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16 de agosto de 2026

EN DESTRUCCIÓN

Las obras sociales atraviesan una crisis profunda y el conurbano sufrió la peor caída

Más de un millón de argentinos perdieron la cobertura de salud desde la asunción de Milei. La debacle impacta en los hospitales públicos y presiona sobre las arcas de los municipios. El Gran Buenos Aires es la zona del país donde más aumentó la desprotección.

Las obras sociales atraviesan una crisis profunda y el conurbano sufrió la peor caída

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La crisis económica lo sacude todo, y en particular, al universo de las obras sociales, que atraviesan un período de endeblez debido a la continua pérdida de afiliados al ritmo de la contracción del empleo y el crecimiento de la informalidad.

Un informe reciente del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a datos oficiales, reveló que las obras sociales nacionales perdieron, en conjunto, más de un millón de afiliados desde que Javier Milei asumió la presidencia, y que 1,2 millones de personas no tienen ningún tipo de cobertura de salud, y por lo tanto dependen del sistema público exclusivamente.

En efecto, las cifras de la Superintendencia de Salud muestran que, desde noviembre de 2023 hasta mayo de este año, la cantidad de afiliados a las obras sociales nacionales se redujo en 1.028.412 beneficiarios, con la de los empleados de comercio exhibiendo la caída más pronunciada.

Además de la OSECAC, las obras sociales que tuvieron mayores porcentajes de caída de afiliados son la de los trabajadores rurales (OSPRERA), la del gremio estatal UPCN (OSPCN), la de la construcción (OSPECON) y la de los petroleros (OSPE).

La debacle es generalizada, y afecta a todo el país. Si bien el noreste argentino es la región con mayor porcentaje de personas sin obra social (46,3%), la degradación de los últimos años afectó especialmente al conurbano bonaerense.

En efecto, el Gran Buenos Aires es, por lejos, la región en la que se registró la mayor caída en la cobertura de salud a través de obras sociales y prepagas desde que Milei es presidente. La cantidad de personas que sólo pueden recurrir al sistema público aumentó un 18,49% en lo que va del gobierno libertario.

El Gran Buenos Aires es, por una gran diferencia, la zona en la que más aumentó la desprotección con la pérdida de la obra social

“Esto impacta con mucha fuerza en el conurbano bonaerense porque hay una densidad de población muy fuerte y es donde se pierden muchos empleos”, explicó Hernán Herrera, coordinador del área de Economía del IAG.

Hernán Herrera

El informe también da cuenta de que un millón y cuarto de personas se quedaron sin cobertura de salud privada durante el gobierno mileísta, contando obras sociales y prepagas.

Este año, el gobierno declaró “en situación de crisis” a varias obras sociales, que se sumaron a las que habían caído en esa categoría el año anterior.

Entre las que habían sido declaradas en crisis el año pasado y lograron este año revertir su situación se encuentra la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF).

Lionel Scaloni

Causas y consecuencias
La crisis laboral, el punto cero de la caída

En la raíz de la crisis de las obras sociales hay otra crisis más profunda: la del empleo.

El mecanismo vicioso es simple: al perderse puestos de trabajo en el sector formal, se estrecha la cantidad de afiliados, porque quienes pierden su trabajo pierden al mismo tiempo la cobertura de salud.

Aun si el empleado logra conseguir otro trabajo, incluso en forma inmediata, no tendrá cobertura a menos que ese otro trabajo también sea formal, es decir, registrado o “en blanco”.

De esta manera, el proceso de “informalización” del mercado de trabajo, con el empleo informal reemplazando al registrado, repercute en el sistema de obras sociales, debilitándolas.

El trabajo informal gana terreno

De hecho, la única que sumó afiliados en este período en forma significativa es la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM), justamente porque el pasaje al trabajo “en negro”, facturando como monotributistas, es la vía recorrida por muchos y lo que atemperó en estos años los números de desempleo.

Este viernes, la Secretaría de Trabajo dio a conocer los últimos datos sobre empleo, que revelan que el trabajo registrado en el sector privado cayó en mayo por tercer mes consecutivo, aunque menos que en meses anteriores, justamente por “el crecimiento del trabajo monotributista y del sector de casas particulares”, según el informe oficial.

Ese mes, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo formal privado se contrajo un 0,1%, mientras que el trabajo monotributista creció un 0,1%.

El IAG contabiliza, en base a cifras del SIPA y el INDEC, una caída de 329.600 puestos de trabajo entre el sector público y el privado y, a la vez, un crecimiento del monotributo, que no compensa esa caída.

La reducción de puestos de trabajo registrados implica la pérdida de la cobertura mediante obras sociales

“El monotributo crece de manera sostenida desde 2012, con más fuerza desde 2020. Sin embargo, desde el cambio de gestión, su aumento no es suficiente para contrarrestar la caída del empleo registrado”, observa el Instituto.

“La actividad crece, pero destruye trabajo en relación de dependencia”, enfatiza la organización. “El monotributo crece pero no absorbe lo que se destruye en el sector formal”.

“Esfuerzo permanente”
El impacto en los municipios

La debacle de las obras sociales impacta directamente sobre el sistema público de salud, ya que, al perder la cobertura, los exbeneficiarios deben ir al hospital o la “salita” del barrio cada vez que se enferman o necesitan atención.

En particular, esto presiona sobre las arcas de los municipios, que muchas veces tienen sus propios hospitales.

“Lo que estamos viendo es que cada vez más vecinos tienen dificultades para acceder a una atención de salud a través de su obra social o prepaga, y eso inevitablemente termina generando una mayor demanda sobre el sistema público”, explicó a La Tecla el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi.

“Esto se refleja claramente en nuestros centros de atención primaria de la salud (CAPS). Durante el primer semestre de 2026 registramos más de 69.000 consultas y tenemos empadronadas más de 47.000 personas. El 56% de quienes utilizan nuestros centros de salud cuenta exclusivamente con cobertura pública. Además, otorgamos más de 71.000 turnos en los primeros seis meses del año, con un promedio de espera de cinco días”, precisó el alcalde.

Fabián Cagliardi

Pero hasta quienes no perdieron su obra social muchas veces no cuentan con la cobertura que necesitan, ya que la crisis hace que esta cobertura se resienta y se achique, y se implementen sistemas con pagos adicionales para determinados servicios.

“En el hospital Larraín, durante el primer semestre de 2026, las consultas ambulatorias aumentaron un 20% y las atenciones por guardia un 10% respecto del mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, creció un 10% la cantidad de pacientes mutualizados. Esto indica que incluso personas que todavía tienen una obra social están recurriendo al sistema público porque no pueden afrontar los aranceles diferenciados del sector privado”, remarcó Cagliardi.

“Esto genera una presión muy importante sobre los municipios y sobre todo el sistema público de salud. Nosotros hacemos un esfuerzo permanente para sostener la atención, incorporar profesionales y garantizar que nuestros vecinos tengan una respuesta, pero no podemos naturalizar que cada vez más personas tengan que recurrir al Estado porque el sistema de cobertura que tenían dejó de darles una respuesta”, enfatizó el jefe comunal. “La salud es un derecho y el Estado tiene que estar presente”.

Para el intendente, lo que hace falta es “fortalecer el sistema público y, al mismo tiempo, recuperar un sistema de obras sociales que pueda garantizar una atención digna y accesible para los trabajadores y sus familias”.

“No podemos permitir que la pérdida de derechos termine convirtiéndose en más desigualdad y en una sobrecarga cada vez mayor para los hospitales y centros de salud públicos”, resaltó.

La motosierra en acción
Una consecuencia del ajuste libertario

“Esto tiene mucho que ver con el modelo de ajuste que propone el gobierno nacional, en el que se pierden empleos registrados privados y públicos”, apuntó Herrera en diálogo con La Tecla. “También está el tema de los aumentos en las prepagas, que fue muy superior al de la inflación y, por supuesto, al de los salarios. Es parte del modelo. Es un modelo que tiene, sí, sus ganadores. Pero acá estamos hablando de los perdedores. Es la lógica del gobierno nacional”.

El analista apuntó que el impacto de la crisis de las obras sociales “no es sólo sobre el sistema público de salud, sino sobre la calidad de vida de las personas”.

“El modelo es éste y no vemos que en 2027 haya la posibilidad de un puntito del PBI para la gente. Podría bajar un poco la inflación, pero no habrá mejor calidad de vida”, dijo Herrera, pesimista. “Imagino que el gobierno va a tener que sostener de algún modo el sistema de salud, pero su política es la que produce esto. En contraposición, las provincias están muy a la defensiva y hacen cosas para mantener la inversión en el área, pero la Nación no transfiere las partidas necesarias, de modo que es muy difícil”.

El peso de la deuda
Municipios y Provincia pujando por cobrar

Los municipios, además, enfrentan otro problema: las obras sociales se atrasan en el pago de los servicios que cubren y eso redunda en una deuda creciente con los hospitales. Por eso, en algunos distritos los intendentes fueron a la ofensiva para que se regularicen los pagos, dado que sus propios presupuestos ya están comprometidos por la situación económica.

En Tandil, por ejemplo, el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) les viene reclamando a diversas obras sociales el pago de un total de 2924 millones de pesos en deudas acumuladas. La que más comprometida está es la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), que justamente se encuentra entre las que más afiliados perdieron durante el mileiato.

Miguel Lunghi, intendente de Tandil

La Provincia de Buenos Aires también reclama que las obras sociales cancelen sus deudas con el sistema de salud público, que ascienden, según el cálculo del gobierno de Axel Kicillof, a más de 150.000 millones de pesos.

Por eso, la Provincia le dio arranque, en los últimos días, a un esquema de regularización por prestaciones del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), con la idea de facilitar el pago de esos compromisos.

También esto es efecto del ajuste de Milei, argumentan desde el gobierno bonaerense, ya que la deuda empezó a acumularse cuando la Nación dio de baja el régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), que complicó el cobro a las obras sociales.

¿Y las públicas?
IOMA y IOSFA, dos gigantes en la cuerda floja

A todo esto, las obras sociales estatales tampoco pasan por su mejor momento. Tanto la Provincia de Buenos Aires como la Nación tienen sus propios gigantes que se tambalean.

En el caso de la Provincia, se trata del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), cuya crisis es ya de larga data y es constantemente señalada por la oposición política. En la Legislatura presionaron para la interpelación de su titular, Homero Giles, por las falencias en las prestaciones. También se presentaron pedidos para declarar la emergencia del Instituto.

IOMA

En el caso del Estado nacional, la crisis afecta al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que está en proceso de disolución por decisión del gobierno de Milei, pero que arrastra una cuantiosa deuda de la que ahora deberá hacerse cargo el Tesoro.

ATE viene advirtiendo sobre la crisis en IOSFA

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) vienen denunciando el “ajuste en salud” del cual sería parte el recorte en el IOSFA, no sólo por las fallas en las prestaciones, sino también porque la disolución pone un signo de interrogación sobre lo que pasará con sus casi 350.000 afiliados.

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