La Justicia vuelve a ponerle un freno a la privatización de AySA
La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó una medida cautelar que impide modificar o reducir las obligaciones de AySA sobre agua potable, salud pública y ambiente. La causa pasará ahora a la Justicia federal, mientras el Gobierno nacional mantiene en marcha el proceso para vender el 90% de la empresa.
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La privatización de AySA sumó un nuevo obstáculo judicial. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la medida cautelar que impide a la empresa modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones vinculadas con la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales.
La resolución se da en medio del proceso impulsado por el Gobierno de Javier Milei para avanzar con la venta de la compañía, pero no implica la caída definitiva de la privatización. El tribunal bonaerense confirmó las restricciones sobre las condiciones de prestación del servicio y, al mismo tiempo, determinó que la discusión de fondo deberá continuar en la Justicia federal.
El expediente se inició a partir de una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión de AySA y advirtió sobre un posible retroceso en los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios.
La medida alcanza a los 26 municipios bonaerenses y de la región metropolitana donde AySA presta el servicio. La Justicia entendió que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, la empresa no puede avanzar con modificaciones que impliquen una disminución de las garantías actuales vinculadas al acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la prestación adecuada del servicio.
La decisión judicial llega cuando el Gobierno nacional atraviesa una etapa central del proceso de privatización. AySA fue incluida por la Ley Bases entre las empresas sujetas a privatización y, posteriormente, el Ejecutivo autorizó la venta de las acciones estatales.
El Estado nacional posee actualmente el 90% del capital social de AySA y el esquema diseñado por el Gobierno contempla la transferencia de ese paquete accionario. La normativa estableció una licitación pública nacional e internacional para vender al menos el 51% a un operador estratégico, mientras que el remanente podría colocarse posteriormente en bolsas y mercados.
En mayo de este año, además, se perfeccionó el nuevo contrato de concesión entre el Estado nacional y AySA, una pieza central dentro de la transformación del esquema de prestación del servicio. La Resolución 704/2026 avanzó luego con las condiciones para concretar la privatización.
El cronograma del Gobierno contempla la apertura de las ofertas el 15 de septiembre. La administración nacional espera obtener alrededor de US$450 millones por la operación, de acuerdo con lo informado sobre el proceso.
