la división de poderes y la urgencia ambiental en una de las cuencas más afectadas del país.

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