El legislador opositor, Andrés de Leo, dialogó con Desconfiados y aseguró que la provincia atraviesa una situación “gravísima” y advirtió sobre pérdidas económicas y un colapso administrativo.

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La crisis en la Dirección Provincial de Catastro Territorial sumó un nuevo capítulo político luego de que el diputado provincial Andrés De Leo presentara un pedido de informes para exigir explicaciones al gobierno bonaerense por la parálisis que afecta al organismo desde febrero. El área, dependiente de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, permanece prácticamente frenada por una retención de tareas impulsada por trabajadores nucleados en ATE, situación que mantiene bloqueados trámites esenciales vinculados a escrituras, sucesiones y operaciones inmobiliarias.

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En diálogo con Desconfiados, De Leo aseguró que el problema “venía invisibilizado” y cuestionó la falta de reacción del Ejecutivo provincial. “Llevamos más de 45 días de un parate casi total y una demora que venía desde febrero, lo cual es un desastre”, sostuvo. Según explicó, la información comenzó a surgir a través de colegios profesionales que intentaban encauzar una solución mientras miles de expedientes quedaban paralizados.

El legislador opositor apuntó directamente contra la gestión de Axel Kicillof y cuestionó las prioridades del Gobierno provincial. “Es increíble que la Provincia no esté abocada a solucionar este problema mientras vemos al gobernador en una campaña cuasi presidencial cuando su obligación principal es gobernar para los 17 millones de bonaerenses”, disparó.

La situación afecta de manera directa a ingenieros, agrimensores, escribanos y contribuyentes que no pueden avanzar con trámites indispensables. Estados parcelarios frenados, mensuras demoradas y escrituras suspendidas conforman un escenario que ya impacta sobre el mercado inmobiliario bonaerense y sobre la recaudación provincial. “No se puede escriturar en la provincia de Buenos Aires hace más de 40 días un solo inmueble. Es increíble, es gravísimo”, denunció De Leo.

El diputado también remarcó las consecuencias económicas y jurídicas que genera el conflicto. “Pensemos en una operación inmobiliaria que está parada hace 45 días o en una sucesión que necesita resolverse. Verdaderamente es una catástrofe”, afirmó. Además, sostuvo que el gobierno “jugó con el tiempo y la paciencia de la gente” y todavía no dio precisiones concretas sobre cuándo se normalizará el funcionamiento del organismo.

En otro tramo de la entrevista, De Leo deslizó sospechas sobre posibles internas dentro del oficialismo bonaerense. “Uno olfatea que puede haber alguna otra razón vinculada probablemente a una disputa interna del oficialismo”, planteó, aunque aclaró que no tenía pruebas concretas. Para el legislador, resulta “muy difícil de explicar” que una repartición pública permanezca prácticamente paralizada cuando los reclamos salariales atraviesan a toda la administración provincial.

Las críticas también alcanzaron al titular de ARBA, Cristian Girard, señalado por distintos sectores profesionales por la falta de respuestas. Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires emitieron un duro comunicado en el que afirmaron: “Resulta paradójico que un organismo diseñado para la eficiencia recaudatoria sea hoy el principal obstáculo para la circulación de capitales en la provincia”. Además, reclamaron una intervención urgente de la Gobernación para destrabar el conflicto.

Mientras tanto, desde ARBA señalaron que las medidas de fuerza fueron suspendidas de manera momentánea tras la conformación de una mesa técnica con el Ministerio de Economía bonaerense. Según indicaron fuentes del organismo, se trabaja en una reorganización interna para atender el atraso acumulado. Sin embargo, la normalización todavía no llegó y el conflicto continúa generando preocupación en sectores profesionales, inmobiliarios y administrativos de toda la provincia.

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