La Tecla
Todos los derechos reservados
El lunes, el intendente Julio Alak envió al Concejo Deliberante el proyecto para anular la Licitación Pública N° 42/2025 y derogar la Ordenanza 12.690. El martes, la Comisión de Transporte (presidida por la libertaria Florencia Barcia) lo despachó por unanimidad. El jueves, si no hay sorpresas, el recinto lo votará sobre tablas. Recién entonces el Municipio podrá armar un pliego nuevo, con un plazo de hasta 60 días. Es decir, a fines de octubre, si todo sale según el cronograma oficial.
El derrotero es elocuente. El pliego se aprobó en noviembre de 2025. Las ofertas se abrieron el 21 de enero. En febrero llegó la preadjudicación: zona Oeste para Nueve de Julio SAT; Sur para la UTE de Unión Platense y Fuerte Barragán; Este para Expreso La Plata Buenos Aires; Norte y el recorrido universitario para Unión Platense. El expediente con esa preadjudicación llegó al Concejo a fines de marzo. Faltaba el último paso, la luz verde de los ediles y la firma de los contratos. Ahí se detuvo todo. Cinco meses de stand by, recortes de frecuencias, pedidos de informes y un conflicto de subsidios que el Ejecutivo ahora usa como argumento central para no adjudicar.
La explicación oficial es que cambió “la ecuación económica”. Nación recortó compensaciones al transporte, la Provincia y los pasajeros absorbieron más costos, subió el gasoil, se modificaron reglas tarifarias y aparecieron incentivos fiscales para unidades eléctricas y a GNC.
El secretario de Planeamiento, Jorge Jurado, dijo en la comisión que el pliego de 2025 ya no refleja la realidad. También admitió lo que el Municipio evitó subrayar cuando el proceso estaba en marcha, la concurrencia de empresas fue “muy limitada” y varias zonas quedaron, en los hechos, sin competencia efectiva.
Por otro lado, y no menor, el dato mata al relato. En abril, en medio del choque por el gasoil, las frecuencias cayeron cerca del 25 por ciento y se estimaron unas 21 mil validaciones menos en una semana: unos 10 mil usuarios afectados. Las concesiones originales vencieron a fines de 2025 (diez años de contrato, dos de prórroga y un año extra por la Ley Orgánica) y el servicio se sostiene con un régimen transitorio. El Municipio dice que controló, labró actuaciones y promovió sanciones. La oposición, sobre todo el bloque libertario, pide ver qué se normalizó y qué se sancionó de verdad. Mientras tanto, el boleto sigue subiendo: un 5 por ciento en la última actualización y un gasto mensual que, para quien viaja todos los días, ronda los 100 mil pesos.
Tampoco está claro qué quedará de las ampliaciones de recorridos que el pliego anterior prometía. Jurado y la directora de Transporte, Belén Mirallas, anticiparon que hay que recalcular kilómetros, costos y quién financia esas expansiones. En la línea Este y Oeste el impacto sería menor; en la Sur aparece el problema de la infraestructura vial; en la Norte, la superposición con líneas provinciales. Pasando en limpio, lo que se vendió como un sistema nuevo y más amplio vuelve a la planilla de cálculo. El pasajero, otra vez sigue esperando micros que colapsan en las horas pico.
Sin embargo, vale la aclaración que la anulación no implica que La Plata se quede sin micros. El servicio actual sigue, pero el Municipio cierra un proceso que él mismo diseñó, preadjudicó y dejó dormir meses, para empezar de nuevo con las mismas empresas en carrera, las mismas quejas de frecuencia y un Concejo que ahora firma en bloque lo que el Ejecutivo no resolvió a tiempo. El “interés público” que invoca Alak llega tarde para quien ya perdió el bondi, pagó el aumento y no tiene fecha cierta de un sistema que deje de funcionar a los tumbos.