El IOMA, un dolor de cabeza sin solución para los intendentes
Jefes comunales del peronismo, el radicalismo, LLA y el PRO elaboraron su agenda de las principales demandas al Gobierno provincial. Las necesidades que sobresalen y los problemas que se repiten
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La provincia de Buenos Aires es el territorio más castigado por la crisis económica que atraviesa el país, por lo que golpea duro a los 135 municipios. Es que a la política de ajuste que implementa Javier Milei también se le suman los recortes que hace Axel Kicillof en diferentes sectores de la administración.
La decisión deliberada del gobierno nacional de quitar fondos al territorio bonaerense tiene como correlato en el Ejecutivo provincial un reordenamiento de partidas presupuestarias. En ese esquema es que los recursos provinciales son más finitos y el Gobernador opta por ajustar en programas sociales, obras, salud, seguridad y educación. Tal situación es explicada por los intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, en función de lo que viven en carne propia en sus distritos.
Entre los intendentes, tanto oficialistas como opositores -aunque éstos últimos prefieran hacer mutis por el foro- existe una marcada coincidencia en que la situación del IOMA es una verdadera espada de Damocles para las tesorerías municipales.
Por un lado, la obra social que preside Homero Giles mantiene una deuda sideral con las comunas, atrasos que complican la ya deteriorada situación financiera de las mismas, realizando pequeños e insuficientes pagos parciales cada determinado tiempo.
Tal vez el de los intendentes de la UCR, nucleados en el Foro de jefes comunales del radicalismo, sea hasta el momento el reclamo más fuerte para que la Provincia se ponga al día con estos atrasos, un pedido que desean reiterar al gobernador Axel Kicillof, a quien han pedido, una vez más, la posibilidad de verse las caras.
Sin embargo, no solamente la demora en enviar fondos es una situación compleja, sino también la falta de actualización de los montos que paga el IOMA por prácticas, medicamentos o internaciones, que quedan, inicialmente, a cargo de los hospitales municipales.
Esto impacta, además, en la atención de los afiliados, ya que los profesionales cortan, de manera reiterada, la atención por falta de atención a sus reclamos. La situación genera indignación entre los usuarios y decenas de pedidos de informes en la Legislatura, incluso pedidos de interpelación al propio Giles.
